Donald Trump vuelve a tensar una cuerda antigua, la de la fuerza como atajo político. Esta vez lo hace desde el mar, invocando la guerra contra el narcotráfico y extendiendo su sombra más allá de las fronteras estadounidenses.
El discurso es sencillo y eficaz para consumo interno. El enemigo es difuso, transnacional y rentable como consigna. Los barcos cargados de droga, interceptados en alta mar, se convierten en prueba visual de autoridad, orden y decisión.
El problema comienza cuando la retórica de la interdicción se aproxima al lenguaje de la guerra. Combatir el narcotráfico en aguas internacionales no es una novedad ni una licencia ilimitada. Es una práctica regulada, técnica, sostenida por acuerdos frágiles y equilibrios diplomáticos.
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Estados Unidos dispone de instrumentos legales para actuar en alta mar, sobre todo frente a embarcaciones sin bandera o con consentimiento del Estado de pabellón. Esa potestad existe y ha sido ejercida durante décadas con discreción y coordinación.
Otra cosa es presentar esas operaciones como gestos de poder unilateral, cerca de las costas de países soberanos, donde el derecho internacional deja de ser un tecnicismo y se convierte en frontera política.
México es el ejemplo más delicado. Hablar de acciones antidrogas frente a sus costas activa una memoria histórica cargada de intervenciones, desconfianza y asimetrías. No importa que las operaciones se realicen fuera del mar territorial. El mensaje cuenta tanto como la maniobra.
Trump parece entender el narcotráfico no solo como delito, sino como pretexto estratégico. Al elevarlo a amenaza existencial, ensancha el margen de acción del Ejecutivo y reduce el espacio del debate legal y diplomático.
Esa lógica no es nueva. La lucha contra el terrorismo siguió un camino similar tras el once de septiembre, con resultados conocidos. Excepciones convertidas en regla. Operaciones quirúrgicas convertidas en conflictos permanentes.
El riesgo no es jurídico, es político. Cuando la interdicción marítima se presenta como demostración de fuerza, deja de ser cooperación internacional y empieza a parecer intimidación. El derecho resiste mal cuando se le empuja a justificar impulsos de poder.
En el fondo, la pregunta no es si Estados Unidos puede combatir el narcotráfico en alta mar. Puede hacerlo y lo ha hecho. La pregunta es qué ocurre cuando esa facultad se usa para redefinir límites, erosionar consensos y normalizar la acción unilateral.
El mar siempre ha sido espacio de tránsito y disputa. Convertirlo en escenario de gestos políticos puede dar titulares, pero también deja estelas largas. Algunas, como la historia enseña, regresan con mareas que ningún presidente controla.