Al cierre de 2025, el narcotráfico en México no presenta una derrota ni una expansión abierta. Lo que se observa es una reorganización silenciosa, menos visible en cifras nacionales, más evidente en territorios específicos. La violencia sigue vigente; no desapareció. Cambió de forma, de intensidad y de geografía.
Las grandes estructuras criminales dejaron de operar como bloques compactos. Hoy funcionan como constelaciones de grupos, algunos con capacidad transnacional, otros reducidos a control municipal o regional.
Esa fragmentación elevó los conflictos locales, incluso en zonas que durante años permanecieron en relativa calma. La disputa ya no siempre es por rutas internacionales, sino por mercados internos, cobros, protección y control social.
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El negocio se desplazó con claridad hacia las drogas sintéticas. La producción dejó de depender de grandes sembradíos y se trasladó a esquemas industriales más discretos, móviles y rápidos de reponer. Eso redujo riesgos logísticos y multiplicó puntos de fabricación.
El impacto se reflejó en la frontera norte, pero también en puertos, carreteras secundarias y ciudades medias.
La frontera sur cerró el 2025 bajo presión constante. El tráfico de drogas convive con el de personas, combustibles y mercancías ilegales. No son circuitos separados. Comparten rutas, operadores y protección armada. La presencia del Estado aumentó en algunos tramos, pero sin romper del todo la economía criminal que se sostiene con pobreza, migración forzada y corrupción local.
En términos de homicidio, estadísticas oficiales destacan una contención gradual. Los registros muestran descensos en promedios nacionales, aunque engañosos cuando se observan por municipio. Hay zonas donde la violencia se redujo y otras donde alcanzó picos inéditos. La muerte se volvió más selectiva, menos masiva, pero igual de funcional para imponer control.
Los golpes del Estado se concentraron en decomisos, detenciones visibles y destrucción de laboratorios. Eso elevó costos operativos para los grupos, pero no alteró su capacidad de adaptación. Cada captura relevante fue seguida por relevos internos rápidos. La estructura financiera, basada en extorsión, lavado y economías municipales, permaneció casi intacta en muchos territorios.
La relación con Estados Unidos endureció el tono durante 2025. La presión política se centró en el tráfico de opioides sintéticos. Hubo cooperación operativa, intercambio de inteligencia y acciones conjuntas, pero también tensiones públicas. El problema dejó de tratarse solo como seguridad y comenzó a asumirse como un factor de política exterior permanente.
El mayor desafío sigue siendo el control territorial. Allí donde el Estado no logra presencia cotidiana, servicios, justicia y autoridad creíble, el narcotráfico ocupa el vacío. No siempre con balas. A veces con empleo, crédito, protección o silencio impuesto. Esa es la parte menos visible del fenómeno y la más difícil de desmontar.
México cerró 2025 con un narcotráfico más discreto, más fragmentado y mejor adaptado. Menos espectacular en cifras nacionales, más profundo en la vida diaria de comunidades enteras.
El riesgo hacia adelante no es una explosión generalizada, sino la normalización del poder criminal en espacios donde la autoridad pública aún llega tarde o no llega.