Como he sostenido en distintas colaboraciones, la Ciudad de México necesita una estrategia para ampliar su presupuesto y contar con recursos suficientes para llevar la dotación de servicios a otro nivel. En mi artículo anterior mencioné algunos argumentos por los cuales creo que estamos subestimando las necesidades económicas del gobierno local. En esta ocasión, quiero destacar posibles fuentes de financiamiento. Me enfocaré en cuatro: los impuestos, la cobranza, el suelo y la gasolina.
1. Impuestos
Primero, la vía fiscal. El gobierno cobra impuestos, pero ¿sabemos si los tiene adecuadamente tasados? Por ejemplo, el Gobierno Federal no paga impuesto predial en sus propiedades. Esa tendría que ser la primera batalla: recaudar el predial de inmuebles federales.
Al mismo tiempo, es importante abrir un diálogo con la ciudadanía (es decir, que todos seamos conscientes de la necesidad de una revisión fiscal) y buscar los mejores criterios internacionales para el cobro del predial. Posiblemente debería establecerse como un porcentaje fijo sobre el valor real de las propiedades, de modo que la vivienda popular pague menos y la residencial más, en términos absolutos.
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Ya iniciado el gobierno de Clara Brugada, se elevó de 3% a 4% el Impuesto sobre Nóminas. Recauda más de 50 mil millones de pesos, así que considero que no debería incrementarse más. Sin embargo, hay otros impuestos como el de adquisición de inmuebles que podría recaudar más si la ciudad lograra mayor dinamismo en el sector. Ese impuesto recauda 9.7 mil millones, pero está rezagado porque la ciudad no está produciendo la vivienda que necesita.
En cambio, sí sería partidario de establecer una tenencia fija para todos los vehículos. No tendría que ser muy onerosa, pero sí mayor al actual pago de derechos de control vehicular. Al mismo tiempo, propondría reducir el porcentaje de cobro en los autos más lujosos, con el fin de evitar la evasión mediante registros en otras entidades. La tenencia debe estudiarse con un enfoque recaudatorio: los montos y porcentajes deben ser justos, sí, pero también situarse en niveles que incentiven el pago. Deberíamos, por lo menos, pasar de 4.5 mil millones, al doble.
2. Cobranza
El agua y el predial siempre presentan rezagos en los pagos, principalmente porque no existe un mecanismo eficaz de cobranza, salvo en el caso de los grandes contribuyentes.
En este sentido, y lo abordaré en otra participación, considero fundamental replantear las facultades de las alcaldías. Aunque no pueden funcionar como municipios libres, sí podrían tener mayor autonomía financiera mediante un estatuto de coordinación fiscal de carácter local, que las hiciera partícipes de la recaudación de pequeños contribuyentes. Es decir, que tengan atribuciones e incentivos para cobrar ciertos impuestos. Adicionalmente, y le doy crédito a Fernando Soto-Hay por la idea, los adeudos de agua y predial deben vincularse al buró de crédito, lo que también disparará la recaudación.
3. Suelo
Existen otras fuentes potenciales de ingresos en las que la Ciudad de México ha fallado de forma sistemática. Una de ellas es la explotación de sus propios predios.
Existe la figura de la permuta con particulares, cuando a estos les interesa un predio en específico. Esta figura ha funcionado desde el punto de vista del particular: los avalúos de los predios permutados respaldan la decisión pero sólo respaldan su valor de cambio, no su valor de uso.
Hay más posibilidades: tomar decisiones a partir del valor estratégico del predio para el gobierno, rentarlo en lugar de permutarlo, o crear un vehículo financiero que permita al gobierno obtener más ingresos a largo plazo mediante asociaciones con privados. Incluso es posible obtener beneficios presentes a partir de la valorización futura de los bienes públicos.
Esto implica que el Gobierno de la Ciudad de México debería diseñar una estrategia amplia (con “amplia” me refiero a que involucre todos los predios de la ciudad y sus organismos) para generar ingresos a partir de sus inmuebles. Al mismo tiempo, podría reducir el pago de arrendamientos mediante asociaciones público-privadas.
Muchas instalaciones públicas podrían albergar más niveles de construcción sin modificar los programas de ordenamiento territorial, generando rentas significativas para la ciudad.
En última instancia, el gobierno crea el uso de suelo. A menudo se cuestiona la figura de la “transferencia de potencial”; sin embargo, cuando ocurre entre particulares, el beneficio social suele ser nulo o muy limitado. No sucede lo mismo cuando el gobierno está involucrado. Con respaldo técnico, puede densificar sus predios para maximizar no sólo ingresos, sino también la producción de vivienda o equipamiento, mediante asociaciones con privados que no impliquen gasto público.
No entraré en más detalles, pero el abanico de opciones relacionadas con la tierra es enorme.
4. Gasolina
En los años 90 existió un pequeño impuesto a la gasolina, de 4 centavos, originalmente destinado a financiar la renovación del transporte público. Ese recurso se utilizó en la instalación de dispositivos de captura de vapores en las gasolineras. Después, abandonamos la idea de gravar los combustibles.
Si bien un impuesto de este tipo puede tener impactos importantes en la inflación (y no se diga en la popularidad de los políticos), un cobro local, que no sobrepase el 5% del valor, podría generar una recaudación significativa.
Tan solo las tres terminales de Pemex en la Ciudad de México —sin contar la distribución por parte de empresas privadas— manejan más de 3,500 millones de litros al año. Un impuesto local de 5% recaudaría al menos 4,200 millones de pesos al año. En un sexenio serían más de 25,000 millones; si se fideicomiten, podrían acelerar la urgente renovación de todas las líneas del Metro.
No estoy atado a ninguna de las propuestas que aquí presento, ni comprometen a políticos con los que simpatizo o colaboro. Simplemente insisto en poner sobre la mesa la necesidad de buscar recursos para mejorar la infraestructura, el mantenimiento, la dotación de servicios y la nómina del personal operativo del gobierno.