El tema reaparece y es recurrente. La filtración de información sobre los excesos que cometen algunos de los servidores públicos crea falsos dilemas entre la congruencia que dicen tener y la austeridad a la que se comprometieron. Incluso, hablan de “los equilibrios” que debe haber entre uno y otro concepto.
El escándalo que se creó con la compra de camionetas de lujo blindadas para las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vuelve a tropezar con la misma piedra, tanto en las explicaciones y justificaciones rebuscadas que han dado, como en las decisiones que han tomado.
Hasta parece que la experiencia no les ha dado las lecciones que sí se han aprendido en otros países, donde la polarización también es el eje de la comunicación política cotidiana. De ninguna manera es inconveniente denunciar los gastos suntuosos de quienes realizan actividades en cualquiera de los tres niveles de gobierno. Lo que está mal es que los responsables confundan y se confundan.
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Por eso, las críticas que se les están haciendo sí dañan su reputación, pero sobre todo la confianza que se les debe tener, por ser los máximos encargados de impartir justicia. En consecuencia, resultan inexplicables sus reacciones mediáticas ante la situación que están enfrentando.
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Si se revisa a fondo el caso, lo sucedido era totalmente previsible. Por un lado, porque no se puede llegar a tan altos niveles de poder con un discurso de austeridad mal elaborado porque rebasa los límites de la seguridad personal y la capacidad operativa que deben tener las instituciones. Por el otro, porque cada exceso cometido es una bomba de tiempo comunicacional que tarde o temprano termina por explotar.
La congruencia política es, en efecto, uno de los valores más apreciados por la sociedad. Sin embargo, antes de elaborar una narrativa se tienen que hacer diagnósticos precisos de lo que en realidad se puede y se debe hacer. La experiencia dice que es necesario partir del conocimiento preciso de lo que en realidad espera la gente, sobre todo en temas altamente sensibles.
Si se revisan con cuidado los estudios de opinión de los últimos años, la mayoría de las y los encuestados no estuvieron en desacuerdo, por ejemplo, con la compra del avión presidencial que encargó Felipe Calderón, que recibió Enrique Peña Nieto y que rifó y vendió a un precio muy bajo Andrés Manuel López Obrador.
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El punto central del conflicto no era la compra de la aeronave. En prácticamente todos los grupos de la sociedad se comprende la necesidad que un Jefe de Estado debe tener en materia de seguridad —de manera particular en estos tiempos— y de la eficacia que debe lograr para desplazarse dentro y fuera del país.
La crítica que hizo desde un principio López Obrador permeó rápidamente por los lujos evidentes en su interior y el presunto sobreprecio con el que se adquirió. A final de cuentas —y guardadas las proporciones— el proceso de comunicación del equipo de comunicación del expresidente Peña Nieto terminó dándole la razón a sus adversarios y pasó por un proceso similar al que ha seguido la SCJN en el asunto de las camionetas blindadas.
A uno y otros les pasó lo que al cohetero. Si hubieran usado los vehículos, sería malo primero, por su incongruencia. Segundo, porque no cumplen sus promesas. Y tercero, por su insensibilidad frente a las carencias del pueblo. Y si la decisión apunta en el sentido contrario —como sucedió— es imposible no pensar en los riesgos, tanto personales como para el poder que representan.
Promover políticas públicas de austeridad es conveniente, sobre todo en entornos económicos y políticos adversos. Es más, en un gobierno democrático nunca deberían ser aceptados los lujos ni los abusos. La racionalidad en el gasto y el bienestar general de la sociedad son los pilares de un gobierno justo y equitativo.
Es cierto que las narrativas que cuestionan a quienes dilapidan o no administran con eficacia los recursos de una nación son altamente rentables en el marco de las campañas electorales. El problema surge cuando en la gestión pública se rompe el principio del “justo medio”, es decir, en el momento en que no se consideran los límites de la responsabilidad, la eficacia y la ética pública.
En cualquier circunstancia política y comunicacional, los tres conceptos son esenciales para el buen funcionamiento de los gobiernos. No olvidemos que la ciudadanía demanda a su clase política una administración pública que sea confiable por sus resultados, que se conduzca con transparencia y que rinda cuentas en forma clara y oportuna.
Recomendación editorial: Nayeli Roldán. La austeridad mata. México: Editorial Planeta, 2024.