Ya hace más de medio siglo, una eternidad, un músico poeta llamado Paul Simon nos dijo que “las palabras de los profetas están escritas en las paredes del Metro y en los vestíbulos de las casas”. Tal vez lo hizo rememorando el fogonazo de una luz que fue vista por miles de personas aquel viernes de fines de noviembre de 1963 en Dallas, o tan sólo refiriendo a esas masas que atienden a una realidad ausente de qualia, emergente en la nueva situación social advertida por McLuhan. Lo cierto es que la labor de profeta es de las más complejas, sobre todo cuando se trata de hacer predicciones sobre el futuro, como se atribuye haber dicho al físico danés Niels Bohr. Pero se debería ver lo que pasa si se intenta por esta ocasión.
Los vectores de la gobernanza
2026 es un año que de antemano se perfila como el "punto de quiebre" para la administración federal actual. Tras el periodo de gracia del primer año y medio, la realidad estructural suele imponerse sobre la narrativa política. En ello, son tres los principales vectores que definirán el panorama de la realidad nacional para el año que comienza: la relación con el vecino del Norte, la economía y la seguridad.
Para 2026, la relación con Estados Unidos estará marcada por la proximidad de la revisión del TMEC. El gobierno mexicano llegará con un discurso de soberanía energética y alimentaria que chocará frontalmente con las controversias comerciales pendientes. Es esperable que Washington presione no solo en lo económico, sino en el control de precursores químicos de estupefacientes.
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La migración dejará de ser un fenómeno transitorio para consolidarse como una moneda de cambio geopolítica. México se verá forzado a actuar como "tercer país de facto", lo que generará tensiones internas con organizaciones de derechos humanos. La relación no será de ruptura, pero sí de una "fricción administrada", donde cada concesión en seguridad buscará un margen de maniobra en lo comercial.
En el terreno económico, 2026 será el año donde se corroborará si el fenómeno del nearshoring fue una realidad transformadora o solo un espejismo retórico. El gobierno intentará capitalizar la inversión extranjera, pero se enfrentará a cuellos de botella críticos: la falta de infraestructura energética limpia y el déficit de agua en el Norte.
Pero lo más preocupante será la disciplina fiscal. Con los programas sociales blindados constitucionalmente y las obras del sexenio previo demandando mantenimiento, el margen de maniobra será mínimo. No se descarta una presión creciente por una reforma fiscal profunda, algo que el gobierno evitará para no pagar el costo político, optando en cambio por una mayor eficiencia recaudatoria que podría rayar en el acoso fiscal a las clases medias y empresas.
En el rubro de seguridad, 2026 será un año de continuismo. La Guardia Nacional estará plenamente integrada a la estructura militar. Desde el gobierno, se insistirá en que los índices delictivos van a la baja, enfocándose en la percepción y en los delitos de bajo impacto. Sin embargo, el control territorial de grupos fácticos en regiones clave seguirá siendo el elefante en la habitación.
La oposición utilizará este flanco para señalar un "Estado fallido" regional, pero carecerá de una propuesta alternativa que no sea volver a los modelos fallidos del pasado. La sociedad civil, por su parte, estará volcada en el tema de los desaparecidos, una crisis que para 2026 habrá alcanzado niveles de presión internacional insostenibles.
La reforma electoral por venir
La reforma electoral en ciernes será quizá el punto más crítico en el ambiente de la política nacional, cuando al arranque del año el gobierno estará por implementar una reforma que busque modificar y reducir la estructura de los organismos electorales, con la factible elección de consejeros, la posible desaparición de los órganos locales, la reducción y cambio de reglas para la complementación de los cargos de representación electos por mayoría con una requerida —aunque sin duda se pretenda reducir— presencia de las oposición y la disminución de los montos de gasto en la materia, en especial los recursos que se asignen a los partidos político.
Desde el gobierno esta reforma sin duda se venderá como un esfuerzo por una mayor "democratización" y un ahorro presupuestario (austeridad republicana), aunque el objetivo real será asegurar una estructura electoral más dócil de cara a las elecciones intermedias de 2027 y la posterior sucesión presidencial.
Desde las oposiciones, veremos un bloque reactivo, con partidos que intentarán judicializar cada paso de la reforma, pero con una debilidad que les impedirá frenar los cambios legislativos si la mayoría oficialista se mantiene cohesionada. Su narrativa será entonces la defensa de la democracia como causa común para las elecciones de 2027.
La gran incógnita será el mantenimiento de la alianza dentro del bloque oficialista, pues sin duda hay signos de tensiones bien sean chantajistas, bien rupturistas, que se agudizarán al redefinirse los asientos disponibles y los montos de reducción al financiamiento público para los componentes más pequeños de dicha alianza.
Una eventual terminación o al menos acotamiento del pacto tripartita ineludiblemente cambiará las condiciones para los comicios de 2027 y pudiera anticipar un escenario más competido que aquel que en principio se vislumbra.
Poco es lo esperable que realmente haga la sociedad civil al momento de la reforma, pues para que se dieran movilizaciones masivas de resistencia bajo la consigna de respeto a la autonomía ciudadana tendría que tenerse una causa común y clara, que por lo pronto no se ve en el horizonte.
A manera de colofón
Así se llega a 2026 con un México más polarizado, con un gobierno atrapado entre su promesa y compromiso de transformación y la terquedad de los duros datos económicos y de seguridad, pero donde la oposición no cuenta con un rostro y un discurso que conecte con algo más que el potencial miedo al oficialismo. La gran incógnita será luego el ciudadano de a pie: aquel que, alejado de las cúpulas partidarias, tendrá que decidir si la estabilidad de los apoyos directos compensa el deterioro institucional y la incertidumbre en seguridad.
2026 no será un año de finales, sino el año en que se acomoden las piezas para la gran batalla política e ideológica del resto de la década, si es que no se cae en un deterioro donde desaparezcan las opciones de contención próxima al creciente autoritarismo.