La coyuntura política mexicana está saturada de distractores mientras el país enfrenta desafíos de primer orden: la renegociación del TMEC, el Mundial de fútbol que captará la atención nacional, una violencia que no da tregua y señales de una economía que no termina de reactivarse con fuerza. En ese escenario, destinar la energía legislativa y mediática a revisar y replantear las reglas electorales —cuando aún no existe una iniciativa formal— es no sólo inoportuno, sino también insensato.
Mientras el Gobierno federal prepara una propuesta de reforma electoral para presentarse en febrero ante el Congreso, la oposición y la sociedad civil discuten si este ejercicio atiende necesidades reales del sistema democrático o si, por el contrario, se trata de una maniobra para reformar las reglas del juego en beneficio del partido gobernante.
7 puntos para desmontar la narrativa oficial y analizar las implicaciones de lo que algunos ya han bautizado coloquialmente como “Ley Maduro”.
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- Las reformas electorales no pueden nacer del poder. La literatura contemporánea sobre teoría democrática y elección pública subraya que los cambios a las reglas del juego electoral deben surgir de acuerdos amplios y con legitimidad competitiva, no como proyectos diseñados por quienes están en el poder. Cuando un gobierno promueve modificaciones a la arquitectura electoral desde una posición de ventaja, el riesgo no es técnico: es político y democrático. Autores como Giovanni Sartori y Arend Lijphart han argumentado que los sistemas electorales deben evolucionar desde consensos amplios, no desde las mayorías dominantes para favorecer su permanencia en el poder. El problema no es la reforma per se: es quién la impulsa y con qué fines.
- Autonomía necesaria. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido, desde su creación, la piedra angular de la equidad en las elecciones mexicanas. Cualquier intento por reducir su mandato, funciones o recursos debe ser visto no como una modernización, sino como una amenaza a esa imparcialidad. Reducir la autonomía del INE —sea en presupuesto, funciones o diseño institucional— no ahorra democracia: la erosiona.
- Sobrerrepresentación. En las elecciones de 2024, aunque Morena y su coalición consiguieron un número importante de votos, la forma como se asignaron las diputaciones plurinominales resultó en una sobrerrepresentación significativa en el Congreso. Esa sobrerrepresentación —que supera lo que debería ser el límite constitucional— es un ejemplo de que el diseño institucional puede producir mayorías artificiales, y por eso cualquier reforma debería primero corregir este tipo de distorsiones antes de crear nuevas reglas que podrían ampliarlas.
- Plurinominales. Las diputaciones y senadurías plurinominales sirven para ampliar la diversidad representativa, colocar frenos a las mayorías absolutas y dar voz a opciones políticas minoritarias. Reducirlas o eliminarlas sin ofrecer mecanismos equivalentes de representación proporcional es renunciar al pluralismo. Eso sin ahondar en la ironía de que quien promueve la reforma haya sido cinco veces legislador plurinominal.
- Presupuesto. Un argumento de la reforma oficial es la reducción del gasto electoral y de las prerrogativas a partidos. En principio puede sonar razonable: quién no querría austeridad y eficiencia. Pero sin mecanismos de control y fiscalización reforzados, la reducción de recursos públicos podría generar vacíos que el crimen organizado y el financiamiento ilegal aprovechen para influir en la política. El PAN ha advertido que recortes sin fiscalización no combaten la corrupción: la posibilitan. La agenda de reformas debería contemplar mayor transparencia, control y supervisión de recursos, no recortes indiscriminados.
- Propuestas INE y Salvemos la Democracia. Mientras el Gobierno prepara su iniciativa, el INE y grupos civiles organizados, como Salvemos la Democracia, han planteado con mayor detalle propuestas orientadas a mejorar la logística electoral, facilitar el ejercicio del voto y respetar la igualdad de condiciones. Algunas de estas propuestas son soluciones técnicas a problemas reales. Ese tipo de iniciativas deberían ser el punto de partida del debate, no ideas diseñadas por quienes tienen actualmente la mayoría legislativa.
- La ironía del PT y el PVEM. Paradójicamente, los partidos que se consideran aliados de Morena, han expresado reservas o rechazo a ciertas partes de la reforma —especialmente cuando les significan reducción de plurinominales o de recursos— indicando que la propuesta, tal como está concebida, no es necesaria. Esto pone en evidencia que la reforma tal vez está siendo cocinada más en función de intereses de poder que de un proyecto democrático consensuado. Si estos partidos terminan defendiendo aspectos del sistema vigente para proteger sus propios espacios, irónicamente podrían estar actuando como contrapesos de facto frente a una reforma que busca centralizar más poder en un solo bloque.
No es que el sistema electoral mexicano no deba perfeccionarse. Lo que está en juego es el origen, la dirección y la legitimidad de ese perfeccionamiento. Tratar de reescribir las reglas desde el poder —por muy tecnocrático que se presente— conlleva siempre el riesgo de convertirlo en una trampa autoritaria disfrazada de modernización democrática o de ahorro.
Si el verdadero objetivo es fortalecer la democracia mexicana, debemos exigir reformas que salgan del consenso y reflejen las prioridades ciudadanas, no las necesidades tácticas de un partido o un gobierno. De lo contrario, en lugar de una reforma electoral tendremos una “Ley Maduro”: un instrumento para consolidar el poder bajo pretextos.