Durante la última década, Ucrania intentó, sin éxito, incorporarse al proyecto europeo. La suspensión del acuerdo de asociación con la Unión Europea, decidida por el entonces presidente ucraniano Viktor Yanukóvich, desencadenó las protestas del Euromaidán, que culminaron en su huida y su destitución. Rusia anexó Crimea, lo que le permitió controlar el puerto de Sebastopol, pieza clave para la proyección naval rusa en el mar Negro. De manera paralela, insurgencias prorrusas armadas estallaron en Donetsk y Luhansk, regiones industriales del este ucraniano conocidas como el Donbás.
En 2022 Ucrania retomó explícitamente su aspiración a redefinir de manera autónoma su rumbo político y estratégico, insistiendo en el acercamiento a Europa y en la ruptura de su dependencia estructural de Rusia. Bajo el liderazgo del presidente Volodomyr Zelensky, esa decisión se tradujo en la búsqueda de integración euroatlántica, en particular en la OTAN, como mecanismo de disuasión.
El conflicto derivado de esa confrontación apunta a que el escenario más probable es que Ucrania ceda a los intereses rusos respaldados por Estados Unidos en el que, entre otras cosas, se consolidaría el control administrativo total de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia y Jersón, en su totalidad administrativa, y con ello garantizaría de forma permanente el control del mar Negro, un espacio fundamental y estratégico tanto para su supervivencia comercial como militar.
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Antes de la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, tanto los europeos como los estadounidenses coincidieron de manera contundente en la ilegalidad de la anexión, que viola el Derecho Internacional, la Carta de la ONU, el Memorando de Budapest y, sobre todo, que estas acciones atentaban contra la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, que no son negociables.
Con la administración Trump 1.0, esa lógica comenzó a tensarse. La Casa Blanca sostuvo que Estados Unidos paga desproporcionadamente por la defensa colectiva de la OTAN. En su visión de America First, ha sido evidente la reducción de compromisos multilaterales, especialmente cuando estos arreglos se percibían como restricciones a la soberanía americana o incluso como obstáculos a sus prioridades internas, incluso su exsecretario de Estado Mike Pompeo amagaba la posibilidad de salirse del Tratado.
Tras la resolución del frente venezolano y captura de Nicolás Maduro, el tablero geopolítico se aceleró y se reconfiguró, en especial, en dos frentes: Groenlandia y, desde nuestra visión, México. En ambos casos, el control de espacios clave para la seguridad hemisférica global.
Desde el inicio de su administración, el gobierno de Donald Trump identificó a Groenlandia como un activo estratégico central dentro de la estrategia ártica estadounidense. Las proyecciones hacia 2030, asociadas al acelerado deshielo del Ártico, anticipan la apertura de nuevas rutas marítimas capaces de transformar el comercio global y el equilibrio geoeconómico al reducir sustancialmente los tiempos y costos de transporte. Bajo esta lógica, la región adquiere un valor crítico como plataforma de control, proyección, defensa y vigilancia, tanto comercial como militar.
Esto conllevaría un riesgo. Diversos países, como Francia, Alemania, Finlandia, Suecia, Noruega, Países Bajos y Reino Unido, han incrementado su presencia y sus ejercicios militares en torno al Ártico, bajo el argumento de preservar la soberanía y la integridad territorial, a lo que la administración Trump respondió de manera inmediata con un arancel del 10% a estos países, reafirmando la lógica de negociación basada en fuerza más que en consensos multilaterales tradicionales.
De persistir la dinámica que existe en torno a Groenlandia, podríamos anticipar un escalamiento gradual por ambas partes, tanto por Estados Unidos como de la OTAN. La disuasión volverá a ocupar un lugar central como instrumento estratégico: mayor presencia militar, ejercicios conjuntos, posicionamiento anticipado y mucha cautela en la diplomacia, hasta que se alcance un consenso que resulta difícil de lograr. ¿Podría este proceso marcar el colapso de la OTAN tal como la conocemos?
Moneda en el aire: las rutas del narco en el Pacífico
El contexto
Se tienen identificadas al menos siete rutas claramente identificadas para el tráfico de enervantes que conectan Colombia, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Puerto Rico con puntos estratégicos en Chiapas, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca y Colima, desde donde se proyectan hacia Estados Unidos, o Europa, Asia e incluso África, tráfico en avionetas tipo Cessna, transporte terrestre hacia la frontera norte o rutas marítimas en el Pacífico. Estos corredores constituyen la infraestructura criminal de las organizaciones delictivas.
El alertamiento
La Federal Aviation Administration (FAA) emitió el pasado viernes un aviso de riesgo operativo no localizado para la aviación civil en amplias zonas del Pacífico, en áreas cercanas a México, Centroamérica y Sudamérica. El aviso advierte sobre interferencias en los sistemas de navegación satelital (GNSS/GPS) y la posible realización de actividades militares. Estas interferencias pueden manifestarse mediante el bloqueo deliberado de señales o la emisión de señales falsas (spoofing), comprometiendo la navegación, la conciencia situacional de las tripulaciones y los procedimientos de aproximación.
¿Qué se infiere
Este tipo de degradación no suele ser accidental, especialmente cuando se vincula a ejercicios militares, pruebas de capacidades o escenarios de guerra electrónica. La FAA, entre líneas, reconoce la existencia de un entorno operativo de alta tensión, susceptible de evolucionar hacia un teatro de operaciones. En ese escenario, el U.S. Southern Command (SOUTHCOM) podría articular acciones directas de disuasión contra los cárteles, integrando inteligencia, vigilancia y, eventualmente, interdicción cinética contra embarcaciones o aeronaves sospechosas de transportar enervantes en tránsito por espacios internacionales.
¿Qué sucede con México?
México ha sostenido que las acciones en aguas territoriales y espacio aéreo nacional deben ser responsabilidad exclusiva del Gobierno de la República, que ha reiterado su capacidad para mitigar estas amenazas. Sin embargo, cuando dichas operaciones se desarrollan en espacios internacionales, la intervención de agencias extranjeras toma potestad. En ese punto, la discusión deja de ser soberanía y pasa a ser disuasión e interdicción. Se imponen como instrumentos de seguridad hemisférica.