El Congreso de la Unión, diseñado en teoría para ser la máxima representación popular de México, enfrenta desde hace décadas una crisis de legitimidad. El reciente zafarrancho entre Alito Moreno y el “compañero” Fernández Noroña convirtió a la tribuna legislativa en un cuadrilátero pugilístico y el debate ha degenerado en pleitos de vecindad con gritos e insultos.
Para muchos ciudadanos, el Congreso lejos de ser la voz del pueblo, se ha convertido en una “olla de grillos” donde predominan los intereses de las cúpulas partidistas y los grupos económicos, más preocupados por la repartición de cuotas de poder que por la solución de los problemas nacionales.
Ante la inminente Reforma Electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el reto es lograr que –tal vez, por primera vez en la historia contemporánea de México– el Poder Legislativo tenga un carácter representativo, democrático y plural, alejándolo de la lógica de las oligarquías partidistas y del fenómeno de los “levanta dedos” y los “chapulines”, que saltan de un cargo político a otro sin rendir cuentas y sin apego a la voluntad ciudadana.
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La consulta popular –que se realizará en los próximos meses– amenaza con convertirse sólo en el preámbulo de legitimación para el proyecto que la Comisión para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, presentará en enero del próximo año. Y es muy previsible que sea votado y aprobado por la mayoría legislativa –la famosa aplanadora– que antes caracterizó al PRI y ahora representan Morena y sus aliados.
La reciente experiencia de la Reforma Judicial hace ver con desconfianza este proceso donde las posturas partidistas se han polarizado entre las mayorías legislativas que se asumen como portavoces de la “voluntad popular” y las minorías, representadas por los plurinominales e independientes, que dicen simbolizar a los “demócratas”. Sin embargo, uno de los grandes pendientes de la democracia mexicana es transformar al Congreso en una auténtica representación del pueblo y no en botín de las élites partidistas.
Una de las expresiones más recurrentes de estas oligarquías partidistas es la falta de renovación de sus cuadros dirigentes y de sus representantes en el Congreso. La “ley de hierro de la oligarquía” (1911), como la llamó el sociólogo Robert Michels. En consecuencia, vemos en el Congreso a políticos profesionales que parecen ser eternos y como los chapulines brincan de puesto en puesto y de curul en curul.
Mientras no se rompa con la dinámica de “grillos y chapulines”, y las cúpulas partidistas sigan controlando férreamente las candidaturas, el Congreso difícilmente representará a los mexicanos. La tarea pendiente es abrir las puertas de la política a la ciudadanía común, para que el Legislativo deje de ser un club de élites y se convierta, al fin, en el foro de la nación.
De hecho, se trata de emprender una tarea prácticamente inédita. El Congreso Constituyente de 1856 marco´ un hito en la historia parlamentaria del pai´s, pues produjo el “Co´digo ma´s liberal de la Tierra”, segu´n Guillermo Prieto, que en palabras de Jesu´s Tera´n, entonces gobernador de Aguascalientes, fue “un bello traje que se nos habi´a hecho sin tomarnos la medida”.
La Constitución de 1857 para el presidente Benito Juárez fue un “título de legitimidad para fundar su mando y bandera para reunir parciales y guiar huestes (pero) era inútil para todo lo demás. La invocaba como principio, la presentaba como objeto de la lucha; pero no la obedecía, ni podía obedecerla y salvarla a la vez”, reconoció Emilio Rabasa en La Constitución y la Dictadura (1912).
En 1876, Porfirio Díaz llegó al poder, y aunque bajo la bandera del Plan de Tuxtepec defendía el principio de la no reelección, se mantuvo 35 años como presidente, aunque siempre dijo actuar en base con lo establecido en la Constitución de 1857.
Tras la Revolución, la Constitución de 1917 reconoció por primera vez los derechos sociales, pero los constituyentes siguieron las recomendaciones de Rabasa y establecieron un régimen presidencialista que anuló cualquier oposición al Partido de la Revolución, fundado en 1929.
La figura de los llamados “diputados de partido” en 1963 y los plurinominales, promovidos por Jesús Reyes Heroles en 1977, fue para evitar el control absoluto del PRI, en ese entonces el partido hegemónico, en el Congreso. Y al mismo tiempo, evitar “rounds de sombra” como fue la campaña de José López Portillo y superar el tedio y la apatía de la ciudadanía ante elecciones con resultados previsibles.
En la actualidad, se eligen a 300 diputados por mayoría relativa (voto directo) y 200 plurinominales, mientras que en el Senado son 64 de mayoría relativa; 32 de primera minoría, es decir, hicieron campaña y no ganaron, pero obtuvieron un segundo lugar en su entidad, y 32 plurinominales.
El debate sobre los diputados de partido —los plurinominales— y el financiamiento público a los partidos políticos se ha convertido en un tema central de la Reforma Electoral porque en ellos se cruzan dos preguntas fundamentales: ¿quién paga la política? Y, ¿a quién responden realmente los políticos?