El primer año del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum ha significado algo más que la continuidad de una política social exitosa: ha marcado la consolidación de un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y la ciudadanía. Los programas de bienestar, lejos de concebirse como dádivas gubernamentales o instrumentos coyunturales de política pública, se han afirmado como derechos constitucionales, es decir, como obligaciones permanentes del Estado mexicano frente a su pueblo.
Este tránsito —de la asistencia al derecho— es quizá uno de los logros más profundos del nuevo ciclo político que vive el país. Con la presidenta Sheinbaum, el bienestar deja de depender de la voluntad del gobernante en turno y se inscribe en el núcleo del orden constitucional, blindado frente a regresiones neoliberales y visiones tecnocráticas que durante décadas redujeron la política social a una administración mínima de la pobreza.
El éxito de los programas de bienestar no se agota en su dimensión presupuestal. Su alcance es jurídico, político y ético: el Estado mexicano reconoce explícitamente que adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, jóvenes y sectores históricamente excluidos no son beneficiarios pasivos, sino sujetos plenos de derechos. En este sentido, la política social deja de ser caridad institucional para convertirse en justicia social constitucionalizada.
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Durante su primer año de gobierno, Claudia Sheinbaum ha defendido con claridad esta concepción frente a quienes insisten en descalificar los programas de bienestar como populismo o gasto improductivo. La respuesta ha sido contundente: no hay desarrollo sostenible sin cohesión social, ni estabilidad democrática sin condiciones materiales mínimas garantizadas. El bienestar no es un lujo ni un obstáculo al crecimiento; es su condición indispensable.
La elevación constitucional de estos derechos sociales tiene, además, un efecto estructural: redefine el papel del Estado. Frente al dogma neoliberal del Estado mínimo, el nuevo gobierno reafirma un Estado social fuerte, capaz de intervenir para corregir desigualdades históricas y garantizar un piso común de dignidad. No se trata de anular al mercado, sino de impedir que éste determine quién merece una vida segura y quién queda condenado a la exclusión.
Este enfoque ha permitido también debilitar una de las prácticas más nocivas de la política mexicana: el clientelismo. Al estar los programas respaldados por la Constitución y operados de manera directa y universal, se reduce la intermediación, se elimina la discrecionalidad y se fortalece la autonomía ciudadana. El derecho sustituye al favor; la ciudadanía sustituye a la dependencia.
En apenas un año, la presidenta Sheinbaum ha logrado dotar de irreversibilidad institucional a la política de bienestar. No se trata solo de cumplir un compromiso de campaña, sino de honrar una responsabilidad histórica: garantizar que la dignidad humana no esté sujeta a los vaivenes del poder ni a los cambios de gobierno.
El primer año de su administración puede leerse, así, como una afirmación clara de principios. En México, el bienestar ya no es una concesión transitoria, sino un derecho constitucional conquistado, y el Estado, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, ha asumido plenamente la obligación de hacerlo efectivo para todas y todos.