En este primer año del segundo mandato de Donald Trump se desvaneció por completo el aislamiento internacional de Estados Unidos. Con la intervención en Venezuela el 3 de enero pasado, el gobierno de Trump formalmente aplicó la doctrina Monroe que cita en su Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre del año pasado, en donde América Latina y, en general, el hemisferio occidental son el centro de atención; esto, pese a que la propia estrategia estadounidense menciona en numerosas ocasiones que Estados Unidos trabajará en asociación con los Estados de la región y reconoce que algunos países estarán más inclinados a trabajar con ellos que otros.
Esto nos lleva a pensar en los ya escasos gobiernos de izquierda en la región, en particular Colombia y México, países con grandes diferencias, pero con problemas similares respecto a la lucha contra el narcotráfico, amenaza nacional para Estados Unidos.
Por supuesto, los temperamentos de los mandatarios de Colombia y México son abismalmente diferentes: mientras Petro se ha caracterizado por su abierto desdén hacia las políticas estadounidenses, incluso en su visita a Nueva York, en las calles de esa ciudad, pidió a militares estadounidenses desobedecer a Trump. Por su parte, Sheinbaum ha mantenido la cabeza fría y ha sido cautelosa en sus declaraciones. Aun así, el presidente Gustavo Petro ya consiguió lo que Claudia Sheinbaum no ha logrado: una invitación a la Casa Blanca.
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Ya en este espacio se había abordado que el presidente colombiano estaba en la mira de Estados Unidos, pero ¿cómo pasó Petro de ser un objetivo estadounidense a que lo invitarán a la Casa Blanca?
Tras los acontecimientos en Venezuela, el temor de una incursión militar estadounidense se incrementó en Colombia, principalmente por los nexos que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantenía con el narcogobierno de Nicolás Maduro, pero también las inquietudes se hacían sentir tiempo atrás por la espontaneidad en redes sociales del presidente colombiano contra Trump y su gobierno, por su inclusión en la lista Clinton y por los pocos resultados de su política de “paz total”, que se han reflejado en la expansión de los grupos armados ilegales y en la lucha contra el narcotráfico.
No obstante, a diferencia de Sheinbaum, Petro ha reconocido, por ejemplo, que tiene un serio problema con el ELN en la zona fronteriza con Venezuela; de hecho, desde su ofensiva contra el gobierno colombiano, el ELN ha provocado el desplazamiento de cerca de 100 mil personas en el Catatumbo. Si bien el diálogo con el ELN se suspendió desde noviembre de 2024, después que Petro habló con Trump el 7 de enero, el mandatario de Colombia declaró explícitamente un frente abierto de mano dura contra el ELN, lo que significa un carpetazo a los diálogos enmarcados en la “paz total” de Petro y que representaban la mayor apuesta política de su gobierno a favor de la paz en su país.
En este sentido, es necesario también reconocer que aun con la fallida “paz total”, Petro ha seguido con su política de interdicción de drogas, aunque ésta no ha satisfecho las expectativas de Washington por lo que derivó en la desertificación de Colombia el 15 de septiembre del año pasado.
Sheinbaum, en cambio, en su narrativa simplista de no compararse con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, insiste en que no mantiene ni mantendrá una guerra contra el narcotráfico y tampoco ha admitido que la estrategia de abrazos no balazos fue un total fracaso; aunque se vea a un Omar García Harfuch tratando de apagar incendios por todo el país.
El tema de Venezuela cobra relevancia entre las diferencias entre Colombia y México. Pese a que el gobierno de Petro restableció relaciones diplomáticas y económicas con el gobierno de Nicolás Maduro en septiembre de 2022; cuando se celebraron elecciones en Venezuela en 2024, Petro no reconoció el triunfo de Maduro, aunque siguió trabajando con el régimen chavista. Por el contrario, Sheinbaum ha mantenido un silencio cómplice y una narrativa no intervencionista sustentada en el principio de la autodeterminación de los pueblos, que no necesariamente aplica al caso de Maduro debido a las elecciones fraudulentas de 2024.
Adicionalmente, en un acto de supervivencia, hace meses un equipo cercano al presidente colombiano se avivó para desplegar una operación de diplomacia secreta con el propósito de apaciguar el caos en redes sociales entre Washington y Bogotá, que había llevado a ambos países a la peor crisis de su historia moderna. De esta operación derivaron acciones que el gobierno colombiano debía implementar para demostrar su voluntad de ajustarse a los intereses estadounidenses, tales como los bombardeos a los campamentos de la disidencias de las FARC y la reanudación de la fumigación con glifosato sobre cultivos de coca, ambas maniobras que la izquierda colombiana, y en consecuencia Petro, rechazaban tajantemente.
Es cierto que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha mantenido la cooperación con Estados Unidos en materia antinarcóticos, pero salvo la extradición de los 55 narcotraficantes del año pasado, hasta ahora la mandataria mexicana no le ha tocado un dedo a ningún político señalado de mantener vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico. Petro, en cambio, a petición explícita estadounidense extraditó al narcotraficante Andrés Marín. Debido a que hay un gran contraste en la manera de proceder de Colombia y México frente a casos de corrupción de alta visibilidad, cabe recordar que el mandatario colombiano ha manifestado que no intervendrá en el caso de su hijo, quien fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por hechos relacionados con la campaña presidencial de su padre en 2022.
En esta renovada era de poder estadounidense es claro que Estados Unidos inició formalmente un realismo ofensivo en el que, a cada amenaza, real o potencial, se aplicará una acción directa y cuya característica hasta ahora ha sido negociar por separado con cada uno de los presidentes de la región y en evidentes condiciones de superioridad.
En este contexto, Petro, como la mayoría de los países latinoamericanos, tiene pocas opciones, no obstante, empleando las herramientas a su alcance, como la diplomacia secreta, ha antepuesto exitosamente el interés nacional del Estado colombiano sobre sus postulados políticos, logrando desactivar una eventual incursión militar unilateral estadounidense en su país y demostrando con ello que para Colombia la mejor alternativa es ser aliado de Estados Unidos.