El secuestro y asesinato de cuando menos cinco mineros en la sierra de la Concordia –aún hay otros cinco desaparecidos cuyo destino lamentablemente debe ser el mismo–, es un crudo recordatorio de lo que sigue pasando en gran parte del país, y en particular en Sinaloa a más de año y medio de que se intensificó la ya muy larga guerra entre cárteles a pesar de los operativos de la Guardia Nacional y el Ejército. Como es costumbre, las autoridades trataron de minimizar los hechos señalando que probablemente confundieron a los trabajadores de una empresa canadiense con integrantes de una organización criminal rival –como si eso pudiera justificar la impunidad con que actúan los grupos delincuenciales–, pero los testimonios de familiares y compañeros de la mina echan por tierra esta versión.
De acuerdo a lo que se ha comentado, días antes advirtieron a los mineros y a encargados de la mina de oro y plata que dejaran de trabajar y abandonaran la zona, los vigilaban incluso con drones, interceptaban los vehículos en que viajaban y, en la madrugada del 23 de enero, los levantaron de sus camas en el campamento en que dormían. Es decir, sabían perfectamente a dónde y por quienes iban. Una de las hipótesis que se manejan, es que se trató de una represalia contra la empresa minera con sede en Vancouver, por negarse a pagar el derecho de piso para poder operar. Por eso, en las manifestaciones que se llevaron a cabo en varios estados como Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí y Zacatecas, gritaban “fue extorsión, no confusión”.
Si bien la extorsión al sector minero no es un fenómeno nuevo –aunque nada se ha hecho al respecto–, y se estima que entre los impuestos criminales y el gasto en sistemas de seguridad, los costos para las empresas son de aproximadamente el 10% de sus utilidades, el caso de la Concordia revela el horror que se vive en ese estado. Por un lado, durante la búsqueda de los mineros desaparecidos que se llevó a cabo en comunidades con una población muy pequeña como El Verde, se han encontrado decenas de fosas clandestinas en las que puede haber más de mil 500 cuerpos según la periodista María Idalia Gómez.
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Además, no hay que perder de vista que si el crimen organizado pudo actuar con ese grado de violencia frente a una gran empresa internacional con los recursos que ello supone, pensemos en el estado de indefensión que padecen las micro, pequeñas y medianas empresas o, peor aún, las personas comerciantes independientes. Lo más grave de todo, es que queda claro que los grupos criminales están levantando y asesinando premeditadamente y sin ningún miramiento a personas inocentes. Lo mismo sucedió no muy lejos de la Concordia, cuando a inicios de febrero secuestraron a una familia que vacacionaba en Mazatlán y, aunque horas después soltaron a una mujer y una niña, siguen desaparecidos cuatro de sus integrantes, en tanto que en esos mismos también fue levantada días otra familia mientras circulaba en la carretera hacia Ahome y recientemente fueron hallados sus cuerpos sin vida.
A ello hay que sumar la misteriosa desaparición de Carlos Emilio Valenzuela en el interior de un bar de Mazatlán al que acudió hace cuatro meses con sus primas a celebrar su cumpleaños, el asesinato de Ricardo Mizael, de tan solo 15 años quien fue asesinado tras salir de su casa en Culiacán para comprar comida para sus gatos, así como el ataque apenas ayer, a familias que se encontraban conviviendo en un parque en San Francisco del Rincón, Guanajuato dejando una persona muerta y 8 menores de edad heridas. Estamos hablando de personas inocentes, incluso niñas y niños a quienes les han arrebatado la vida por una simple razón, porque pueden, en un país en que la impunidad es la regla y al parecer se ha borrado cualquier límite.