La coalición "Seguimos Haciendo Historia", conformada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), enfrenta el desafío de transitar de una etapa de cohesión absoluta a una de negociación pragmática, donde los intereses institucionales de los aliados comienzan a gravitar con mayor peso específico en la agenda legislativa y electoral.
El principal punto de fricción se localiza en la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa, que plantea una reducción drástica del financiamiento público y la eliminación de las diputaciones por el principio de representación proporcional (plurinominales), no ha encontrado apoyo incondicional –como en la mayoría de las reformas–, por parte de sus aliados estratégicos. La resistencia del PVEM y el PT no es ideológica, sino de supervivencia. Para estas fuerzas políticas, la representación plurinominal y el flujo de recursos son las herramientas que garantizan su viabilidad frente a la hegemonía de Morena. El PVEM ha manifestado que reducir el financiamiento solo fortalecería al partido mayoritario, mermando la pluralidad del sistema, y como es sabido, sin los votos del Verde y del PT, la reforma, simplemente, no será posible.
Muchos analistas cuestionan la oportunidad de plantear una reforma electoral cuando con el actual sistema, Morena ha logrado las mayorías en el Congreso, en las gubernaturas y hasta en el Poder Judicial y que solo genera tensiones con sus aliados, justo a un año y medio de las elecciones de 2027 donde también se prevén divisiones.
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San Luis Potosí se perfila como el escenario más claro de divergencia. El intento del congreso local de obligar a los partidos a postular a una mujer para la gubernatura en 2027 a través de la aprobación de la llamada Ley Esposa, para favorecer a la esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo, materializó las diferencias entre Morena y el PVEM que desde el año pasado cuando el primero, promovió cambios legislativos en contra del nepotismo electoral, han ocurrido. Ante la controversia, el propio gobernador Gallardo vetó la ley para que no se aplique, pero es muy probable que en San Luis Potosí, el PVEM postule a la Senadora Ruth González, esposa del gobernador, sin el acompañamiento de Morena.
Otro ejemplo es el reciente ejercicio de revocación de mandato en Oaxaca, el primero en su tipo a nivel estatal en el que se vivió otra dinámica de desalineación entre Morena y el PT. Aunque el gobernador Salomón Jara obtuvo la ratificación para continuar en el cargo los reportes de campo indican que liderazgos vinculados a Benjamín Robles del PT operaron en un sentido opuesto a los intereses de la administración estatal, lo que se reflejó en una participación que apenas rondó el 30% y un respaldo del 58% cifras significativamente menores a las proyectadas por el aparato oficial. Este fenómeno en Oaxaca sugiere que el PT busca establecer límites a la influencia de los gobernadores de Morena, utilizando su capacidad de movilización de cara a las negociaciones de 2027.
Este panorama indica que la unidad de la coalición gobernante en 2026 ya no puede darse por sentada de manera automática. El éxito de la agenda presidencial en el Congreso y electoral, en algunos estados donde el PVEM y el PT tienen fuerza, dependerá de la capacidad del gobierno y su partido para gestionar una negociación donde el cumplimiento de las metas de la 4T no colisione con los imperativos de mantenimiento de poder de sus socios.
