En la última semana, mucha tinta se derramó en medios impresos y electrónicos tratando de analizar los recientes acontecimientos en la región latinoamericana. De inmediato surgieron quienes señalaron evidentes violaciones al derecho internacional en las acciones emprendidas por Estados Unidos, y quienes, por otro lado, las justificaron como necesarias para “un renacer de la democracia”. Hubo también algunos que se dedicaron a buscar los entretelones de las decisiones, explorando teorías de conspiración, objetivos ulteriores o raíces históricas de las tensiones entre América Latina y las grandes potencias, particularmente en torno a la estrategia de control de recursos naturales.
Sin embargo, apenas unas horas después, los mismos políticos que habían tomado las decisiones comenzaron —contrario a lo que suele ser habitual— a exponer las verdaderas razones detrás, así como las acciones subsecuentes. Estas distaban de lo que podría esperarse en una democracia y se enmarcaban más bien en planes futuros inspirados en la multicitada Doctrina Monroe o incluso en el “destino manifiesto”.
Esto dejó al descubierto muchos de los supuestos equivocados que suelen acompañar tanto la cobertura de este tipo de acciones como el seguimiento de crisis y tensiones. Con frecuencia, los periodistas y comentaristas se basan en especulaciones sin sustento o en los deseos de quienes los elaboran, más que en evidencia verificable. Se olvidan, además, de que hoy cualquier persona con acceso a redes sociales puede convertirse en “reportero” y cualquiera con capacidad de escribir puede erigirse en “analista”. En medio de esa plétora de escritos, debería sobresalir el verdadero ejercicio periodístico: aquel que da razón y sentido a los hechos y a su análisis.
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Por otro lado, quienes consideraban al derecho internacional un obstáculo “muerto” frente a acciones “necesarias” vieron pronto desmoronarse sus argumentos. El objetivo de la operación no era el “regreso de la democracia”, sino recuperar el control de recursos estratégicos para fines estadounidenses y excluir de su explotación a países y organizaciones no alineados con esos intereses, como ya habíamos señalado en esta columna semanas atrás.
De aquí la importancia del derecho Internacional, el cual es únicamente un cuerpo simbólico de normas aceptadas conveniente y oportunistamente por los países. Cumple dos funciones esenciales: primero, establecer estándares mediante los cuales las acciones de los Estados son medidas y juzgadas por sus pares, generando consecuencias; segundo, obligar a las grandes potencias a desfilar en foros internacionales y consejos donde deben justificar sus acciones ante el escrutinio global. No se trata solo de legalidad, sino de legitimidad, y ello implica cargar con una exigencia de evidencia, y con ella, imponerle un costo al cinismo político.
Así, notamos que muchos de los reportes difundidos durante meses, años o incluso décadas resultaron profundamente equivocados. Se malinterpretaron o caracterizaron de forma errónea las intenciones de los actores políticos; se minimizó el poder de quienes lo detentaban o se magnificó el de quienes aspiraban a obtenerlo. El periodismo, en ocasiones, reproduce rumores como si fueran filtraciones, tomando opiniones o información de personas “cercanas” al gobierno como si fueran hechos. Sin embargo, información proveniente de fuentes oficiales estadounidenses revelaba que no confiaban en una transición, pues quienes pretendían llevarla a cabo carecían de planes de gobierno, conexiones y capacidades que garantizaran su éxito. Para los estadounidenses, gobernar requiere más que ganar elecciones: se necesita una estructura política y económica que permita gobernar en función de sus intereses. En un país donde existen nexos arraigados entre las élites económicas y políticas —y donde actores internacionales también se benefician del régimen vigente—, los análisis resultaron más cercanos a deseos periodísticos que a información confirmada.
En tiempos de inteligencia artificial y post-verdad, el cinismo parece haberse convertido en la herramienta más eficaz para analizar este tipo de acontecimientos —y los muchos que seguramente vendrán en el futuro cercano—. Los marcos teóricos, históricos y científicos siguen siendo indispensables, pero tienden a debilitarse en el momento en que los actores políticos dejan de lado sus máscaras y revelan abiertamente sus verdaderas intenciones y objetivos. Cuando mantener las formas deja de ser rentable para conservar apoyos, el cinismo emerge como la respuesta más directa y provechosa. Por ello, hoy los actores políticos han sustituido el simbolismo primero por el pragmatismo y, finalmente, por el cinismo. Más que un recurso interpretativo, el cinismo se ha transformado en una forma de gobierno y en una narrativa política, lo que obliga a construir análisis desde esa perspectiva.