Una de las obligaciones del Estado es dotar a la población de las herramientas suficientes para su pleno desenvolvimiento, tales como su seguridad, oportunidades de desarrollo, economía estable y crecimiento sostenido, respeto a las libertades y derechos fundamentales, generación de empleo, entre otras.
Sin embargo, nuestra nación no cumple con ninguna. Veamos un aspecto nodal que es una exigencia de la población: su economía.
Aunque el gobierno insista en señalar que nuestra economía es sólida, la realidad es que está atravesando por un estancamiento que pudiera implicar, en un corto plazo, hasta un retroceso, lo que pone en tela de juicio la efectividad de las estrategias y políticas económicas.
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Los indicadores económicos no mienten. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó para nuestra nación un triste crecimiento real de apenas el 1.0%, lo que implica una desaceleración de 1.5% respecto al año inmediato anterior, es decir, 2024.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha señalado que nuestra economía ha sufrido una contracción de -0.3% durante el tercer trimestre de 2025, tanto en tasa anual como trimestral, de donde hay que decir, que este tipo de registros generan un impacto negativo en la percepción de los mercados que pueden generar algún grado de inestabilidad económica por la incertidumbre de crecimiento.
Asimismo, son datos que tienen repercusiones en las actividades industriales (actividades secundarias), que concentran, por ejemplo, la industria manufacturera, pues tuvo una contracción anual del -2.9%. Este desequilibrio se traduce en que el motor económico no logra caminar para impulsar una recuperación económica suficiente que genere estabilidad en nuestra economía.
Ahora bien, uno de los problemas más importantes es que ante una economía inestable ésta se traduce en menores empleos y en un escaso crecimiento del ingreso promedio por persona.
La tasa de crecimiento anual compuesta del PIB per cápita entre 1950 y 2019 fue apenas del 1.9%, registro que está muy por debajo del promedio de países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que obtuvo un puntaje de 2.7%.
Estos resultados no son alentadores, mucho menos positivos, reflejan una mala política económica que puede generar inestabilidad social e incertidumbre en el crecimiento de nuestra nación en donde la población sería la más afectada.
¿Qué necesitaríamos para corregir el rumbo? Primero, el gobierno debe aceptar que nuestra economía muestra datos de agotamiento, de contracción e incertidumbre.
Es necesario analizar la viabilidad de instrumentar ajustes fiscales que permitan determinar con claridad la sostenibilidad de la deuda pública; el gasto público debe priorizar inversiones en infraestructura y educación que, al final, es el motor de crecimiento en cualquier nación no solo en el contexto económico; es necesario fijar nuevas políticas públicas que ayuden a reducir la pobreza que, de acuerdo con el INEGI en sus datos más recientes de 2024, los principales retos siguen siendo la seguridad social y los servicios de salud.
Es obligado en una nación que se dice democrática la creación de empleos formales, el INEGI revela que la informalidad laboral es cada vez más alta superando el 55% de la población ocupada en 2025. Además, la informalidad guarda ciertas características para las personas como falta de contrato, seguridad social, acceso a la salud, entre otros rubros.
El gobierno debe dejar de mentir, debe generar consensos y acuerdos que permitan un reencauzamiento de nuestra economía, es por la sociedad, por nuestra democracia, pero, sobre todo, para lograr que México crezca de manera equitativa e igualitaria tal cual lo exige la sociedad.