Desde que fue planteada la posibilidad de una reforma electoral en el sexenio de López Obrador, el tema adquirió diversos tintes que el Partido Acción Nacional (PAN) vislumbraba como una regresión a lo que se ha alcanzado en los últimos 30 años.
Ahora, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, desde finales del año pasado, se ha impulsado el tema con la creación de una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que, a pesar de foros y la presentación de diversas propuestas, tanto de la sociedad como del INE, no se conoce documento alguno.
Lo que si conocemos son los temas que han sido propuestos tangencialmente desde la presidencia de la República y que, desde el PAN vemos con gran preocupación.
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En principio, una de las grandes críticas que desde Acción Nacional hemos cuestionado ha sido que la reforma podría colocar al INE bajo el control del oficialismo, lo que abriría la posibilidad de manipular los resultados electorales y, con la captura del “árbitro electoral” varias decisiones podrían afectar a la oposición.
En el contexto del debate sobre la reforma electoral, legisladoras y legisladores del PAN han señalado que más que fortalecer nuestro sistema democrático, se busca desviar la atención a los problemas nacionales, que son muchos, así como pretender perpetrar a Morena en el poder.
Se propone la reducción presupuestal de las autoridades electorales cuando debería pensarse en el fortalecimiento de su autonomía e independencia. Si de recursos se refiere, algunas y algunos consejeros del INE han manifestado que podrían ahorrarse recursos con la implementación de sistemas electrónicos de votación.
Se propone la reducción del financiamiento a partidos políticos, medida que no sólo debilitaría a las distintas expresiones y pluralidad política, sino concentraría el poder público en un solo partido político: Morena, con lo que se eliminaría condiciones de equidad e igualdad en las discusiones políticas donde se acuerda el destino de este país.
El financiamiento otorgado a los partidos políticos es una condición para asegurar su trabajo permanente en beneficio de la sociedad, la representación ciudadana y la pluralidad en nuestra sociedad, elemento fundamental de todo sistema democrático.
En el mismo sentido, se ha hecho referencia a la disminución de curules de representación proporcional en ambas Cámaras que, además de polémica, resulta contradictorio que un gobierno que se dice de izquierda y que históricamente luchó por la pluralidad política hoy nos venga con esta regresión.
Otro tema polémico es la regulación de la propaganda electoral, en donde existen críticas sobre los alcances de estas intenciones que pueden implicar restringir derechos como la libertad de expresión, así como una posible limitación de los partidos políticos para comunicar de manera adecuada propuestas que beneficien a la ciudadanía. Acción Nacional defiende la imperiosa necesidad de mantener un marco normativo que permita una competencia abierta, plural y justa.
Existen otros temas que también generan controversia, por ejemplo, la terquedad de empatar las polémicas elecciones judiciales con las elecciones federales y locales, así como poner en la boleta electoral a Claudia Sheinbaum ante la probabilidad de un ejercicio de Revocación de Mandato en 2027.
Ahora bien, la reforma electoral además de la posición que ha manifestado públicamente Acción Nacional, empieza a hacer crisis con sus principales aliados, el PVEM y el PT han cuestionado, por ejemplo, la disminución de diputaciones plurinominales; Movimiento Ciudadano incluso ha referido que no ve la necesidad de una reforma, aspecto coincidente con diversos actores políticos y académicos.
Independientemente de lo que el Legislativo determine, toda reforma a nuestro marco constitucional y legal debe llevar el consenso más amplio de todas las fuerzas políticas, de organizaciones electorales, de autoridades electorales y, por supuesto, de la ciudadanía.
Lo contrario, será atentar en contra de nuestros principios democráticos.