La autonomía de las alcaldías ha quedado fuera de la conversación democrática en la Ciudad de México. No es casualidad: a los actores políticos tradicionales no les ha convenido poner el tema sobre la mesa.
Desde el año 2000 elegimos jefes delegacionales, y desde 2018, alcaldes, pero en los hechos han sido poco más que gerentes territoriales. El control real se ejerce desde el centro, principalmente a través del presupuesto. La Secretaría de Administración y Finanzas recauda, aprueba estructuras, presupuestos y define políticas administrativas. Las demarcaciones quedan sujetas a lineamientos que limitan su margen de acción y subordinan sus prioridades.
Las alcaldías no recaudan. Los municipios del país sí, cuentan con autonomía jurídica y presupuestal. Es cierto que la capital requiere estatutos especiales en algunas materias, como la seguridad pública; las demarcaciones no tienen mando sobre la policía, aunque formalmente exista una dirección en su estructura. Esa excepcionalidad puede tener sentido por la condición de capital, pero no hay razón para negar la autonomía jurídica y financiera. No es una consecuencia inevitable de ser capital: es una decisión política.
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Las 16 demarcaciones enfrentan una responsabilidad neural: el mantenimiento y los servicios en la red secundaria. Sin embargo, el presupuesto no alcanza y no tienen herramientas para ampliarlo. No pueden endeudarse, ni incentivar el pronto pago del predial o el agua, ni cobrar impuestos locales. Incluso cargan con pasivos laborales y una gran nómina sindicalizada, que busca labores administrativas y no operativas. Apenas pueden obtener ingresos marginales por deportivos, baños públicos o estacionamientos: “autogenerados” les llaman.
¿Hay una ruta para fortalecerlas en el mediano y largo plazo? Difícilmente ocurrirá por voluntad del gobernante en turno: quien concentra poder rara vez lo cede. “Nadie quiere ser Santa Anna en su tierra”, me decía David Garay, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México entre 1994 y 1996, al recordar su propia resistencia a transferir el área de tránsito a otra dependencia.
Pero si pensamos en el desarrollo de la ciudad, el fortalecimiento de las alcaldías es una condición indispensable. Demarcaciones con mayores atribuciones podrían dejar de vivir atrapadas en la respuesta inmediata a demandas vecinales y construir una visión de futuro: planear, invertir en agua, movilidad y espacio público, asumir riesgos políticos en favor de metas más ambiciosas.
Cuando las alcaldías sólo apuestan por servicios cotidianos, quedan secuestradas en el corto plazo. Ampliar sus facultades debería incentivar una verdadera altura de miras: más áreas verdes, mejor absorción de agua de lluvia, ciclovías, señalización, parques bien intervenidos, infraestructura peatonal. Hoy casi nada de eso prospera porque el horizonte político es de tres años y el margen financiero es mínimo.
El esquema actual garantiza la inercia. Por eso casi ninguna alcaldía logra transformar su red secundaria de movilidad ni impulsar proyectos urbanos de calidad. Los manuales de urbanismo recomiendan huertos urbanos, compostas, parques infiltrantes, corredores seguros. Pero sin incentivos adecuados, todo queda en el papel.
Si queremos transformar el ejercicio de gobierno, debemos colocar los incentivos donde corresponde. Eso implica fortalecer institucionalmente a las alcaldías, permitirles colaborar en el cobro de impuestos existentes y asumir ciertos ingresos de impacto local, como la regulación ordenada de enseres en restaurantes, parquímetros y trámites inmobiliarios, para que el dinamismo económico se traduzca en mayor recaudación. Hoy, en cambio, el incentivo perverso puede ser la discrecionalidad: limitar actividades formales, tolerar informalidad o caer en prácticas de corrupción-extorsión.
La autonomía financiera y jurídica de las alcaldías, acotada, responsable, con límites claros al endeudamiento, no es un capricho. Es una condición para transformar los espacios locales en entornos más habitables, fortalecer la economía de barrio y elevar la recaudación de impuestos tradicionales como el predial y el agua, destinándolos a mejores servicios.
Hoy las demarcaciones corren detrás de sus problemas. No hay razón para que siga siendo así.