Hay una pregunta que difícilmente puede evitarse cuando quien lidera una organización dedicada a vigilar y denunciar la corrupción también es objeto de dudas sobre su conducta: ¿cómo defender la integridad de la lucha contra la corrupción cuando existen señales de irregularidad en quien la encabeza?
La pensión que se cuestiona no es un detalle menor. En sistemas públicos, las pensiones vitalicias para familiares de funcionarios están reguladas y sometidas a criterios estrictos. Si se sospecha que una viuda recibió esa pensión de forma irregular, esa sospecha no puede desvanecerse bajo el manto de la buena voluntad o de la admiración por la labor anticorrupción de la persona. Las reglas existen para todos, y las dudas sobre su aplicación deben resolverse a través de la investigación y la revisión objetiva de las pruebas, no a través de interpretaciones ad hoc ni de relatos que partan de la premisa contraria a la presunción de inocencia.
La líder de una asociación dedicada a la transparencia tiene una función valiosa: vigilar, denunciar y exigir cuentas. Su labor, cuando está libre de intereses, aporta claridad y estímulo para que las instituciones rindan cuentas. Pero esa misma función exige una coherencia ética aún más rigurosa. Ser un referente contra la corrupción implica, primero, que las sospechas sean tratadas con la seriedad que merecen y, segundo, que las investigaciones detrás de esas sospechas no se conviertan en herramientas para atacar a una persona por motivos ajenos a la legalidad y a la evidencia.
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Una acusación fuerte, como la que circula cuando se cuestiona la legitimidad de una pensión o la posible existencia de actos de corrupción en torno a esa pensión, requiere un marco claro. Cancelar una audiencia o abrir una carpeta no significa, por sí solo, que hay culpabilidad o inocencia. Significa, principalmente, que la justicia está trabajando para precisar hechos, ampliar o esclarecer indicios y evitar vacíos probatorios. En estos casos, la línea entre responsabilidad pública y responsabilidad personal puede volverse difusa, y es precisamente cuando debe brillar la transparencia.
Quien lidera una organización anticorrupción debe someter todas las acciones suyas y de su entorno a un escrutinio público riguroso. Si existen elementos que sugieran irregularidades, deben exponerse, discutirse y resolverse en los tribunales y ante las autoridades competentes. La debilidad de la democracia no es la existencia de investigaciones, sino la percepción de que la justicia es selectiva o que ciertas figuras quedan fuera del alcance de la misma. Por ello, la credibilidad de movimientos cívicos depende de la claridad con la que se manejan estas situaciones y de la velocidad con la que se rinden cuentas cuando hay señales de posible mal uso de recursos o de puestos.
La incongruencia que muchos advierten —una persona que lidera una causa contra la corrupción, a la vez señalada por irregularidades en un pago público— no debe zanjarse con consignas ni con culpas apresuradas. Debe enfrentarse con documentos, resoluciones y declaraciones verificables. La sociedad exige transparencia: ver qué documentos respaldan la pensión, qué criterios se aplicaron, quién autorizó el beneficio y si hubo revisiones posteriores. También exige que, si la investigación acusa conductas indebidas, estas conductas se analicen con el mismo rigor que se aplicó a otros casos, sin excepción.
El dilema, en suma, no es solo técnico; es moral y político. La lucha anticorrupción se sostiene con pruebas, con un marco de derechos y con un escrutinio público permanente. No se gana ni se sostiene a base de relatos heroicos ni de identidades intocables. Si hay indicios de irregularidad, corresponde a las autoridades investigar, documentar y, si procede, imputar. Y si se demuestra irregularidad, que las sanciones sean proporcionales y públicas, para que la lucha por la integridad gane en credibilidad, no se desgaste en atmósferas de duda.
Esta situación, más allá de su impacto individual, plantea una pregunta mayor para la sociedad: ¿cómo proteger a la ciudadanía de la corrupción sin convertir a las personas que la denuncian en chivos expiatorios cuando se discute su conducta personal? La respuesta está en la transparencia, en la rapidez de las investigaciones y en la separación clara entre la causa pública y las circunstancias personales. La verdad, en cualquier caso, debe salir a la luz con pruebas y argumentos verificables, no con suposiciones ni con ataques que desdibujen el propósito de la lucha.
Si se cumplen las leyes, si se presentan las pruebas y si las autoridades actúan con autonomía, la justicia podrá definir la verdad sin convertir a nadie en víctima de la polarización. La lucha contra la corrupción no se alimenta de certezas aisladas; se nutre de procesos abiertos, de información accesible y de una rendición de cuentas que no se detiene ante la afectación a personas, sino que avanza para esclarecer hechos y corregir errores. Esa es la única ruta que puede sostener la confianza pública en quienes denuncian y en quienes investigan.
Si Amparo Casar a sabiendas que su marido se privó de la vida de forma voluntaria, cobra una pensión ilegal, eso es un acto de corrupción, sin importar la justificación que se le quiera dar.