Al concluir el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, es inevitable reconocer que el trabajo realizado por la Cámara de Diputados no fue una suma dispersa de reformas, sino la expresión coherente de un proyecto de nación en marcha. El balance legislativo confirma que el Congreso ha asumido plenamente su papel histórico: acompañar, con responsabilidad constitucional, la conducción del país encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y traducir en normas jurídicas una visión de Estado social, soberano y moderno.
Las más de cincuenta reformas aprobadas durante este periodo revelan una línea clara: fortalecer la capacidad del Estado para garantizar derechos, ordenar mercados, recuperar bienes estratégicos y asegurar condiciones de bienestar para la mayoría. No se trata de activismo legislativo sin rumbo, sino de una agenda estructurada que articula política fiscal responsable, seguridad pública con enfoque institucional, justicia social y sostenibilidad de largo plazo.
Uno de los ejes más relevantes ha sido la consolidación de un Estado con ingresos suficientes y con capacidad de inversión estratégica. La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para 2026 marca una definición política inequívoca: el gasto público vuelve a ser un instrumento de redistribución, desarrollo regional y bienestar colectivo. La inversión pública, que supera el 3% del PIB, no sólo dinamiza la economía, sino que sienta las bases materiales del futuro, particularmente en infraestructura, energía y conectividad.
En materia fiscal, las reformas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Aduanera y al IEPS cierran espacios históricos a la evasión, al contrabando y a las prácticas abusivas. Se recauda mejor, no a costa de la población, sino combatiendo privilegios y simulaciones. Cada peso recuperado fortalece derechos y políticas públicas.
El periodo legislativo también deja huella en la protección de las personas consumidoras. Reformas como el “click to cancel”, la regulación de tarjetas de crédito y la prohibición de bebidas energizantes a menores corrigen abusos normalizados por el mercado y colocan a la ciudadanía en el centro.
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Particular mención merece las reformas en materia de agua y salud. Con la expedición de la nueva Ley General de Aguas y la modificación de la Ley de Aguas Nacionales, el Congreso recupera el sentido original del artículo 27 constitucional: el agua es de la Nación, es un derecho humano y su gestión corresponde al Estado; y con la reforma a la Ley General de Salud la República recupera la rectoría y se establece el marco legal para afianzar el nuevo modelo de salud cuyo punto de partida es la prevención, la educación y el autocuidado.
En el ámbito de la seguridad pública, el Congreso actuó con visión de Estado. La reforma constitucional en materia de extorsión y la expedición de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar este delito dotan al país de una estrategia nacional homogénea frente a uno de los crímenes que más lastiman a la población.
Este balance legislativo demuestra que la transformación no es retórica, sino construcción normativa concreta. En tiempos de incertidumbre global, México avanza con rumbo claro, y el trabajo legislativo ha sido uno de sus pilares fundamentales.
Pedro Zenteno