A raíz de los recientes acontecimientos en Venezuela, se ha reactivado en diversos espacios el debate sobre las operaciones militares de Estados Unidos en América Latina. Las posturas han oscilado entre el respaldo a la injerencia estadounidense y la denuncia pública de estas acciones. Sin embargo, más allá de la dimensión militar, persiste un problema de fondo: la continuidad de las operaciones de inteligencia de los organismos de seguridad estadounidenses en la región. En este sentido, la denominada Operación Resolución Absoluta sobre Venezuela, en la que participaron múltiples agencias, en particular la Central Intelligence Agency (CIA), invita a revisitar, en términos históricos y críticos, este tipo de intervenciones ante un horizonte poco promisorio para América Latina.
Gran parte de los análisis se han concentrado en las experiencias de Centroamérica y América del Sur, subrayando episodios como el derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala, Bahía de Cochinos en Cuba o la Operación Cóndor. Ante estos casos, resulta necesario desmontar la excepcionalidad mexicana frente a otras experiencias latinoamericanas, pues el país no estuvo exento de la implementación de operaciones de la CIA, las cuales contaron con la colaboración consciente y sostenida de sectores del gobierno mexicano a mediados del siglo XX. Un caso emblemático fue la operación LITEMPO, encabezada por Winston Scott, la cual involucró a figuras clave como Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Sin embargo, a raíz de la reciente desclasificación de archivos vinculados al asesinato de John F. Kennedy, ha salido a la luz una nueva acción de la CIA en México: la Operación LIENVOY.
Lejos de ser una imposición, esta operación fue impulsada por el presidente Adolfo López Mateos, a finales de la década de los cincuenta y durante mediados de los sesenta, quien se puso en contacto con la agencia estadounidense para establecer mecanismos de vigilancia conjunta. Bajo este esquema, la CIA operó con relativa libertad en México, articulando redes de informantes y financiando la operación, principalmente, para monitorear actores y movimientos políticos vinculados con la izquierda. Este entramado de vigilancia involucró a las figuras más prominentes del Estado mexicano, quienes, en la documentación de la CIA, fueron identificados con los criptónimos: LITENSOR (Adolfo López Mateos), LIRAMA (Gustavo Díaz Ordaz) y LIENVOY-1 (Luis Echeverría Álvarez).
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Esta operación dividió sus objetivos de acuerdo con intereses específicos. Mientras la CIA priorizaba el monitoreo de las embajadas del bloque socialista, como la URSS, Cuba o República Checa, el gobierno mexicano utilizó la infraestructura de vigilancia para seguir de cerca a un sector de la disidencia interna y organismos institucionales, considerados como una amenaza para la estabilidad del régimen. En la documentación relativa a esta operación se distinguen, así, dos tipos de objetivos: por un lado, los temporales, entre los que figuraron la Unión Nacional Sinarquista, el Movimiento Cívico Nacional, la Sociedad de Amigos de Cuba y la Dirección Federal de Seguridad; y, por otro, las investigaciones permanentes incluyeron a Lázaro Cárdenas, Vicente Lombardo Toledano, David Alfaro Siqueiros, el Movimiento de Liberación Nacional y proyectos periodísticos como la revista Política y la agencia cubana de noticias Prensa Latina.
La relación entre el Estado mexicano y la CIA se articuló mediante herramientas técnicas como la intervención telefónica sistemática y el seguimiento de redes transnacionales de comunicación. Por ejemplo, en el marco de esta operación compartían la preocupación por nodos estratégicos de difusión ideológica, como la revista Política y la agencia Prensa Latina, percibidos como instrumentos de propaganda cubana. La información recabada permitió implementar una estrategia de asfixia progresiva, utilizando mecanismos burocráticos, económicos, políticos y laborales, en lugar de recurrir a un ataque frontal.
De esta manera, este episodio de la experiencia mexicana demuestra que las dinámicas de intervención no se limitan a episodios coyunturales ni a contextos particulares como el venezolano. Por el contrario, los acontecimientos recientes evidencian la persistencia de una continuidad histórica en la que las operaciones militares se combinan con dispositivos de inteligencia, vigilancia y control político de larga duración. Además, muestran que estas prácticas no se impusieron únicamente desde el exterior, sino que se consolidaron gracias a la colaboración activa de enclaves gubernamentales, interesados en fortalecer mecanismos internos de gobernabilidad frente a la disidencia.
En este sentido, la reactivación de operaciones militares estadounidenses en la región debe leerse como la expresión evidente de una lógica más profunda y estructural, en la que la seguridad hemisférica continúa justificando la subordinación de la soberanía latinoamericana y la criminalización de proyectos políticos. La urgencia actual radica, entonces, no sólo en rechazar la intervención armada, sino en interrogar críticamente los entramados de cooperación, inteligencia y control que la preceden y la acompañan, pues es en ese terreno, menos visible pero más persistente, donde se siguen definiendo los márgenes de acción política en América Latina.
Ignorar esta continuidad entre operaciones de inteligencia, cooperación estatal y acción militar implica no sólo repetir viejos errores analíticos, sino aceptar un futuro en el que la intervención deje de ser una anomalía y se consolide como una constante en América Latina.
* Josué Portillo Motte es licenciado en Historia por la UNAM, maestro en Historia por la UAM y doctorando en Historia en el Instituto Mora. Sus líneas de investigación se centran en los movimientos estudiantiles y los mecanismos de vigilancia y represión política en México durante la segunda mitad del siglo XX. Co-coordina el Seminario Interinstitucional de Historia del Tiempo Presente y ha impartido cursos y seminarios sobre estos temas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.