En estos días en que la atención se centra principalmente en lo que ocurre en Venezuela y las reiteradas amenazas de Donald Trump, sobre todo en lo que se refiere a México entre otros temas de gran relevancia y preocupación, no por ello debemos olvidarnos sobre la violencia cotidiana que sigue aquejando a nuestro país y que en buena medida es producto de la impunidad y de la descomposición social. En este inicio de año me encontré con tres historias muy distintas pero que reflejan el dolor que sufren miles de familias, la negligencia e incapacidad gubernamental en sus diferentes niveles, así como la indiferencia de la sociedad ante la normalización de la violencia.
La madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven estudiante duranguense de 21 años que en octubre viajó a Mazatlán con su familia para festejar su cumpleaños y desapareció misteriosamente en un conocido bar de ese destino turístico al que acudió junto con sus primas después de avisarles que iba al baño, publicó en sus redes sociales desesperados mensajes pidiendo ayuda para localizar a su hijo, y compasión a quienes lo pudieran tener. En uno de estos mensajes, la señora Brenda hace un llamado de madre a secuestrador diciendo “cuando te llevaste a mi hijo nos arrastraste a toda su familia… Deseo que tu corazón se conmisere profundamente. Por favor trata bonito a mi niño hermoso. Ojalá puedas sentir mis latidos, no aguantarías con tanto dolor”.
Por increíble que parezca, y a pesar de tratarse de un lugar muy concurrido en una vialidad principal, nadie vio salir a Carlos Emilio del baño o del bar, ni meseros, ni personal de seguridad o clientes, tampoco lo detectó ninguna cámara de videovigilancia. Han pasado tres meses sin ninguna respuesta o siquiera indicio de lo que pudo haber sucedido y mucho menos sobre el motivo de la desaparición, pero no es difícil pensar que esté involucrada la delincuencia organizada.
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La segunda historia es la de Deisy, una niña de tan solo 10 años que fue abandonada en el área urgencias de un hospital de San Cristóbal de las Casas por su supuesto “esposo” de 18 años, ya que estaba embarazada y al parecer se complicó el parto; aún así fue obligada a dar a luz en condiciones de alto riesgo. Hay que decirlo con toda claridad, el matrimonio infantil es violencia aunque se trate de justificar en usos y costumbres, como también lo es el embarazo forzado. Las niñas no deben ser esposas, mucho menos cumplirles sexualmente a sus “maridos” –ninguna mujer lo tendría que hacer–, las niñas tampoco deben ser madres; las niñas deben vivir su infancia en un ambiente libre de violencia y con un sano desarrollo. Deisy fue víctima de violación y pederastia, y es uno de los muchos casos que se siguen presentando en distintas regiones del país, evidenciando el fracaso del Estado mexicano para velar por la protección y respeto a los derechos de la niñez.
El último caso es el de Roberto, un motociclista repartidor de plataforma de 52 años que fue atropellado el pasado 3 de enero a las 22 horas en Periférico Oriente y el Eje 6 en la Ciudad de México. Lo que quizá empezó siendo un accidente, se convirtió en un repudiable acto criminal que refleja uno de los mayores niveles de deshumanización a los que se puede llegar. Luego de ser embestido, Roberto quedó atrapado en el chasis del coche que lo impactó y, en vez de frenar e intentar auxiliar a la víctima, Gabriela, una enfermera de 43 años aceleró arrastrándolo por más de 2 kilómetros hasta que, al pasar un tope, el cuerpo se desatoró quedando tendido en el pavimento. Esta mujer delincuente siguió su camino hasta su casa en Nezahualcóyotl, donde recogió algunas cosas, quitó las placas a su coche y huyó sin que hasta la fecha haya sido localizada.
Al momento, estos tres casos –como muchísimos más– siguen impunes pues las personas agresoras siguen libres o de plano ni siquiera se conoce quienes son las responsables, las autoridades tienen otros asuntos de que ocuparse, las víctimas y familias están abandonadas a su suerte y la sociedad pronto pasa de la indignación al olvido.