En las próximas semanas se deberá renovar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un órgano que depende de la Cámara de Diputados pero que, sin tener autonomía constitucional, sí tiene autonomía técnica y de gestión y cuya labor principal es vigilar el ejercicio presupuesto federal, a través de la revisión a detalle de la Cuenta Pública que entregan todas las dependencias al Congreso.
La ASF es un pilar de la rendición de cuentas, contribuye al control democrático del gasto y funciona como disuasor de actos de corrupción. Pero, ¿en realidad funciona? ¿Los recursos federales se ejercen conforme a la normatividad correspondiente? ¿Han disminuido los niveles de corrupción en el país?
A partir de la revisión de los Informes Generales de Auditoría, al menos desde 2016, es posible ubicar la existencia de riesgos, debilidades y problemas estructurales. La evidencia muestra una brecha significativa entre la identificación de sectores estratégicos y la proporción del presupuesto efectivamente auditado, así como omisiones relevantes en ámbitos de alta complejidad y riesgo, lo que plantea cuestionamientos sobre la capacidad real de la ASF para prevenir irregularidades, combatir la corrupción, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos. A continuación, se presenta una clasificación de las principales problemáticas de la ASF:
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1. Debilidades estructurales y operativas
El modelo actual de fiscalización en México presenta fallas que obstaculizan una rendición de cuentas eficaz:
- Déficit de participación ciudadana: El proceso de designación de la persona titular se realiza sin mecanismos formales que involucren a la sociedad civil o la academia, lo que puede mermar la legitimidad y transparencia de la selección. A la vez, es necesario reforzar el mecanismo de denuncia ciudadana vigente.
- Concentración de decisiones estratégicas: Existe un esquema donde la persona titular toma prácticamente todas las decisiones clave (programa anual, reglamento interior, nombramientos de mando superior, emisión de normas y autorizaciones). Esta concentración reduce la pluralidad técnica, eleva la discrecionalidad y aumenta la vulnerabilidad a presiones externas, con impacto directo en qué se audita, con qué profundidad y con qué criterios.
- Riesgo de captura y falta de renovación por reelección: La posibilidad de reelección del Auditor Superior abre la puerta a mantener intereses particulares, afectando la independencia e imparcialidad de la institución.
- Ausencia de reglas contra el nepotismo: El marco normativo actual no prohíbe explícitamente que la persona titular de la ASF tenga vínculos familiares con altos funcionarios de los tres poderes, lo que plantea riesgos severos de conflictos de interés.
2. Áreas de riesgo y crítica en la fiscalización
Se han identificado procesos con vulnerabilidades específicas donde la actuación de la ASF ha sido insuficiente o requiere ser fortalecida:
- Baja cobertura en sectores estratégicos: Aunque la cobertura general mejoró en 2023, sectores como PEMEX (12.83%) y Defensa Nacional (20.69%) mostraron niveles de fiscalización por debajo del promedio de las últimas cinco Cuentas Públicas.
- Riesgo de puntos ciegos totales en Asociaciones Público-Privadas: Por dos años consecutivos (2022 y 2023), la ASF no reportó la ejecución de auditorías directas en este sector, a pesar de los recursos públicos involucrados.
- Riesgos de corrupción no atendidos: Se consideran "áreas de riesgo" críticas las adquisiciones, la obra pública y los programas de entrega directa de recursos. En 2023, la cobertura en estas áreas fue del 82.44%, lo cual se calificó como "Satisfactorio" pero no alcanzó los niveles máximos históricos.
- Plazos dilatorios: El proceso de fiscalización vigente toma casi dos años desde el inicio del ejercicio fiscal hasta el Informe General, lo que retrasa la identificación y corrección de irregularidades. En términos de desempeño, la crítica es que la ASF opera con baja oportunidad, lo que debilita el efecto preventivo y correctivo, y favorece la normalización de observaciones que no detonan acciones inmediatas.
3. Riesgos del entorno institucional
El desempeño de la ASF se ve afectado por un contexto de alta impunidad y fallas en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA):
- Persistencia de irregularidades: En la primera revisión de la Cuenta Pública 2024, se detectaron más de 660 millones de pesos sin aclarar, principalmente en gobiernos estatales.
- Ineficacia sancionatoria: Sólo el 4.3% de las investigaciones por corrupción llegó ante un juez en 2022, lo que refleja que el trabajo de detección no siempre se traduce en sanciones efectivas.
- Falta de protocolos: En 28 entidades federativas no existen protocolos específicos para investigar actos de corrupción, lo que debilita la cadena de mando de la fiscalización superior.
De tal forma, es posible concluir que la labor de la ASF, desde hace algunos años, tiene enormes áreas de oportunidad, por decir lo menos. Tomando en cuenta lo anterior, y ante el inminente proceso de renovación de su titularidad, en septiembre de 2025 se presentaron en la Cámara de Diputados dos iniciativas en materia de fiscalización superior, cuyo propósito es tratar de solventar o disminuir las problemáticas mencionadas.
Las reformas propuestas, una constitucional y otra a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, buscan garantizar que el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública sea más democrático, transparente y efectivo, y se enfocan en reducir los plazos de la fiscalización, eliminar la posibilidad de reelección, fortalecer la participación ciudadana en los procesos, impulsar la toma colegiada de decisiones y prohibir los vínculos familiares de la persona titular de la ASF con altos funcionarios federales o estatales.
Estas modificaciones contribuirían a tener un proceso de fiscalización más efectivo, que es necesario para fortalecer el combate a la corrupción. Además, al mejorar la percepción de la ciudadanía sobre el uso adecuado de sus recursos públicos, se esperaría una mayor disposición a cumplir con las obligaciones tributarias, lo que a su vez fortalecería la capacidad del Estado para proveer de los necesarios bienes y servicios para la población, en temas tan importantes como salud, seguridad pública y educación.
El proceso de renovación de la titularidad de la ASF es fundamental en estos tiempos inciertos en que se necesitan eficacia, eficiencia y, sobre todo, honestidad en la actuación de los entes públicos.
* Ernesto Pérez Rodríguez
Maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora, así como Maestro en Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del Estado de México. Especialista en Técnica Legislativa. Egresado de la Maestría en Ciencias Jurídicas de la Universidad Panamericana. Fue Secretario Técnico de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y actualmente es Coordinador de Asesores en la Vicecoordinación de Estrategia y Proceso Legislativo en la Cámara de Diputados.