Que el sarampión esté quitando vidas no debería ser noticia en pleno 2026, sobre todo cuando ya estaba erradicado en un país con la certificación de país libre de sarampión de la OPS. Cuando una enfermedad ya erradicada y prevenible con vacunas causa muertes, el problema no es médico; es de gobernanza. El regreso de enfermedades ya controladas que sufre México no se debe a un simple ciclo epidemiológico ni a un fenómeno natural. Este repunte es la señal más viva y se está pagando en vidas de un sistema de salud que dejó de cumplir su función principal: prevenir enfermedades.
La gobernabilidad no es tener médicos capaces, hospitales o buenos discursos sobre prioridades humanistas; es ser constante con acciones poco reconocidas y visibles pero imprescindibles para el bienestar de un país. Las campañas de vacunación, la vigilancia epidemiológica para detectar brotes antes de que estallen y las cadenas de suministro médicas estables y no dependientes del humor político ni de caprichos administrativos fueron justo lo que faltó, por lo poco que lucen en los discursos populistas. El éxito de la prevención, precisamente, se mide por lo que no ocurre. Ahora que ocurre lo impensable, como las muertes por el sarampión, no es debido a un accidente, sino al resultado esperado de un mecanismo que dejó de funcionar por lo poco que lucía ante el público.
El dengue y la tuberculosis entran en el mismo cuadro solo desde un enfoque distinto. El dengue nace de la precariedad: colonias en las que sus calles se convierten en criaderos por el almacenamiento de agua estancada, debido al abandono administrativo y a los servicios irregulares. No es un enigma biológico; es un medidor de control territorial. Cuando las acciones llegan, solo cuando los hospitales empiezan a abarrotarse, la administración ya está derrotada; no por falta de atención al problema, sino por estar atendiendo algo que se debió evitar.
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La tuberculosis, por otra parte, es una muestra del deterioro y del abandono total. Persiste donde hay aglomeración, precariedad y mala nutrición, y donde los diagnósticos son trazados y el tratamiento es nulo o interrumpido. La tuberculosis no es una enfermedad que se pueda combatir con discursos; requiere un seguimiento constante de los pacientes y un respaldo institucional. Si el Estado deja de detectar los casos a tiempo, abandona el seguimiento y olvida a las comunidades, la enfermedad no desaparece; crece exponencialmente donde el Estado deja de interesarse.
Estas tres enfermedades no solo son una lista de brotes actuales; comparten un mensaje. El país está transicionando de un modelo preventivo imperfecto pero funcional a otro que reacciona ante momentos de crisis; la salud pública se reduce a recontar y administrar los daños en lugar de evitarlos. Las prioridades del oficialismo han sido lo más vistoso: inauguraciones, promesas, declaraciones y discursos humanistas. Mientras lo verdaderamente humanista es lo repetitivo y poco vistoso: cumplir con calendarios de vacunación, sostener las coberturas médicas, realizar auditorías y correcciones.
Los riesgos y los errores nunca dejarán de existir ni de ocurrir; lo lamentable es que el país se está acostumbrando a que las prevenciones fallen y a aceptar las pérdidas de vidas humanas en el proceso. Cuando una muerte que pudo haberse prevenido, como las del sarampión, deja de causar alerta, ya no estamos frente a un problema técnico; estamos siendo gobernados por un Estado que ya no siente la obligación de evitar las catástrofes, y esto en el sector de la salud pública no es un detalle administrativo: es una sentencia de muerte.