Estados Unidos ha echado a andar, de manera contundente, su maquinaria para presionar —y eventualmente desplazar— al líder venezolano Nicolas Maduro. Las razones son múltiples. El régimen de Caracas ha incomodado a Washington durante años: desde su estrecha relación con Rusia e Irán, hasta los reportes de distintos servicios de inteligencia que advierten una presunta cercanía con organizaciones terroristas como Hezbolá, las cuales habrían utilizado territorio venezolano como refugio seguro. A ello se suman los intereses económicos derivados del petróleo y, por supuesto, la inestabilidad regional generada por el financiamiento de campañas políticas y guerrillas que, en distintos momentos, llegaron a poner en jaque a varios gobiernos latinoamericanos. Incluso se habló de la construcción de un eje político en el sur, con países como Argentina, Bolivia y Brasil entre sus posibles integrantes.
Hoy, flotillas enteras de portaviones —como parte de una estrategia de disuasión— se han desplegado hacia el sur, exhibiendo las capacidades operativas del Comando Sur, al que recientemente se le ha nombrado un nuevo liderazgo. El espacio aéreo ha sido bloqueado por instrucciones directas del presidente Trump y, paralelamente, se han registrado ataques contra embarcaciones que habrían dejado cerca de 70 personas muertas. De acuerdo con organismos de inteligencia, se trataría de lanchas “narcoterroristas” utilizadas para transportar enervantes hacia Estados Unidos, presuntamente vinculadas al Cártel de los Soles o al Tren de Aragua, ambos ya designados como entidades terroristas por el gobierno estadounidense. En esa narrativa, incluso Maduro y miembros de su círculo cercano son considerados parte de esa estructura criminal.
Parece poco probable que Washington opte por una invasión directa. El relativo abandono de Rusia y la respuesta tibia de China sugieren que el régimen venezolano enfrenta hoy un escenario de aislamiento. Todo indica que Maduro busca ganar tiempo, negociar un salvoconducto y asegurar un destino que le permita salir con su fortuna y la de su familia, así como la de algunos de sus allegados más cercanos, o bien enfrentar el riesgo de una acción encubierta que ponga fin a su gobierno por medios no convencionales.
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El tránsito político encabezado por María Corina Machado tampoco parece contar con el beneplácito de todos los actores, y el eventual regreso de Edmundo González desde su autoexilio luce lejano y, de concretarse, podría carecer de legitimidad plena. Será necesario, por tanto, consolidar nuevas figuras que faciliten una transición hacia un gobierno capaz de responder tanto a las demandas internas como a los intereses externos en juego.
¿Cómo impacta este escenario a México y a la región? Colombia, por ejemplo, podría enfrentar un destino similar bajo la presidencia de Gustavo Petro, quien mantiene una relación cada vez más tensa con sectores militares y estructuras clave del Estado. La disidencia interna es silenciosa, pero evidente. A ello se suma la designación de organizaciones criminales como terroristas, como ocurrió recientemente con el Clan del Golfo.
Estados Unidos ha encontrado un camino legal particularmente eficaz para presionar y, eventualmente, deponer gobiernos. Si bien estos regímenes son considerados opositores a los intereses estadounidenses, ahora también pueden ser jurídicamente encuadrados como amenazas híbridas: una categoría que ofrece mayor flexibilidad estratégica que la noción clásica de “Estado adversario”. Bajo este marco, sus líderes son vinculados a actores no estatales y presentados como jefes de “narcogobiernos” integrados a estructuras criminales transnacionales. Con ello se construye una narrativa que permite a Washington activar un amplio abanico de instrumentos legales, financieros, militares y de inteligencia, sin necesidad de una declaración formal de guerra.
El Secretario de Estado Marco Rubio ha enfocado su visión y su estrategia de manera contundente, el objetivo no es derrocar al régimen de manera directa, sino volverlo inviable: sanciones quirúrgicas, órdenes de captura extraterritoriales, congelamiento de activos, aislamiento diplomático y operaciones encubiertas conforman una estrategia de asfixia progresiva.
¿Está México ajeno a esta lógica? La respuesta es no. La línea que separa al crimen organizado del terrorismo se ha vuelto deliberadamente porosa, y las narrativas utilizadas pueden adaptarse a distintos contextos nacionales. Sin embargo, la capacidad de México para negociar, cooperar y colaborar sigue siendo un activo clave. Hoy, Washington entiende que su seguridad interna depende en buena medida del control territorial efectivo de sus vecinos frente a amenazas que considera existenciales: narcotráfico, migración descontrolada, financiamiento ilícito y vínculos con potencias rivales. Quien no logre demostrar control, cooperación y un alineamiento mínimo corre el riesgo de quedar atrapado en la misma narrativa que hoy envuelve a Caracas.
Moneda en el aire: Felices fiestas a todos.