Que Nicolás Maduro haya comparecido en un tribunal federal de Nueva York y se haya declarado inocente de cargos de drogas y armas es un hecho de enorme impacto político. Pero el debate verdaderamente peligroso no está en la sala del juez, sino en el camino que lo llevó a ese estrado: si su detención ocurrió mediante un operativo militar estadounidense en Venezuela, entonces se cruzó una línea que el derecho internacional contempla para impedirlo.
El orden internacional posterior a 1945 se sostiene, con todas sus imperfecciones, sobre una idea básica: ningún Estado puede usar la fuerza en el territorio de otro porque sí. La Carta de la ONU prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados. Las excepciones son limitadas y excepcionalísimas: la legítima defensa ante un ataque armado o una autorización del Consejo de Seguridad. Un arresto ejecutado por tropas extranjeras, para llevar a un acusado a una corte nacional, no encaja de manera natural en esos supuestos; y si se pretende hacerlo encajar a martillazos, lo que se rompe es la norma.
La cuestión, por tanto, no es si Maduro es culpable o inocente -eso debe decidirse con pruebas y debido proceso-, sino si un país puede convertir sus “leyes internas” en permiso para actuar militarmente fuera de sus fronteras. Porque el precedente implícito es inquietante: basta con que Washington etiquete a alguien como narcotraficante o “narcoterrorista” para justificar una incursión, una captura y una extracción. No un juicio: una operación de fuerza en otro Estado soberano.
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Si ese estándar se normaliza, entonces el mundo entra en un “nuevo orden” no por tratados, sino por hechos consumados: un orden donde la acusación equivale a sentencia operacional, y la soberanía ajena queda subordinada a la calificación unilateral de una potencia. Hoy es narcotráfico, mañana puede ser corrupción, cibercrimen o “amenaza a la seguridad nacional”. El catálogo es infinito cuando el criterio es el interés y el instrumento es el ejército más poderoso del planeta.
Se nos dirá que el fin lo justifica: que el narcotráfico es una amenaza transnacional, que el Estado venezolano no cooperaría, que no había otra opción. Pero precisamente para eso existen mecanismos internacionales: cooperación judicial, extradición, asistencia legal mutua, foros multilaterales. Saltarse todo y reemplazarlo por la fuerza no es fortalecer la justicia: es debilitar el sistema que impide que el mundo regrese a la ley del más fuerte.
La imagen de Maduro diciendo “Soy inocente” ante un juez en Nueva York puede ocupar titulares. Pero lo que debería inquietar a favor o en contra de Maduro es el mensaje subyacente: que una potencia puede acusar, entrar, capturar y trasladar, y luego pedirle al resto que lo llame “justicia”. Si aceptamos eso como normal, no solo se viola la soberanía de un país: se erosiona la idea misma de un derecho internacional que obligue también a los poderosos.