Con base en el cálculo de la Tenencia, por el auto familiar nos tocaba pagar poco más de seis mil pesos. Sin embargo, al tratarse de un vehículo cuyo valor de factura no excede los 638 mil pesos y que además ya tiene seis años de antigüedad, solo pagamos 731 pesos. Me gusta pagar poco, claro, pero desde mi perspectiva profesional, las políticas públicas, estoy convencido de que debimos pagar más.
Aun así, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, este año la recaudación por Tenencia alcanzará los 4,582 millones de pesos, cifra superior a los 4,409 millones estimados para 2025. En términos generales, los ingresos totales de la ciudad sumarán este año 313 mil millones, con una proyección de 351 mil millones para 2030. Suficientes para que lo bueno y lo malo se mantenga constante.
Seguramente ningún candidato, salvo que algún día yo lo sea, abrirá su campaña con un contundente: “hablemos de impuestos”. Sin embargo, no tengo duda de que a la Ciudad de México le urge una discusión seria, madura y técnica sobre sus ingresos.
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Lo primero que debemos asumir es que el presupuesto no alcanza. Y no es —como suele afirmarse con ligereza—, “porque se lo roban”, sino porque la ciudad acumula gastos fijos conforme crece su infraestructura y obligaciones legales, mientras muchas tarifas se rezagan respecto a los costos reales de operación y mantenimiento.
Pensemos, por ejemplo, en el Cablebús. Los siete pesos actuales tal vez alcanzan para operar las tres líneas en servicio, pero no cubrirán los costos crecientes conforme envejezca el sistema. Para 2028 se prevé que haya seis líneas en operación. Algo similar sucede con el Metro, que podría sumar casi cinco kilómetros adicionales si se concreta la ampliación de la Línea 12 hacia Observatorio.
La ciudad, y en especial su gobierno, nos ha acostumbrado a un presupuesto tipo sarape: lo que tapa de un lado, se descobija en otro. Quizá siempre fue así, pero antes de 1997 existía una preocupación mayor por la infraestructura. Hoy, ese rubro es visiblemente el más débil.
Contar con programas sociales amplios me parece deseable y políticamente comprensible. Pero tarde o temprano habrá que hacer un balance entre estos y la inversión en infraestructura. No tiene mucho sentido seguir expandiendo las transferencias directas si la misma población que las recibe enfrenta, al mismo tiempo, escasez de agua, deficiencias en escuelas públicas, un Metro rezagado en mantenimiento y una urgente necesidad de expansión.
A estos retos se suma un asunto crítico: los salarios públicos. Desde hace unos 25 años, los sueldos de los funcionarios han estado prácticamente congelados. Que los niveles altos apenas acompañen a la inflación puede ser razonable. Pero en los niveles medios y bajos (analistas, jefes de departamento, subdirectores y, sobre todo, personal operativo) los incrementos deberían superar la inflación durante algunos años, como ha ocurrido recientemente con el salario mínimo.
Entonces, ¿cuánto debería ganar un policía bien capacitado y profesionalizado? ¿Y un enfermero, un médico, un maestro, un burócrata? ¿Qué necesitamos hacer en las colonias que carecen de áreas verdes? ¿Comprar predios para convertirlos en parques? ¿Sustituir el pavimento de calles inclinadas por superficies permeables? ¿Construir grandes cisternas urbanas para garantizar el abasto de agua?
Urge que la ciudad deje de construir su presupuesto con base únicamente en incrementos inflacionarios y adopte una planeación de largo plazo. Pensemos en un horizonte de 30 años: ¿qué requerimos para completar nuestra infraestructura de movilidad, agua y drenaje? ¿Cuál es el gasto social ideal para que, en tres décadas, podamos afirmar que aquí no hay pobreza? ¿Cuál debe ser el salario digno de los trabajadores del gobierno y sus organismos? ¿Cómo vamos a electrificar el transporte público, y cuántos kilómetros más de Metro y teleférico debemos construir?
Las necesidades de esta ciudad pueden parecer infinitas. Pero si partimos de principios básicos (cobertura universal de servicios, acceso continuo al agua, una estación de transporte público a menos de dos kilómetros de cada hogar, y funcionarios bien capacitados y remunerados), el plan se vuelve concreto y accionable.
A partir de un presupuesto ideal y con visión de largo plazo (que, por cierto, debería superar los 20 años contemplados en el Artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de México para el Plan General de Desarrollo), podemos construir una estrategia sólida para escalar nuestros ingresos. Si la discusión es democrática, toda idea es válida. Si es maniquea, como ocurre a menudo en campañas políticas, será imposible hablar con seriedad de tarifas, impuestos o del aprovechamiento de activos públicos.
Mi recomendación es simple: hablemos en serio. Tal vez queremos que el transporte público siga siendo asequible, y está bien. Pero entonces, quizá la gasolina deba ser más cara, o el predial más alto, o que regrese la Tenencia, o que el gobierno vuelva rentables sus terrenos y activos.
Lo que no podemos seguir haciendo es pensar que mejorar esta ciudad es solo un discurso. Mejorarla implica tomar decisiones difíciles, y entre ellas, está la discusión sobre ingresos y presupuesto: o asumimos que vamos a convivir por décadas con limitaciones y carencias, o asumimos que en algún lado debemos pagar lo que hace falta para mejorar la calidad de vida.