La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, es sin duda un gran golpe al crimen organizado que merece el mayor reconocimiento al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a su gabinete de seguridad y desde luego a nuestras fuerzas armadas. No se trata de un capo más, era el líder de la organización criminal más poderosa del país con presencia territorial en cuando menos 23 estados e incluso a nivel internacional en 40 países por lo que, en febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos designó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista y una amenaza a la seguridad nacional de ese país, señalando que además de traficar con fentanilo, se dedica a la extorsión, el contrabando de migrantes, robo de petróleo y minerales, así como el comercio de armas, siendo un grupo sumamente violento que utiliza armamento militar, drones para lanzar explosivos contra las fuerzas del orden y asesinatos de funcionarios.
También se le atribuye una sofisticada red de lavado de dinero mediante la creación de empresas de construcción, de ganado, tequila, inmobiliarias, o el uso de criptomonedas y contrabando de efectivo a granel. Se dice que el CJNG cuenta con un ejército de más de 20 mil sicarios y, en 2016, El Mencho ordenó el secuestro de los hijos de El Chapo Guzmán -a quienes liberó por intercesión de El Mayo Zambada- y en junio de 2020 el asesinato del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Con el abatimiento de Nemesio Oseguera durante un operativo del Ejército no solo se descabeza a esta organización criminal trasnacional, sino que se mandan mensajes muy importantes. Por un lado, que los grupos criminales no son invencibles y no pueden estar por encima del Estado mexicano, y que el gobierno de la presidenta Sheinbaum tácitamente abandona la posición asumida por López Obrador de “dejar hacer, dejar pasar” que en los hechos se tradujo en impunidad y empoderamiento de los grupos criminales con consecuencias muy graves para nuestro país.
Sin embargo, este es apenas un primer paso en el desmantelamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación y más aún para recuperar el control territorial y con ello disminuir los niveles de violencia que es lo que realmente importa a la población que por mucho tiempo ha vivido asolada por este grupo criminal. Un claro ejemplo lo tenemos en Sinaloa que desde el culiacanazo en 2019 -en que se detuvo y después se ordenó liberar a Ovidio Guzmán- y la captura de El Mayo Zambada hace más de año y medio en circunstancias muy poco claras, no se ha podido contener la violencia desatada.
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Es probable que después de la reacción del CJNG con el cierre de carreteras, quema de vehículos y establecimientos comerciales, así como ataques a miembros de la Guardia Nacional y policías estatales y municipales, se presenten disputas al interior del Cártel para asumir el liderazgo que quedó vacante con el riesgo de que se fragmenten en varios grupos criminales, y/o que inicie una guerra con otras organizaciones por el control de las plazas. Otro reto enorme que tendrá el actual gobierno está en desmontar las estructuras de protección a los grupos delincuenciales en las que están involucrados políticos, mandos policiacos e incluso militares, empresarios etc. Para decirlo claro, aun siendo un gran logro de las autoridades mexicanas -con información de los servicios de inteligencia del país vecino-, de poco habrá servido si no se combate con la misma contundencia a las redes de poder político, económico y policial que permiten que estas organizaciones criminales puedan operar con gran impunidad.