Cada vez que se anuncia la posible captura o abatimiento de un capo, la narrativa pública se concentra en nombres propios, fotografías aéreas y mapas de rutas estratégicas. Sin embargo, desde finales de los años ochenta el patrón se repite con una regularidad inquietante: los liderazgos caen, las organizaciones mutan y la economía criminal permanece. La discusión en torno a Nemesio Oseguera Cervantes no escapa a esa lógica. Más que un episodio aislado, forma parte de una secuencia histórica en la que la fragmentación de los cárteles ha reconfigurado, no sólo la violencia, sino también circuitos económicos que atraviesan regiones enteras del país.
La captura de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989 no significó el fin del narcotráfico, sino su descentralización. Lo que había operado bajo una estructura relativamente concentrada comenzó a dividirse en organizaciones regionales con mayor autonomía y menor capacidad de contención estatal. A partir de entonces, cada golpe relevante produjo efectos similares: redistribución territorial, disputas internas y picos de violencia asociados a la reorganización del mercado ilícito.
El punto de quiebre llegó en 2006 con la estrategia de militarización impulsada por Felipe Calderón. La llamada “guerra contra el narco” intensificó la política de decapitación de liderazgos sin desarrollar mecanismos eficaces de contención posterior. Los datos son elocuentes: entre 2009 y 2019 se registraron más de 290 mil homicidios en el país, y tras la caída de Arturo Beltrán Leyva en 2009 los asesinatos aumentaron de 19,803 a 25,757 en 2010, marcando el inicio de un nuevo repunte de violencia. Las estructuras no desaparecieron; se fragmentaron y diversificaron. (INEGI. 2020, https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/edr/doc/defunciones_homicidio_2019_nota_tecnica.pdf)
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Lo que suele omitirse en la discusión pública es la dimensión económica de este fenómeno. El narcotráfico no es únicamente un problema de seguridad pública: es un sistema que genera flujos constantes de capital, empleos informales, redes de protección política y mecanismos sofisticados de lavado de dinero. Tal es el caso que el costo económico de la violencia para 2024 fue de 4.5 billones de pesos, lo equivalente al 18% del PIB del país y, en la última década, este costo se ha incrementado en 32% según cifras del Institute for Economics & Peace (IEP). (IEP, 2025. https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2025/05/MPI-ENG-2025-web.pdf)
Además, la capacidad del crimen organizado para transferir recursos, invertir en sectores estratégicos y lavar dinero a través de instituciones financieras y bienes raíces demuestra que su influencia no se limita al ámbito nacional. Aunado a esto, el mercado inmobiliario de alto valor, las operaciones comerciales transfronterizas y las transferencias internacionales forman parte de un entramado que conecta economías locales con circuitos globales, como fue expuesto a la luz pública con el caso de CIBanco, el cual en 2025 fue señalado como uno de los principales facilitadores de transacciones para el mercado de opioides en USA. El problema no se limita únicamente a la existencia de organizaciones criminales, sino su integración parcial en dinámicas económicas formales.
En este contexto, la caída de un líder como Oseguera Cervantes no altera las bases estructurales del sistema que ellos mismos han acrecentado. Cambian los nombres, se reconfiguran alianzas y se redistribuyen rutas, pero los incentivos económicos permanecen intactos, incluso aumentan. Mientras exista una combinación de alta rentabilidad ilícita, baja capacidad institucional de contención financiera y amplios márgenes de desigualdad que faciliten el reclutamiento forzado, el mercado criminal encontrará formas de reproducirse.
La pregunta de fondo, entonces, no es únicamente por qué el Estado no logra erradicar al narcotráfico, sino hasta qué punto el (des)equilibrio económico y político mexicano actual depende de su existencia y hasta donde se ha aprendido a coexistir con él. Porque en México la historia nos ha demostrado que no importa que caiga el apellido en turno: Quintero, Gallardo, Arellano, Guzman, Zambada u Oseguera; el sistema de la economía criminal encuentra quién administre su reorganización.