Hay muchas formas de describir la importancia que el Juicio de Amparo tiene en el sistema jurídico mexicano, si lo llevamos a un campo ilustrativo, en relación con la forma en que la ciudadanía puede defenderse de las autoridades, el Juicio de Amparo sería el portero en un juego de futbol, quien puede evitar la caída cuando todo lo demás falló. Y en esta misma escena, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum -hoy en comisiones del Senado de la República- pretende que el portero juegue amarrado, sin piernas y sin brazos.
Aún en el Morenato, en el que la constante ha sido la destrucción institucional planchando reformas con una mayoría legislativa artificial -pero al final existente-, pocas embestidas son tan visiblemente contrarias al interés de la ciudadanía, y tan cínicamente favorables a proteger a un poder Ejecutivo que aspira a la omnipotencia, vía la extinción de contrapesos y, de requerirse, vía la extinción del estado mismo.
Sí, una parte de la propuesta se dirige a modernizar la forma de tramitación del juicio, facilitando el acceso digital tanto a la ciudadanía como a la autoridad; es cierto, contiene una propuesta ambiciosa para reducir los plazos de tramitación y resolución -con la acotación de que su cumplimiento parece imposible por las cargas existentes en el poder judicial-; y también contiene propuestas para evitar dilaciones innecesarias en el dictado de sentencias. Sí, esa parte es cierta, pero nada de ello o de cualquier otra bondad alcanza para justificar la destrucción de las venas, el corazón y el sistema circulatorio -completo- del Juicio de Amparo, que también propone.
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Incluye tres lobos disfrazados de ovejas, pero en esta ocasión, el Ejecutivo Federal -remitente de la iniciativa-, ya ni siquiera se molestó en colgarles trajes de lana.
Parte de redefinir el interés legítimo que, más allá de los términos jurídicos, exige como parte de la procedencia que las personas que sufran una lesión directa, personal y diferenciada del resto de la gente, siendo indispensable entonces que sean afectadas ellas mismas o en aquello que poseen. Este ajuste tiene destinatarios, el fondo real es evitar la existencia de medios de protección como los que tuvieron por la construcción de Dos Bocas, del Tren Maya o del Aeropuerto, y es que, en todos los casos, el acceso al medio ambiente sano no representaría una afectación diferenciada de nadie, pues todas y todos lo resentimos en la misma medida.
Quizás lo más alarmante de todo el contenido de la iniciativa, es la enorme cantidad de restricciones que pretenden introducirse a la suspensión, primero por acabar de tajo con sus efectos generales, que obligaría a que exista la obligación de tramitar un amparo individual, haciendo tangible un retroceso a derechos previamente conquistados por gremios y asociaciones que el Gobierno olvida, también se componen de mexicanas y mexicanos; y a la par, excluyendo a una inmensa mayoría poblacional de la posibilidad de acceder a obtener justicia, por falta de recursos o por falta de conocimiento, no más protección para alguien que no seas tú mismo.
Éstos parecen asuntos lejanos para todos, pero sepa usted que si le construyen un basurero en el parque cercano al domicilio donde vive, no tendrá una sola ruta jurídica que evite su construcción. Lo mismo pasaría cuando se decida -sin consulta alguna- hacer “Utopías”, grandes ciclovías -que además de las vialidades principales, atraviese su colonia y la puerta de su casa- o lo que sea que el gobierno quiera hacer “protegiendo el interés social”. Por más ruido, por más fauna nociva, olores desagradables y cualquier situación que de ello emane, la respuesta es no, no habrá más vía de defensa que pare la construcción, y usted no podrá hacer nada, porque no tendrá una afectación diferenciada, y la falta de efectos generales de la suspensión, tampoco podrán evitar que la construcción siga hasta que se encuentre terminada.
Además, está la parte tributaria de la iniciativa, donde se eliminan los medios de defensa inmediatos -el juicio Contencioso Administrativo y el Recurso de Revocación- que considera son “dilaciones innecesarias” que en realidad se trata de quitar cualquier opción de defensa. Para Morena-gobierno lo importante es hacer cumplir una única voluntad: que no exista quien los limite o contradiga.
Y para rematar… en el marco de las fiestas patrias el ¡Viva! más grande que se grita desde Palacio Nacional, es el de la impunidad: la reforma permite que las autoridades no cumplan las sentencias de suspensiones y de amparo SIN NINGUNA CONSECUENCIA, pues introducen a la ley que al existir “imposibilidad jurídica o material” para acatar la resolución, la sentencia puede no cumplirse, sin más, lo que hace que de lo mismo defenderse o no, ganar o no, pues al final el cumplimiento será absolutamente discrecional, y la decisión estará en la misma autoridad que fue demandada.
Pretenden que la institución jurídica mexicana de mayor reconocimiento internacional, que es el Juicio de Amparo, se convierta en una figura decorativa sin dientes y sin alcances, despojando a la ciudadanía de la única herramienta real para defenderse y haciendo que la justicia se vuelva un privilegio de quien pueda pagarla. La iniciativa es un enorme retroceso que contiene en fondo una maquinada ofensiva de destrucción de contrapesos que deja indefensa a toda persona de los actos arbitrarios, en los que sí, Morena-gobierno ha sido consistente.
La indiferencia es el peor enemigo social, y hoy México necesita alzar la voz para impedir que el escudo más importante del derecho sea destruido en una nueva -y potencialmente fatal- embestida creada desde el Gobierno Federal.