La reciente detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, evidencia una dura realidad que no podemos seguir soslayando. Más allá de los constantes señalamientos por la frivolidad, abusos y corrupción de este siniestro personaje quien, más allá de apropiarse del Museo Nacional del Tequila para usarlo como residencia y oficina personal, de las extorsiones a empresas tequileras o permitir la venta de alcohol adulterado en plena plaza central del municipio, las investigaciones apuntan a que trabajaba para el Cártel Jalisco Nueva Generación y de hecho consideraba a “El Mencho” como su patrón –se dice que incluso organizó un concierto en homenaje al líder del CJNG–. Además, se le atribuye el secuestro en 2021 de Guillermo Cordero García, precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila y de su suplente, supuestamente para despejar el camino a su candidatura.
Es un hecho que los cárteles de la delincuencia organizada tienen cada vez mayor penetración en gobiernos locales mediante el soborno a policías, amenazando autoridades o pactando tácita o explícitamente para que no escale la violencia a cambio de que no se metan con ellos. También que se ha incrementado el número de alcaldes y ex alcaldes que han sido levantados y/o asesinados ya sea por combatirlos –como el caso de Carlos Manzo en Uruapan–, por negarse a cooperar, traicionar acuerdos o por trabajar con grupos rivales. Tan solo en el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum han sido asesinados 10 presidentes municipales.
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Sin embargo, la influencia del crimen organizado se ha extendido hasta los procesos de elección de nuestros gobernantes. Es un secreto a voces que los cárteles aportan muchos recursos para las campañas políticas, amedrentan a partidos y candidaturas que compiten contra sus favoritos, promueven el abstencionismo donde así conviene y, una vez obtenido el triunfo, reclaman el nombramiento de las personas titulares de áreas que les son estratégicas como seguridad pública, obras o catastro. Para darnos idea del nivel de intervención a que han llegado las organizaciones criminales, se considera que las pasadas elecciones de 2023-2024 fueron las más violentas en la historia moderna con 39 aspirantes o personas candidatas asesinadas y 889 víctimas entre secuestros, desapariciones, personas golpeadas o amenazadas de muerte.
Pero ya no se conforman con eso. Si bien el estrecho vínculo entre crimen organizado y política no es nuevo como ha quedado demostrado de tiempo atrás con Tomás Yarrington, García Luna, Julio Cesar Godoy, Edgar Veytia, José Luis Abarca, Sergio Carmona, Hernán Bermúdez entre tantos otros, el caso de Diego Rivera revela que ya están definiendo directamente candidaturas, no sólo en Jalisco sino en muchas regiones del país, sin que hasta ahora los partidos políticos hayan tomado medidas serias para evitarlo.
Sin duda la Operación Enjambre encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para frenar la infiltración criminal en gobiernos locales es un paso importante, pero dista de ser suficiente. Es urgente que en la discusión de la inminente reforma electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se incluya en forma prioritaria el blindaje efectivo de las candidaturas y procesos electorales, lo que necesariamente implica incorporar mecanismos de investigación que permitan garantizar, en lo posible, que a partir de los siguientes comicios no sean postuladas personas vinculadas con el crimen organizado. Tengamos claro que la narcopolítica no solo es una amenaza para nuestra frágil democracia, sino para la viabilidad misma del Estado mexicano.