Parece en ocasiones inaudito que, casi mes con mes, despertemos con una velada —aunque cada vez menos ambigua— amenaza sobre la posibilidad de una incursión armada por parte de Estados Unidos, de ataques con drones contra objetivos narcoterroristas, de la necesidad de expulsar a una criminocracia que ha cooptado durante años diversas esferas de la política nacional, de la imposición de nuevas sanciones económicas e incluso de la percepción de que el presidente Trump escribe un mensaje en “X” según el estado de ánimo con el que se levantó esa mañana. Sin embargo, esta narrativa pierde de vista que detrás de estos señalamientos no hay improvisación, sino arquitectura institucional. Paul Dans y Steven Groves, uno exfuncionario del presidente Trump en la Oficina de Gestión de Personal y el otro jurista senior de la Heritage Foundation, representan a los arquitectos políticos, legales, operativos e ideológicos del proyecto Project 2025 / Mandate for Leadership 2025: un plan de transición presidencial impulsado por más de cincuenta organizaciones conservadoras, diseñado para permitir que un nuevo gobierno tome el control del aparato federal desde el día uno de su mandato.
El eje central del proyecto descansa en un principio tan simple como disruptivo: “personnel is policy”. Quien controla los nombramientos controla la política. A partir de esta premisa, se estructuran cuatro pilares que derivan en recomendaciones específicas, agencia por agencia, para reconfigurar el funcionamiento del Estado federal: la Casa Blanca, el DHS, el DOJ, el Departamento de Estado, la Comunidad de Inteligencia, el Tesoro, el Comercio, entre otros. No es una agenda, es un manual.
El documento securitiza casi de forma absoluta el crimen. Conceptos como frontera, crimen organizado, drogas y migración —con especial énfasis en este último punto, donde confluyen las economías criminales— son definidos como amenazas directas a la soberanía estadounidense y elevados a la categoría de riesgos globales. En este marco, migración y cárteles quedan fusionados, y la estrategia para abordarlos no es el desarrollo ni la cooperación, sino el control, la expulsión y la disuasión, en la que el criterio rector es la eficacia coercitiva, no el legalismo ni la bilateralidad.
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Es en este punto donde México deja de aparecer como un aliado que ayude a contener la amenaza y pasa a ser visto como un problema obligado a bloquear flujos porque el problema ya no se concibe como compartido, sino como un fallo externo que legitima respuestas extraordinarias. Esto reduce el espacio para la diplomacia tradicional, normaliza la cooperación selectiva y anticipa crisis diplomáticas recurrentes.
Cuando hablamos de estos riesgos, también hablamos de los andamiajes legales y operativos previstos para enfrentarlos: la eventual designación de grupos criminales como organizaciones terroristas (FTO o SDTo), el uso intensivo de sanciones financieras y la ampliación del concepto de apoyo material. Desde esta lógica, México es simultáneamente territorio de tránsito, de origen y, sobre todo, de riesgo, lo que abre la puerta a instrumentos propios del dominio contraterrorista, incluida la extraterritorialidad.
En las casi novecientas páginas del documento comienzan a aparecer los porqués. Para Estados Unidos, el contexto es evidente: más de 200 mil muertes asociadas al tráfico de fentanilo, sustancia que recientemente fue equiparada en el discurso político a un arma de destrucción masiva y que hoy es tratada no solo como una amenaza transnacional, sino también como un riesgo existencial. Bajo esta óptica, la soberanía territorial y la seguridad interior —económica, comercial, energética, financiera y nacional— se convierten en el epicentro de la agenda, con efectos colaterales claros, que no se necesita ser demasiado perspicaz para entenderlos: para México, mayor incertidumbre, volatilidad e inestabilidad concurrentes.
La política exterior hacia el hemisferio occidental, en consecuencia, se concibe al margen del multilateralismo y de los enfoques clásicos de cooperación regional. América Latina deja de ser una comunidad de intereses y se redefine como una zona de control y seguridad. El cambio, por tanto, no es retórico, sino estructural y jurídico:
En última instancia, el objetivo del blueprint no es México, ni los cárteles, ni siquiera la migración. Es algo más profundo: dotar al Ejecutivo estadounidense de la capacidad de actuar sin fricciones internas ni externas, de convertir al Estado en un instrumento de poder y no solo de administración.
En ese rediseño, el hemisferio occidental se ordena como un perímetro de seguridad y la frontera como una línea de defensa. México corre así el riesgo de volverse prescindible como socio, y central como problema; no por culpable, sino por proximidad; no por enemigo, sino por estrategia.
Moneda en el aire: más si osare
"Señora Presidenta, doctora, ¿sí quedó descartada una acción militar?", se le preguntó en la conferencia de prensa matutina. "Sí", respondió la mandataria federal.