Hace un par de semanas advertimos que el tiempo corría en contra de Nicolás Maduro: necesitaría un salvoconducto para salir, entregar el gobierno y garantizar la salida a su círculo más cercano. Esto no ocurrió y, como hoy es evidente, la acción se llevó a cabo de manera contundente, precisa y quirúrgica.
Estos eventos deben entenderse desde múltiples dimensiones. Aquello que ocupa las planas internacionales es apenas la capa más visible de un proceso mucho más profundo. La detención de Maduro deja claro que el camino que Washington ha tejido como parte de su ofensiva contra el narcoterrorismo internacional —activando de forma simultánea su aparato judicial, militar, político, energético, económico y diplomático— fue deliberado, escalonado e implacable.
Para la incursión se siguieron todos los pasos necesarios. Desde el 15 de octubre, el presidente Trump autorizó a la CIA a desarrollar opciones de acciones encubiertas en Sudamérica, las cuales, conforme a la ley estadounidense, pueden ser notificadas al Congreso después de su ejecución. A ello se sumó un despliegue operativo significativo en el Caribe, tanto marítimo como aéreo, con plataformas clave en Puerto Rico y en Trinidad y Tobago, bajo la coordinación del Comando Sur.
Te podría interesar
Todos los resquicios que podían suponer un riesgo fueron cerrados con antelación. La operación escaló hasta un punto en el que la disuasión y el factor sorpresa otorgaron a Estados Unidos una ventaja estratégica clara. Por ello resulta llamativo que, tras la salida de Maduro, Venezuela permanezca en relativa calma: los poderes del Estado —judicial y legislativo— continúan operando, no hay indicios de fractura militar ni de intentos de golpe de Estado, y la violencia no se ha disparado. El gobierno, sin Maduro, permanece íntegro y en tránsito.
¿A qué se debe esto? En primer lugar, los círculos de confianza de Maduro fueron profundamente vulnerados por las agencias de inteligencia estadounidenses. En segundo lugar, los actores clave sabían que, apenas un día antes, delegaciones chinas se habían reunido con Maduro, lo que apunta a intentos de negociación o de salida política que finalmente no prosperaron. A ello se suman los cargos presentados públicamente por la fiscal Pam Bondi ante una Corte del Distrito de Nueva York, en los que se documenta una trayectoria criminal en la que el aparato estatal fue utilizado durante años para financiar y facilitar actividades de la delincuencia organizada transnacional.
La Fiscalía dejó claro —difícilmente objetable— que estas acciones afectan la seguridad nacional estadounidense y que su actuación se enmarca en su propio orden jurídico. Al mismo tiempo, dejó entrever que en la acusación presentada ante la corte de Nueva York figuran otros nombres aún en funciones, susceptibles de enfrentar consecuencias similares si no cooperan. En todo esto, los cárteles mexicanos aparecen como un denominador común: esto es narcoterrorismo.
El petróleo es un elemento central para entender esta narrativa. La salida de Maduro no puede leerse como un acto aislado, sino como parte de un reajuste geopolítico y geoestratégico de Estados Unidos en materia energética, de sanciones y de control de economías ilícitas en el hemisferio occidental. El crudo venezolano, pesado y extrapesado, requiere infraestructura moderna, tecnología avanzada y refinerías especializadas para su extracción y procesamiento, capacidades que no pudieron desarrollarse debido al régimen de sanciones que pesaba sobre el país.
Estados Unidos, cuya infraestructura de refinación está optimizada para procesar crudo pesado, depende estructuralmente de este tipo de petróleo. Canadá sustituyó a Venezuela y llegó a aportar cerca del 60% de las importaciones estadounidenses. Esta situación comenzó a percibirse como una vulnerabilidad estratégica derivada de la dependencia excesiva de un solo proveedor. China adquiere alrededor del 5% de su petróleo de Venezuela y no depende críticamente de ese suministro. Rusia, como gran productor de crudo pesado y medio, si bien no ve afectada de manera inmediata su capacidad energética, sí reduce su margen de influencia en el hemisferio a raíz de esta reconfiguración.
Para Washington, el mensaje es inequívoco. La tolerancia hacia regímenes asociados al crimen organizado, a las economías ilícitas y a los alineamientos extrahemisféricos se ha reducido drásticamente. Al mismo tiempo, se abre un activo energético que permanecía bloqueado y ahora vuelve a insertarse en la ecuación estratégica regional, que durante mucho tiempo estuvo olvidada. Como advirtieron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el embajador ante la ONU, Mike Waltz, esta no es una declaración retórica: “Este hemisferio es nuestro”.
Moneda en el aire: México, los efectos secundarios
El petróleo venezolano es exactamente el que necesitan las refinerías americanas. México puede dejar de ser un proveedor estratégico indispensable; entonces, debilita la posición nacional en cualquier negociación energética, comercial y, evidentemente, política. Esto, en un contexto en el que la integración de la seguridad energética forma parte de la seguridad nacional estadounidense.
¿Qué pasa entonces?
Con Venezuela resuelta desde la óptica de Washington, México queda como el principal foco regional en el frente del narcoterrorismo. En ese escenario, Estados Unidos amplía su margen para intervenir, condicionar, coaccionar o reordenar la relación bilateral desde una lógica de control y no de cooperación entre vecinos. La soberanía deja de ser un argumento suficiente y el problema se reencuadra como un asunto de seguridad hemisférica. México no puede darse el lujo de ignorar esta señal y, si actúa con inteligencia estratégica, podría buscar la consolidación de un marco o tratado que le permita transitar esta nueva dinámica de forma pactada y no impuesta.