Se estima que el Congreso ha avalado cerca del 87% de las iniciativas enviadas por Sheinbaum en su primer año, un récord histórico para un arranque de administración, dentro de las que ha habido iniciativas de reformas que han pasado casi íntegras desde el Ejecutivo, manteniendo la esencia del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, pero otras han pasado con modificaciones técnicas o incluso de fondo.
Cambios a las iniciativas
Entre las iniciativas aprobadas sin cambios sustanciales se encuentra un paquete de reformas a siete artículos constitucionales que garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la paridad en gabinetes; el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica propia; las modificaciones constitucionales para devolver a Pemex y CFE el carácter de "empresas públicas del Estado" y darles preponderancia sobre las privadas; la elevación a rango constitucional de programas asistenciales y el sistema de vivienda para trabajadores; y la inscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
En contraparte, y a pesar de la mayoría calificada de la coalición gobernante, algunas iniciativas de alto perfil fueron ajustadas en las Cámaras —especialmente en el Senado— para matizar alcances legales o responder a presiones de sectores específicos. Estas iniciativas reformadas han sido: la reforma en materia de Prisión Preventiva Oficiosa, para la que si bien se aprobó la ampliación del catálogo de delitos, el Legislativo realizó ajustes para excluir ciertos delitos que generaban controversia internacional o para precisar las causales, manteniendo el enfoque en extorsión y fentanilo; la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, en la que se hicieron cambios para fortalecer los derechos de las audiencias y las radios comunitarias indígenas antes de su aprobación definitiva; la reforma en materia de desaparición forzadas, en la que se incluyeron modificaciones para obligar a particulares a aportar datos biométricos y personales en casos específicos, bajo un esquema de multas que fue ajustado durante el debate parlamentario; y en la discusión del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo se incorporaron medios digitales y ajustes en los plazos de resolución que no estaban detallados en la propuesta original, buscando una "justicia más expedita".
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El bloque gobernante
Esta realidad de aprobación sin y con cambios a las iniciativas enviadas desde el Ejecutivo federal no refleja una realidad actual en la que el gobierno se ejerce no sólo desde un poder unipersonal, sino con un diálogo permanente sordo con un grupo de personas que externan las demandas que se impulsaron desde el gobierno anterior y que han ido dando forma y contenido a la agenda de reformas. Así, más que hablar de un gobierno desde el Ejecutivo puede hablarse de la formación y operación de un bloque gobernante, lo que se expresa en la manera en que se actúa ante las presiones externas por la detención y en su caso extradición de personajes de la política vinculados por Estados Unidos con actividades de narcotráfico, apoyando a grupos criminales que operan en sus zonas de influencia. Ante estas demandas el Ejecutivo no ha actuado de manera aprobatoria y expedita con acciones que pueden afectar su alianza con otros integrantes del bloque gobernante que expresan la alianza con el partido mayoritario, lo que ha pospuesto una respuesta franca y decidida frente a los personajes indicados como narco-políticos.
Pero hay una segunda esfera de contención al poder presidencial que se ha mostrado en las tensiones ante una eventual reforma electoral. Ésta la conforman los partidos que forman parte de la coalición gobernante y cuyo papel no es meramente simbólico, pues sus votos son necesarios para llevar adelante cualquier reforma legal que se intente pasar por el Legislativo, primordialmente aquellas que pretendan alterar el contenido de la Constitución.
Existiría una última esfera del actual sistema político mexicano, integrada por los partidos de oposición, cuyo papel actual es marginal en la conformación del nuevo orden, pues sus posiciones y avales no son requeridos para llevar adelante ninguna reforma, incluso aquellas que solamente afecten a leyes secundarias.
Los cambios previsibles
De presentarse la propuesta de reforma legal en materia electoral en los términos en que ha sido prevista y no alterarse para lograr el aval de los partidos que complementan la coalición gobernante —lo que al momento no se ve aún como algo viable— el mecanismo de reparto de curules se alteraría, incrementando la participación potencial del partido mayor hasta poder alcanzar por sí sólo la mayoría para realizar reformas a leyes secundarias. Ello dependería de especificidades como la supresión del límite a la sobrerrepresentación actualmente establecida, dejando el reparto como un mecanismo mixto independiente y no acotado entre la pista de puestos por mayoría relativa y por representación proporcional. De mantenerse este límite y de repetirse el resultado electoral más reciente, el partido mayor no alcanzaría por sí sólo el umbral para aprobar reformas sin el concurso de otros partidos.
Pero es cuestionable que el resultado de la próxima elección legislativa genere un reparto de votos idéntico al anterior. Por el contrario, es esperable que se presenten cambios. Y si estos cambios afectarán la participación en curules del bloque mayoritario disminuyéndolos, sea cual sea el mecanismo con el que se realice el reparto, el actual o uno modificado por la eventual reforma en materia electoral, entonces se afectaría el esquema de reparto de poderes en el sistema político, pasando los partidos de oposición de jugar un papel meramente simbólico a detentar un poder real que obligará a la interlocución desde la esfera central con ellos, pues sus votos serían necesarios para pasar reformas constitucionales, o bien forzara el abandono desde esta zona céntrica de toda pretensión de reforma a nivel constitucional, lo que daría de facto un poder de veto a los partidos opositores.
Sea cual sea el saldo de reforma pretendida en materia electoral y el reparto de votos que se produzca por la elección legislativa del año próximo, serían entonces dos escenarios los que podrían darse como resultado de estos comicios: la reiteración de la mayoría calificada para la coalición mayoritaria, lo que se facilitaría de darse la reforma electoral pero no se garantizaría, o la pérdida de la mayoría calificada para el bloque gobernante, lo que alteraría las coordenadas de conformación del sistema político mexicano.