El pasado 21 de noviembre, el presidente Donald Trump declaró que “estaría orgulloso de atacar a los cárteles en México”, y aunque fueron las fuerzas de seguridad mexicanas quienes ayer capturaron a "El Mencho" –el narcotraficante más poderoso y buscado del mundo–, no puede negarse que un año de presiones del gobierno estadounidense y el incremento en la cooperación bilateral en materia de seguridad han logrado lo que no sucedió en tres décadas de carrera criminal del hoy muerto Nemesio Oseguera. Enhorabuena.
La pregunta inevitable ahora es: ¿qué sigue? Porque en treinta años, "El Mencho" no solo ocupó el vacío que dejó El Chapo Guzmán —y otros que le antecedieron— como capo de capos, sino que el Estado mexicano se debilitó, perdiendo control territorial en niveles sin precedentes: pasamos del encubrimiento y la colusión de autoridades con los criminales al control de estos sobre gobiernos locales y partes del gobierno federal. Los cárteles han dejado a su paso miles de muertos, desaparecidos y vidas destrozadas al tiempo que sus redes se fortalecieron y multiplicaron al grado de estar practicamente en todas partes.
Desde los años ochenta pasamos del Cártel de Guadalajara como la primera organización con estructura y alcance nacional, a la consolidación global del Cártel de Sinaloa, con presencia internacional, y la posterior irrupción del Cártel Jalisco Nueva Generación, que ahora rivaliza con el de Sinaloa. Las cifras son estremecedoras: el crimen organizado en México emplea a unas 175,000 personas, ubicándolo como el quinto empleador más grande del país, superando a empresas como Grupo Bimbo y solo por debajo de gigantes como FEMSA o Walmart, generando ingresos estimados entre los 19,000 y 29,000 millones de dólares anuales, capital que financia una capacidad de fuego y una infraestructura transnacional con presencia en más de 100 países.
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El costo social de permitir este crecimiento se ha traducido en una tragedia devastadora. Desde 2006, México ha acumulado más de 450,000 homicidios dolosos y la cifra de personas desaparecidas ha superado las 120,000 a inicios de 2026. Además, entre 30,000 y 460,000 menores de edad han sido reclutados para realizar labores que van desde el halconeo hasta el sicariato. La captura de "El Mencho" sugiere que la capacidad técnica del Estado siempre estuvo presente, pero la voluntad política para hacerla efectiva, no.
La coyuntura de tener una Presidenta que, ya sea por convicción, por presión o por ambas razones, nos ha traído a un momento en el que la detención del alcalde de Tequila, el combate al huachicol fiscal y la captura y muerte de Oseguera constituyen señales positivas. La presión permanecerá, al menos, durante el resto del sexenio del Presidente Trump, para quien el combate a los cárteles es una máxima prioridad y cuyo gobierno fue clave en la recolección de inteligencia que facilitó al gobierno mexicano la captura de Oceguera.
Sin embargo, no podemos depender de un agente externo para que nuestros gobiernos actúen. México debe implementar una política integral de recuperación del control del Estado, tanto en sus instituciones como en los territorios, empezando por prevenir la postulación de candidatos ligados al crimen en las elecciones del año que viene, donde se disputarán 17 gubernaturas y 680 ayuntamientos; fortalecer y profesionalizar de una vez por todas a las policías locales y a las fiscalías; blindar a los jueces; juzgar y encarcelar a los políticos corruptos; y realizar intervenciones sociales, entre otras medidas.
El reto no es menor ni fácil, pero la paz sostenible no se recuperará con operativos de alto impacto, sino mediante el desmantelamiento sistemático de las redes de protección que permitieron décadas de impunidad, demostrando que la presencia y fortaleza de los cárteles es reversible con voluntad política e institucional.