En regímenes autoritarios la impunidad no es un accidente, sino que resulta ser un resultado sistémico de la suspensión o instrumentalización del derecho, la concentración personalista del poder; la colonización de instituciones de control y el uso de la ley como arma para proteger a leales y castigar a adversarios. Ello produce expectativas sociales de impunidad y prácticas efectivas de impunidad hacia el grupo gobernante por ausencia esperada y cumplida de castigo o la aplicación de sanciones simuladas.
¿QUÉ DICE LA TEORÍA SOBRE LA IMPUNIDAD?
Desde la teoría de la decisión soberana, Carl Schmitt sostuvo que “soberano es quien decide sobre la excepción”, lo que sitúa al poder fuera y por encima del orden jurídico y abre la puerta a actuaciones sin responsabilidad legal. En clave contemporánea, Giorgio Agamben describe el recurso al estado de excepción como una zona de indiferencia entre legalidad y facticidad, donde el poder opera con licencia para no rendir cuentas, normalizando la impunidad.
Al respecto, cabe recordar que Max Weber caracterizó el patrimonialismo como dominación personal en la que el gobernante y su “casa” confunden lo público y lo privado y la administración actúa por lealtad personal y no por normas impersonales, lo que socava el Estado de derecho y normaliza tratos de favoritismo e impunidad. Autores posteriores, como Linz y Stepan, profundizan este fenómeno llamado “sultanismo”, calificándolo de ausencia de límites legales efectivos, decisiones caprichosas y prebendas que blindan a cercanos.
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En autoritarismos “legales”, la ley no limita al poder, sino que se usa para encubrirlo y proteger a aliados. Jothie Rajah muestra cómo órdenes autoritarios diseñan un “Estado de derecho autoritario” que recodifica la legalidad para asegurar obediencia y desactivar la rendición de cuentas, produciendo impunidad de facto.
Guillermo O’Donnell distingue entre rendición de cuentas vertical (elecciones) y horizontal (contrapesos estatales). En nuevas democracias y autoritarismos, las agencias de control son colonizadas o amedrentadas, generando “ciudadanía de baja intensidad”, donde la gente espera maltrato policial y judicial sin sanciones a funcionarios.
Acotando lo anterior y hablando en particular sobre autoritarismos competitivos, nos dice Levitsky y Way, si bien hay elecciones, se presentan a la vez abusos sistemáticos de recursos estatales, medios y justicia para blindar a los gobernantes actuales, lo que distorsiona la expectativa de sanción y produce impunidad selectiva. Al respecto, Schedler conceptualiza el “autoritarismo electoral” como una fachada representativa con violaciones sistemáticas de estándares liberales.
Así, la reiteración de excepciones, el abuso legal selectivo y premios a la lealtad generan expectativas racionales de ciudadanos y élites de que no habrá castigo para los cercanos al régimen. Este aprendizaje social reduce denuncias, desincentiva testigos y erosiona la cultura de legalidad, reforzando la realidad de la impunidad.
¿ES ÉSTE EL CASO MEXICANO ACTUAL?
Cuando funciones concebidas como extraordinarias se vuelven permanentes, se crea una zona de no-responsabilidad para agentes armados, que alimenta la expectativa de impunidad. Es así como la aprobación de la reforma que integra la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la nueva Ley de la Guardia Nacional, con atribuciones ampliadas para esta corporación, es señal de institucionalización del uso “excepcional” de militares en seguridad pública, lo que provoca que agentes con fuero en la estructura castrense, combinado con controles civiles debilitados, anticipen una baja probabilidad de sanción.
En esto, desde luego, la reforma constitucional de “simplificación orgánica” que eliminó el Instituto Nacional de Acceso a la Información y otros órganos autónomos y que deja las funciones de transparencia y datos reubicadas bajo el Ejecutivo, al eliminar contrapesos informativos, reduce los riesgos de investigación y sanción por corrupción, propiciando expectativas sociales de impunidad en las “altas esferas” gubernamentales en general y en los cuerpos castrenses en particular.
Asimismo, la reforma judicial que instauró la elección popular de jueces y ministros provoca una mayor alineación política del aparato judicial con el gobierno y el reducido presupuesto para la impartición de justicia genera menor probabilidad de sanciones a aliados, aunque pueda ser mayor contra adversarios.
Todo esto se combina con la esperable consecuencia de la reforma electoral en ciernes, pues cuando los árbitros y reglas favorecen al titular del cargo, actores oficialistas anticipan menor riesgo de castigo y alimentan por ende expectativas de impunidad. Esta reforma electoral sería así la pieza faltante para la conformación del nuevo régimen autoritario mexicano.
¿Es este un escenario inevitable? No del todo, pues como indica Kathryn Sikkink la impunidad autoritaria no es absoluta: la “cascada de justicia” documentada muestra que los juicios, sobre todo en el orden internacional, pueden alterar tanto la realidad como la expectativa de impunidad, aún contra élites autoritarias.