La dirigencia de Morena compartió con sus diputados y senadores la decisión de que en su próximo Consejo Nacional se validarán perfiles que no sólo cumplan con los requisitos de ley, sino que “no estén sancionados ni tengan antecedentes penales”.
La medida apunta a reducir el número de aspirantes que sean delincuentes, tal y como ha sucedido con personajes como Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, quien fue detenido junto con tres colaboradores “por presuntos nexos con el narcotráfico y extorsión a empresas”.
Poner mayores filtros en los procesos de selección de candidatos es, sin duda, una acción relevante que fortalece la confianza y credibilidad de cualquier partido político. Sin embargo, no parece ser suficiente cuando lo que se pretende es erradicar la corrupción en todos los niveles de gobierno.
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La promesa de acabar con este grave problema la hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y fue refrendada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo malo es que en términos de percepción, varios escándalos de corrupción fortalecen la hipótesis de que el crimen organizado sí está incursionando, en forma preocupante, en algunas instituciones.
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La creación de filtros en los partidos políticos no es un proceso novedoso. Desde hace algunas décadas se han implementado medidas de investigación y transparencia para impedir el paso de personas que puedan dañar su reputación. Es el caso, por ejemplo, de la iniciativa 3 de 3 que se promovió en 2015.
Este mecanismo de transparencia surgió desde las organizaciones de la sociedad civil y pretendía que las y los candidatos publicaran, de forma voluntaria, su declaración patrimonial, de intereses y el comprobante de pago de sus impuestos. Aunque no todos la aceptaron, se lograron buenos resultados.
Sin embargo, muy pronto la iniciativa perdió fuerza y, aunque hoy en cierta medida se mantiene por parte de las autoridades electorales y del Sistema Nacional Anticorrupción, queda claro que la delincuencia sigue encontrando diversos caminos para acceder al poder institucional o influir desde afuera con mecanismos sofisticados que parecen difíciles de comprobar.
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En las primeras elecciones para el Poder Judicial también hubo algunos filtros antidelincuencia y anticorrupción. El INE utilizó una herramienta para que las personas candidatas a juzgadoras registraran información con el fin de cuantificar sus ingresos y egresos, la cual debía ser acompañada de la documentación correspondiente.
No obstante, debemos recordar que hubo varias denuncias en el sentido de que algunos presuntos delincuentes lograron romper las barreras. A pesar de que esta situación no escaló de manera significativa, los escándalos mediáticos que se han difundido son suficientes para que la corrupción se siga viendo como un fenómeno “normal” dentro de las instituciones.
Aún más. Una vez que los ganadores acceden al poder institucional, el problema se magnifica por la ineficacia de algunos mecanismos de control legales y administrativos en los nombramientos que hacen como autoridades de sus equipos de colaboradores. Y a todo esto es preciso sumar las afectaciones que producen en la confianza de la población.
Desde el punto de vista de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, este fenómeno “es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad: socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.
Y eso no es todo. Lo peor, es que la corrupción “afecta más a los pobres, porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia, y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras”.
Ciertamente, México no ha llegado aún a estos alarmantes niveles descritos por el organismo internacional. Sin embargo, los casos que hoy se están denunciando dan señales de lo que podríamos vivir si las medidas contra la corrupción y la impunidad no se operan desde una perspectiva integral, integradora y contundente, con una estrategia de comunicación política que reduzca las especulaciones y proyecte la imagen de que el proyecto de gobierno de la llamada 4T, en verdad, está regido por el imperio de la ley.
Recomendación editorial: Sandra Ley. Democracia, poderes fácticos y regímenes de gobernanza criminal. México: Instituto Nacional Electoral (INE), Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática 48, 2024.