“¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!”, exclamó la presidenta Claudia Sheinbaum durante el Grito de Independencia la noche del pasado 15 de septiembre. No es común escuchar en este acto, cargado de símbolos patrios nacionalistas, una referencia a quienes viven entre fronteras o fuera de su país natal. No obstante, es la segunda ocasión que se menciona a esta población. En el Grito del 2023, Andrés Manuel López Obrador lanzó entre sus vivas: “¡que vivan nuestros hermanos migrantes!” El hecho de que aparezca nos invita a pensar más allá.
La migración en México es un tema central en la política por su posición de país frontera con Estados Unidos. De acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y la Secretaría de Gobernación, alrededor de 13 millones de mexicanos residen fuera del país, la mayoría en Estados Unidos. Además, el país ha funcionado como un lugar de tránsito y de destino para centroamericanos, caribeños y africanos. Según las cifras de la Comisión Mexicana de ayuda a Refugiados (COMAR), las solicitudes de asilo en México se incrementaron de poco más de 70 mil en 2019, a más de 140 mil en 2023.
Estas cifras nos hacen preguntarnos ¿para quienes viven las palabras del grito? ¿Qué sustento legal e institucional respalda el reconocimiento simbólico de los migrantes? La Política Migratoria Nacional de México (2018-2024) se enmarca en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular firmado en 2018. El acuerdo parte del reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes en todas las etapas del ciclo migratorio, independientemente de su situación migratoria. Eliminar todas las formas de discriminación relacionadas con la migración y garantizar el derecho a los migrantes a acceder a servicios básicos son algunas de las responsabilidades adquiridas por el Estado mexicano tras la firma del pacto.
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No obstante, la política migratoria ha sido insuficiente para atender las necesidades de los inmigrantes. En la CDMX los inmigrantes y ONG´s denuncian la falta de capacidad institucional para atenderles, parece que la acción institucional se ha enfocado en la limpieza de espacios públicos, a través del desalojo de los campamentos migrantes –consecuencia del desborde de los albergues privados y públicos–, en vez de procurar garantizar el restablecimiento de sus derechos. Además, contrario a lo firmado en el Pacto Mundial, la falta de acciones institucionales para reducir la discriminación por parte de la población se evidencia en las protestas de los y las mexicanas contra la construcción de albergues en sus colonias, pues consideran que se agravarán los problemas de servicios y seguridad en la zona.
Por otra parte, hacia el exterior, el vínculo con los migrantes mexicanos en Estados Unidos está atravesado por las remesas que en 2024 superaron los 63 mil millones de dólares. No obstante, esta aportación no siempre encuentra una respuesta estatal en forma de programas de acompañamiento ni en mejoras en el país receptor. Entonces, la presencia del migrante en el discurso nacional contrasta con una situación marcada por la inseguridad jurídica y laboral de millones de mexicanos en el extranjero.
La frase puede leerse como un intento de visibilización, de reconocimiento simbólico de la población migrante. También, puede entenderse como un gesto de solidaridad pero, debemos cuestionarnos ¿qué significa celebrar al migrante si su vida cotidiana enfrenta discriminación, precariedad, violencia? El sentido dependerá si las palabras se acompañan de medidas concretas y de un compromiso institucional con ellos.
El desafío, quizá, es convertir el discurso en políticas públicas. Para que la frase tenga sentido en los miles de migrantes, debe reflejarse en presupuestos adecuados para la COMAR, en campañas pedagógicas contra la xenofobia y la discriminación, en la construcción de albergues, en el acceso a trabajos dignos, en programas que garanticen educación a niños y niñas migrantes, en esquemas de protección durante el tránsito en el interior del país.
Lo mencionado por Sheinbaum, en síntesis, puede ser leído como un gesto de inclusión. Sin embargo, si no se traduce en acciones concretas corre el riesgo de quedar como una declaración más, uno entre tantos discursos vacíos que se reciben desde las figuras estatales. Reconocer a las y los migrantes no puede limitarse a un grito simbólico: exige leyes efectivas, presupuestos suficientes y políticas públicas que garanticen sus derechos, combatan la discriminación y ofrezcan condiciones de vida dignas. Sólo entonces podremos afirmar, con verdad y coherencia, ¡Que vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!
* Antonio A. Peña Galindo
Estudiante de la Maestría en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, colaborador académico en Harvard University e integrante del Observatorio de Políticas Culturales de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Sus investigaciones se centran en la historia ambiental en México y en el estudio de las migraciones paraguayas hacia México en el siglo XX.
**Laura Camila Linares Guzmán
Antropóloga e historiadora. Estudiante de la Maestría en Trabajo Social en la UNAM. Sus investigaciones se centran en los movimientos sociales, estudiantiles y, en la actualidad, milita desde lo comunitario en acompañamiento con las niñeces desde un enfoque anti adultista.