Durante décadas, cuando se hablaba de fraude electoral, la imagen que venía a la mente era la de urnas embarazadas, boletas clonadas o votos falsos en casillas. Hoy, esa postal pertenece a otra época. El fraude ya no siempre se comete en las calles ni en los conteos preliminares, ahora se cocina detrás de una pantalla, se multiplica por algoritmos y se camufla en la viralidad de las redes sociales.
La era digital ha transformado la competencia política, pero también los métodos de manipulación electoral. Las campañas sucias, la violencia digital, los ejércitos de bots, las fake news o los ataques coordinados para distorsionar la percepción pública han abierto una nueva dimensión de riesgo para la democracia mexicana. Muchas de esas conductas, aunque éticamente reprochables y socialmente destructivas, pueden complicarse al momento de tratar de encuadrarse como delitos electorales.
El artículo 7, fracción VII, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, sanciona por ejemplo, la inducción coactiva del voto, pero, ¿qué sucede cuando esa coacción no es a través de un canal tradicional, sino una red social? ¿Cuándo el “inducir” se realiza a través de desinformación algorítmica o campañas de desprestigio diseñadas por inteligencia artificial? O ¿Qué sucede con la violencia digital?
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Debo decir que si bien el marco jurídico electoral mexicano, aunque avanzado (a veces sobre regulado), aún responde a un paradigma analógico. La norma no fue concebida para enfrentar el fenómeno de la manipulación digital de la voluntad popular. Sin embargo, el derecho penal electoral es una rama viva y evolutiva, su principio de tipicidad no impide una interpretación sistemática que atienda al bien jurídico protegido: la libertad del sufragio y el adecuado desarrollo del proceso electoral.
Desde esa lógica, cualquier acción dolosa que distorsione de manera relevante la decisión informada de la ciudadanía o menoscabe el ejercicio de sus derechos políticos, puede en determinados casos, ser considerado un ataque al proceso electoral y su adecuado desarrollo, y por ende, tener una consecuencia punitiva.
En la elección de 2024, se reportaron redes de cuentas falsas que difundieron mensajes personalizados contra candidaturas específicas, simulando ser votantes genuinos. En términos técnicos, se trata de operaciones de manipulación automatizada que, si bien no están expresamente tipificadas, pueden vincularse con la conducta prevista en el artículo 7, fracción IV de la ley de delitos electorales, relativa a obstaculizar el desarrollo normal de la votación mediante artificios o engaños, o al 20 bis, si se tratara de violencia de género digital.
Sobre ello, además del desafío conceptual agregamos el probatorio. Las fiscalías electorales, tanto la FISEL como las locales, enfrentan el enorme reto de perseguir delitos cometidos en entornos virtuales donde las pruebas son volátiles, las cuentas desaparecen y las huellas digitales se ocultan bajo servidores extranjeros. De ahí la urgencia de fortalecer la investigación cibernética electoral, con unidades técnicas capaces de rastrear metadatos, identificar campañas de automatización y vincular perfiles digitales con estructuras de financiamiento ilícito.
El problema del uso de la tecnología en materia electoral comienza cuando las herramientas digitales se usan con dolo para alterar el voto libre o distorsionar la integridad del proceso. En ese punto, el Derecho Penal Electoral deja de ser una amenaza y se convierte en una garantía, en un mecanismo para proteger la democracia frente a las nuevas formas de fraude.
México no parte de cero en su regulación, no obstante, hace falta un protocolo nacional de persecución penal de delitos electorales digitales, articulado entre fiscalías, policía cibernética y autoridades electorales, requiere pues, de una alta especialización en materia penal, electoral y de investigación, por lo que urge el fortalecimiento de la procuración de justicia electoral.
El fraude ahora puede programarse, y si el derecho penal electoral no evoluciona con la misma rapidez que una app, corremos el riesgo de quedarnos protegiendo urnas vacías mientras se manipulan millones de conciencias en línea.
Viene la reforma, esperemos que los cambios estén a la altura de las necesidades que demanda nuestra actualidad.