En México, la palabra soberanía suele pronunciarse con una solemnidad casi sagrada. Se invoca para cerrar debates, para rechazar críticas externas y, sobre todo, para evitar discusiones incómodas. Sin embargo, pocas veces se analiza con rigor qué significa realmente ejercer la soberanía en un contexto donde se denuncia que el crimen organizado opera como poder fáctico transnacional y donde la cooperación internacional ya no es una opción, sino una necesidad.
La discusión ha vuelto al centro del debate público ante los señalamientos recientes sobre una posible participación más activa de Estados Unidos en el combate al crimen organizado en México, así como por la retórica cada vez más dura de Donald Trump en materia de seguridad. La sola idea de tropas estadounidenses en territorio nacional provoca, con razón, una reacción defensiva inmediata. No obstante, el problema no es la reacción emocional, sino la pobreza conceptual con la que solemos abordar el tema.
El crimen organizado que hoy enfrenta México no es un fenómeno local. Opera con redes financieras internacionales, rutas logísticas globales, tráfico de armas proveniente del exterior y mercados de consumo que no están en nuestro territorio. Pretender combatirlo exclusivamente desde una lógica de soberanía cerrada es desconocer la naturaleza misma del problema. Ningún Estado moderno enfrenta amenazas transnacionales sin algún grado de cooperación internacional.
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Ahora bien, reconocer la necesidad de cooperación no equivale a aceptar, sin más, una intervención militar extranjera. Aquí es donde el análisis debe ser serio y no ideológico. Entre los posibles beneficios de una mayor cooperación con Estados Unidos se encuentra el acceso a capacidades de inteligencia, tecnología y presión operativa que México, por sí solo, no siempre ha logrado consolidar. También es cierto que la exigencia de resultados por parte del vecino del norte ha derivado en acciones concretas contra estructuras criminales de alto nivel.
Pero los riesgos son igualmente claros. La presencia de tropas extranjeras en suelo mexicano, aun bajo esquemas de “apoyo”, plantea dilemas constitucionales, políticos y simbólicos profundos. Puede generar una percepción de pérdida de control del Estado, alimentar narrativas de ocupación y, en el peor de los casos, provocar una escalada de violencia o reacciones sociales adversas. La soberanía territorial no es un concepto menor ni una simple formalidad.
El problema de fondo es que en México solemos reducir la soberanía a una consigna defensiva de no intervención. Pero la soberanía moderna no se limita a cerrar la puerta, implica la capacidad real del Estado para ejercer autoridad efectiva, cumplir la ley, proteger derechos y respetar compromisos internacionales. Un Estado soberano no es el que grita más fuerte, sino el que cumple mejor.
Aquí surge una contradicción que cabe resaltarse con claridad. En los últimos años, el discurso oficial ha sido enfático en rechazar cualquier forma de intervención externa en nombre de la soberanía. Sin embargo, al mismo tiempo, el propio Estado mexicano ha solicitado auxilio, respaldo o pronunciamientos de organismos internacionales en distintos contextos políticos y diplomáticos. Eso, en sí mismo, no es negativo, lo problemático es la selectividad con la que se invoca el derecho internacional.
Un ejemplo ilustrativo es el incumplimiento persistente de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humnaos que declaró incompatible la prisión preventiva oficiosa con los estándares convencionales. México ha sido notificado, advertido y observado. Aun así, el cumplimiento ha sido parcial, lento y abiertamente resistido bajo argumentos de soberanía constitucional, incluso ampliando el catálogo de delitos que prevén prisión preventiva oficiosa en lugar de erradicarla. Cuando se trata de limitar el poder punitivo del Estado y garantizar derechos humanos, la soberanía se presenta como un escudo infranqueable.
Paradójicamente, cuando el contexto internacional es adverso o cuando se busca respaldo frente a presiones externas, la soberanía se vuelve flexible y se apela a la protección internacional. Este uso instrumental del derecho internacional debilita la posición del Estado mexicano y erosiona su credibilidad. No se puede exigir respeto irrestricto a la soberanía mientras se incumplen obligaciones internacionales libremente asumidas.
La postura internacional de Donald Trump, especialmente tras episodios recientes en América Latina, deja claro que su visión del orden internacional es pragmática, unilateral y orientada a resultados. En ese contexto, México no puede limitarse a responder con consignas históricas y retóricas. Necesita una estrategia clara, coherente y jurídicamente sólida que defina hasta dónde llega la cooperación, bajo qué condiciones y con qué controles democráticos.
La verdadera discusión no es si Estados Unidos debe o no intervenir militarmente en México. Esa respuesta, en términos constitucionales y políticos, parece clara. La discusión real es si México está dispuesto a ejercer su soberanía de manera integral, fortaleciendo sus instituciones, aceptando la cooperación internacional con reglas claras y cumpliendo, sin excepciones convenientes, con el derecho internacional que dice defender.
Mientras la soberanía siga siendo un concepto utilizado de forma reactiva y selectiva, el Estado enfrentará dificultades para articular respuestas eficaces frente a fenómenos de naturaleza transnacional. La cooperación internacional, cuando es clara en sus alcances, jurídicamente delimitada y sujeta a controles democráticos, no compromete la soberanía; por el contrario, su ejercicio se ve debilitado cuando existen inconsistencias normativas, incumplimientos de compromisos internacionales o falta de coherencia institucional.
México no requiere renunciar a su soberanía ni ampliar de forma acrítica la intervención externa. Lo que resulta indispensable es fortalecer su ejercicio responsable, mediante instituciones capaces de coordinarse con actores internacionales, respetar el marco constitucional y convencional, y responder con eficacia a los desafíos de seguridad y derechos humanos que enfrenta el país.