Hay una frontera que, cuando se diluye, convierte a un Estado en algo radicalmente distinto a una democracia defectuosa: la línea que separa al poder público del poder criminal. Cuando el ciudadano deja de distinguir si quien gobierna impone la ley o simplemente la administra en favor de los violentos; cuando la autoridad ya no combate al crimen, sino que convive con él, lo tolera o lo necesita, entonces no estamos ante un mal gobierno, sino ante el peor de los mundos posibles. Un país donde el miedo sustituye al derecho y la impunidad se vuelve política de Estado deja de ser una república para convertirse en territorio.
México hoy habita en más de la mitad de su territorio esa zona oscura donde la legalidad es una ficción y la soberanía se negocia. No se trata solo de homicidios impunes, desaparecidos, de territorios capturados o de elecciones condicionadas por el terror, sino de algo más profundo y corrosivo: la normalización de la sospecha de que gobierno y criminalidad ya no operan en planos distintos. Cuando la estrategia de seguridad se traduce en abrazos, silencios y excusas; cuando la violencia crece pero el poder se justifica; cuando la autoridad parece más interesada en negar que en perseguir, el mensaje es devastador: el Estado ha dejado de ser garante y comienza a parecer socio. Y eso, en cualquier democracia, es el principio del colapso.
- No creo que sean en vano las constantes referencias de Trump sobre que Claudia Sheinbaum no gobierna y que el narcotráfico tiene colonizado al Estado. Lo vemos en el día a día, en la forma en que hasta la justicia cotidiana es procurada por criminales y en especial por la forma que Morena y sus gobiernos defienden a un grupo de funcionarios y gobernadores que están claramente coludidos.
- El actual gobernador de Michoacán, ganó pero le fueron anuladas varias decenas de miles de votos porque se comprobó que habían sido operados por el crimen organizado. El antecedente es claro (y triste) y a pesar de que fue comprobado como supuestamente no es una cantidad “determinante” se le dejó como gobernador… Para ponerlo en palabras directas: es un gobernador del que queda constancia legal que fue respaldado por el narcotráfico y aun así, a pesar de la ley y la prueba, es gobernador y Morena tiene registro en Michoacán.
- La periodista Anabel Hernández ha publicado alegatos —basados en fuentes no oficiales— de un “narco-pacto” entre miembros del partido Morena y el Cártel de Sinaloa, específicamente con Iván Archivaldo Guzmán (hijo de “El Chapo”), para facilitar el triunfo electoral de candidatos de Morena en Sinaloa y otros estados. De hecho, la elección de toda la costa del pacífico fue operada por el crimen organizado, no sólo Sinaloa.
- Marina del Pilar, gobernadora de Baja California ha confirmado que su esposo (ex desde hace días) está en investigación. Y no es la única… Sinaloa es un narcogobierno, Tamaulipas también, ya hablamos de Baja California y Michoacán, pero también hay otros lugares claros.
- Lo de Uruapan es un ejemplo claro, pero son más de 10 alcaldes asesinados y el de Chilpancingo es de las peores escenas que se han visto… Y mientras pasa lo que pasó en Salamanca la presidenta habla de un grupo coreano…
- ¿Y el “huachicol” con Mario Delgado? ¿Y Guerrero con Salgado? ¿Y Durazo? ¿Y los extraños asesinatos de los colaboradores de Clara Brugada? ¿Qué está pasando?
El problema de fondo no es solo la violencia ni siquiera la impunidad: es la ruptura del pacto básico que sostiene a un Estado. Cuando el ciudadano sospecha que quien debería protegerlo convive, tolera o se beneficia del crimen, la ley pierde autoridad moral y la democracia se vacía de contenido. Ningún proyecto político puede sostenerse sobre el miedo, la omisión o la complicidad silenciosa. Un gobierno que renuncia a enfrentar al crimen organizado no se limita a fracasar en seguridad: abdica de su razón de ser.
Te podría interesar
México no está condenado a este destino, pero sí está obligado a nombrarlo. Recuperar la diferencia entre autoridad y delincuencia es una tarea urgente, ética y política, tarea que pasa por sacar a Morena del poder. Exige instituciones que investiguen, oposiciones que no callen, ciudadanos que no se resignen y una narrativa pública que deje de normalizar lo inaceptable. Porque cuando el Estado se parece demasiado al criminal, no gana la paz: gana la ley del más fuerte. Y ese es el camino más corto hacia la pérdida de la República.