“Seremos inflexibles en la defensa de las ideas, pero respetuosos en las formas, pues en política, frecuentemente, la forma es fondo”: Jesús Reyes Heroles.
Este epígrafe corresponde a algo que es probable que haya sido un comentario improvisado durante un acto público o entrevista, más que una frase textualmente registrada en medios formales en su momento, aunque fue recuperado en el Tomo III de las O”bras completas” de este ideólogo, publicadas en 1996 por el Fondo de Cultura Económica.
En este apotegma se condensa una idea clave sobre el ejercicio del poder y la comunicación política: que la manera en que se hacen las cosas no es un mero adorno superficial, sino parte esencial del contenido y del resultado político a lograr. Así, si en el lenguaje común, se suele contraponer “fondo” (el contenido, lo sustantivo) y “forma” (el estilo o procedimiento). Reyes Heroles matiza esa dicotomía, asumiendo que al menos en política, la “forma” no solo acompaña al contenido, sino que puede definirlo, por lo que cuidar las formas es parte sustancial del fondo político.
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La forma como fondo
La frase alude luego a la dimensión simbólica y procedimental del poder, poniendo en claro que en democracia no basta con que una política pública sea técnicamente correcta, pues si se aprueba con procedimientos opacos o autoritarios su legitimidad queda comprometida. Por ende, las formas que se adopten determinan si un proyecto obtendrá el respaldo suficiente para aplicarse.
Esta visión, llevada al terreno de la Reforma Política de 1977-1978, buscó abrir el sistema político mexicano a nuevas fuerzas, especialmente a partidos de oposición que hasta entonces tenían escasa o nula representación y reconocimiento jurídico, enfrentando así la crisis de legitimidad del régimen priista cuando en las elecciones de 1976 el candidato ganador de la elección presidencial no tuvo contendiente oficial.
Es por ello que en esta Reforma Política paradigmática, Reyes Heroles no solo definió el contenido (legalización de partidos, representación proporcional, facilidades para registro), sino que cuidó meticulosamente la forma de introducirlo, usando un lenguaje de inclusión en presentaciones públicas y en un dictamen legislativo que insistía creíblemente en la apertura a la pluralidad y la reconciliación entre actores políticos y partidarios del país. La reforma transitaba así de una posible e indeseada concesión unilateral del partido hegemónico a una transformación consensuada del sistema político en beneficio de mayorías y minorías, donde el gobierno no impuso una mayoría disponible, sino que impulsó la construcción de un acuerdo amplio que legitimara los cambios.
Para lograr esta legitimidad deseada en el proceso de reforma, el diseño del proceso legislativo y político partió de la adopción de un discurso de Estado en busca de un acuerdo nacional y no de uno de facción partidaria triunfadora, lo que llevó a una consulta previa pública y consensuada con las oposiciones, que llevó a la presentación formal de la iniciativa en un lenguaje incluyente y conciliador, destacando conceptos como pluralidad, respeto y fortalecimiento democrático, en un entorno de debate parlamentario abierto y con concesiones visibles a propuestas opositoras, aunque la mayoría oficialista hubiera podido aprobar cualquier reforma sin necesidad alguna de sus oponentes.
A ello sumó un acompañamiento respetuoso, dialogado, acordado con las fuerzas de oposición para la promulgación formal de la reforma, reconociendo el papel de los otros para la construcción de la democracia y la legitimación del naciente orden. Con ello se pudo sumar a diversas fuerzas al juego político institucional y dar paso a la legalización de oposiciones partidarias, reduciendo los incentivos para una acción extraparlamentaria.
Eso supuso, en su momento, la introducción de la representación proporcional en la Cámara de Diputados, no solo como un ajuste técnico, sino como gesto de apertura para garantizar que la pluralidad se reflejara institucionalmente; y el registro condicionado de partidos con requisitos alcanzables para fuerzas sin representación probada, transmitiendo el mensaje de que el sistema estaba dispuesto a integrarlos. Eso venía a dotar al proceso de una legitimación en la que los actores políticos se percibieron como coparticipes del cambio, lo que aumentaba las probabilidades de que las nuevas reglas fueran asumidas y respetadas.
La fase inicial de la reforma
¿Es eso lo que estamos viendo ahora en la Reforma Política del 2025-2026? Para nada. Vayamos viendo las decisiones tomadas y aquellas que han sido anunciadas aunque sea de manera poco clara todavía.
Por decreto del Ejecutivo federal, se creó con carácter transitorio la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con el objeto de convocar al pueblo a expresarse sobre la reforma electoral conveniente para México y realizar estudios sobre el tema, llevar a cabo los análisis necesarios y elaborar propuestas sobre la reforma y constituir los grupos de trabajo que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
La Comisión depende directamente de la titular del Ejecutivo federal y está integrada exclusivamente por titulares de dependencias y unidades del gobierno, únicos con derecho a voto. Para el logro de sus fines, podrá llevar a cabo consultas de manera amplia e incluyente a la ciudadanía en general, organizaciones sociales y civiles, partidos nacionales y locales, comunidades indígenas, integrantes de centros de educación e investigación, autores y analistas sobre temas políticos, organizaciones y centros de migrantes mexicanos en el extranjero e integrantes de órganos electorales administrativos y judiciales. Toda persona interesada podrá acceder para ser consultada a través del portal oficial de internet de la Comisión, además de que se llevarán a cabo audiencias públicas con organizaciones sociales y políticas, así como con especialistas y se organizarán debates y eventos públicos.
El temario general es vasto: libertades políticas, representación del pueblo, sistema de partidos, financiamientos y prerrogativas de partidos, fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas electorales y preelectorales, efectividad del sufragio, regulación de la competencia político-electoral, libertad de difusión de información, propaganda de poderes y organismos públicos, sistema de votación y de cómputos, autoridades electorales, requisitos de elegibilidad, inmunidad de funcionarios, consultas populares y revocaciones de mandatos.
¿Cuál es entonces el cuestionamiento? Pues habrá que ver que para octubre, apenas iniciados los trabajos de la Comisión, se darán a conocer resultados de encuestas de opinión que responderán entonces no de una discusión y debate generado en los procesos de consulta, sino a concepciones de qué ha de ser la reforma que buscarán en todo caso ser avaladas por ejercicios demoscópicos que responderán a la agenda del gobierno.
Se tratará entonces de aderezar una reforma política con decisiones ya tomadas desde una perspectiva excluyente, de victoria partidaria, que se impondrán a las oposiciones y grupos que hoy día se perciben excluidos, sin buscar alcanzar con ellos un consenso ni un entendimiento, ni hacer que sientan como propios los cambios que se adopten. Que luego no se llamen engañados si esto alimenta el recurso a vías extraparlamentaria, incluso extralegal.