Durante varias semanas he hablado de la colusión de diferentes funcionarios o dirigentes del oficialismo con el crimen organizado y lo sucedido en Tequila, Jalisco corrobora que el problema va mucho más allá de una o dos personas que torcieron el camino.
No estamos hablando únicamente de la colusión local, del alcalde aislado o del funcionario corrupto. El problema es sistémico. Es un modelo político que tolera, protege y convive con estructuras criminales mientras construye un relato moralista desde el poder. Cuando el discurso oficial se dedica a desacreditar a periodistas, a minimizar señalamientos y a exigir “pruebas” sólo cuando el acusado es propio, estamos frente a algo más grave que corrupción: estamos frente a la captura del Estado.
Los ejemplos sobran:
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- El ya mencionado Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, fue detenido la semana pasada en la Operación Enjambre por extorsión pero por lo visto era una real “fichita” que tenía intereses en todos lados. Junto con él fueron arrestados los directores de Seguridad Pública, Catastro y Obras Públicas, confirmando un gobierno municipal completo capturado por prácticas criminales. Por cierto hay un video de la presidenta Sheinbaum pidiendo el voto para el señor Rivera.
- Ernesto Cruz Díaz, alcalde morenista de Cintalapa, Chiapas, fue detenido por autoridades federales y estatales por presuntos vínculos con grupos delictivos que operan en la región, tras investigaciones formales de la Fiscalía.
- Hilda Araceli Brown, diputada de Morena y exalcaldesa de Playas de Rosarito, fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero en favor del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción conocida como La Mayiza.
- Leonel Godoy Rangel, exgobernador de Michoacán y actual diputado federal de Morena, ha sido identificado como uno de los principales responsables de la institucionalización de la narcopolítica en el estado, permitiendo la infiltración criminal en gobiernos municipales durante su mandato. Este sujeto es tan poderoso y tan temido que en pleno debate en la Cámara de Diputados, posterior al asesinato del alcalde de Uruapan hace unos meses, nadie lo mencionó incluso estando presente.
- Rigoberto Salgado Vázquez, fundador de Morena en la Ciudad de México y exdelegado de Tláhuac, fue acusado de mantener vínculos con Felipe de Jesús Pérez, “El Ojos”, líder criminal abatido en 2017, cuya organización dominó la zona durante su gestión.
- Cuauhtémoc Blanco Bravo, exgobernador de Morelos, fue fotografiado con presuntos integrantes del crimen organizado y aparece mencionado en informes militares filtrados que advertían de vínculos entre su gobierno y grupos delictivos. Y bueno… no es el único delito que le atribuyen.
- Dionicio Álvarez Anonales, exfuncionario del gobierno de Morelos, fue cateado por la Fiscalía, encontrándose restos óseos humanos y animales en su domicilio, junto con objetos rituales, en un caso que exhibe la descomposición criminal dentro del aparato estatal.
- Adriana Marín, responsable de comunicación digital de Morena en el Congreso de la CDMX, declaró públicamente que “el narcotráfico es uno de los principales empleadores del país”, normalizando el crimen desde el discurso institucional. Es muy joven y quizás no se dio cuenta de lo que hacía, pero es el reflejo de la normalización de la narcocultura.
Cabe mencionar que en esta columna no mencioné a ninguno de los gobernadores vigentes y más de siete tienen vínculos con el crimen organizado que han sido evidenciados.
La gravedad del momento no está en la suma de escándalos, sino en su tratamiento político. Morena no actúa como un partido que combate la infiltración criminal; actúa como uno que la administra, la relativiza y la encubre cuando conviene. El mensaje implícito es devastador: no importa el vínculo, el pasado o lo que seas, importa la lealtad.
La narcopolítica no se combate con discursos mañaneros ni con la descalificación sistemática de la crítica. Se combate con instituciones fuertes, con controles internos, con investigación real y con costos políticos (los debe haber). Mientras eso no ocurra, México seguirá avanzando hacia un modelo donde el crimen no sólo disputa territorios, sino que controla —cada vez con mayor descaro— las decisiones del poder. Y cuando eso pasa, la democracia y libertad dejan de ser promesa y se convierten en simulación.