Durante los últimos años, se han logrado avances que no pueden negarse: la pobreza laboral se redujo, el salario mínimo recuperó poder adquisitivo tras décadas de rezago y los programas sociales alcanzaron una cobertura inédita. Para millones de hogares, especialmente los más vulnerables, esto se tradujo en mayor ingreso disponible y menor incertidumbre percibida inmediata.
También es cierto que México, ha logrado atraer niveles récord de inversión extranjera directa, impulsada principalmente por la cercanía con Estados Unidos y su integración productiva vía el TMEC. Sin embargo, hacia 2026 el principal desafío es la viabilidad económica del modelo por el que se ha apostado. El crecimiento del PIB es prácticamente nulo y sin crecimiento, los programas sociales corren el riesgo de estancarse o mantenerse a costa de seguir “ahorrando” en otros servicios públicos ya de por sí limitados.
Aquí está el punto central: no hay política social sostenible sin crecimiento económico.
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Para las personas, esto se traduce en una realidad concreta. Aunque el salario mínimo ha aumentado, la informalidad sigue rondando el 55%. Más de la mitad de los trabajadores no tiene seguridad social ni ingresos estables. La pobreza laboral bajó, sí, pero sigue afectando a más de un tercio de la población. Sin más empleo formal y productivo, los ingresos reales encuentran un techo.
Para las empresas, el panorama también se ha vuelto más complejo. Los costos laborales han subido, se discute una reducción de la jornada a 40 horas y el entorno legal y regulatorio genera incertidumbre. Todo esto ocurre en un contexto donde la productividad no ha crecido al mismo ritmo. Para las grandes empresas, el ajuste puede ser manejable. Para micro y pequeñas empresas —que emplean a la mayoría, y a las que fenómenos como la extorsión, afectas más— el margen es mínimo.
A esto se suma el contexto global. Estados Unidos avanza hacia una política más proteccionista, con aranceles selectivos e intervencionismo. La revisión del TMEC en 2026 añade incertidumbre. México depende profundamente del mercado estadounidense: si la relación se tensiona, la inversión y el empleo pueden resentirse rápidamente.
El presupuesto público refleja esta tensión. Programas sociales y pensiones absorben una proporción creciente del gasto, mientras el espacio fiscal para seguridad, salud, infraestructura y agua es limitado. Sin crecimiento, la recaudación no aumenta y el Estado entra en una lógica de contención, no de desarrollo.
El gran reto para 2026 no es ideológico, es estructural: cómo pasar de una política centrada en redistribuir a una capaz de generar crecimiento sostenido. Eso implica inversión productiva, mayor productividad, energía confiable, infraestructura, certidumbre regulatoria y un combate real a la informalidad. También implica aceptar que salario mínimo, reducción de jornada y bienestar solo son sostenibles si la economía crece.
La 4T ha trabajado en reducir desigualdades sociales importantes pero el desafío ahora es evitar que esos avances se choquen con una economía estancada. Para personas y empresas, 2026 debería ser menos sobre incertidumbre y más sobre certezas que promuevan el crecimiento económico suficiente para que el bienestar no dependa únicamente del presupuesto, sino del trabajo productivo y formal.