La desaparición de personas ha estado presente en México desde el siglo pasado. El incremento de éstas después del año 2000 ha sido de tal magnitud que es muy posible que quien lea este artículo haya visto rostros o fichas de búsqueda en el espacio público o en redes sociales sobre una persona que está desaparecida.
Hasta el día de hoy, ya son más de 130 mil personas desaparecidas, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Y aunque la exposición de estas cifras parezca un argumento para señalar culpables sobre el origen o la administración que menos ha hecho, me parece igualmente preocupante preguntarnos a quienes estamos aquí, en el lugar de la aparición, qué estamos haciendo con quienes fueron víctimas de la desaparición. Y más específicamente, de manera situada al contexto en el que yo crecí y en el cual he enfocado mis intereses académicos, ¿qué hacemos con los desaparecidos y las desaparecidas en Michoacán?
De acuerdo con la Red Lupa desde hace tiempo la entidad michoacana ha pasado las 6,800 personas desaparecidas. Sin embargo, a pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas entró en vigor en enero de 2018, y que indicaba la respectiva homologación de ésta en cada entidad federativa, Michoacán todavía no cuenta con una Ley estatal de desaparición.
Te podría interesar
¿Cómo es que están funcionando la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía Especializada, el Consejo Ciudadano, el Centro de Resguardo Forense y las demás instancias allegadas al tema sin que Michoacán tenga una ley estatal de desaparición? Ya son ocho años sin tener el marco jurídico necesario y adecuado a la región para proporcionar las herramientas y la infraestructura necesaria que se requiere tanto para la investigación como para la búsqueda.
Esta falta de ley no queda en lo abstracto; se vive en las calles y en el espacio público. El intento de las familias por hacer visibles a sus familiares desaparecidos y desaparecidas es negado por el Estado. Es decir, la falta de herramientas legales tiene un correlato simbólico que niega el recuerdo. En el marco del 30 de agosto de este año, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, algunos colectivos apostaron por acciones de memoria. Tuve la oportunidad de conocer y presenciar estas actividades; sin embargo, también me di cuenta de que al Estado le incomoda que recuerden a quienes están desaparecidos y desaparecidas.
El Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas “Alzando Voces” pegó láminas con los rostros de las personas desaparecidas que buscan a lo largo de las avenidas Acueducto y Madero, principales rutas transitadas por automóviles y peatones. Durante la mañana de ese día algunas de esas láminas fueron pegadas en Palacio de Gobierno, frente a la Catedral, sede del poder ejecutivo del estado; para las cinco de la tarde, ya habían sido retiradas. Al parecer para las venideras fechas patrias no es posible gritar Viva México con rostros de personas desaparecidas.
A mediodía, Familiares Caminando Por Justicia, inauguró un memorial interviniendo un árbol en la Plaza de Armas, una plaza que se encuentra a un lado de la Catedral moreliana. La intervención consistió en colgar de las ramas de un árbol los rostros de sus familiares desaparecidas y desaparecidos. A pesar de que en su posicionamiento político exigían al ayuntamiento municipal y al gobierno estatal el respeto a esta intervención en el espacio público en su disputa por la memoria, para el 3 de septiembre ya habían sido retirados los rostros de quienes están ausentes sin alguna notificación por parte del gobierno municipal y estatal.
Retomando el sustantivo que acompaña el nombre de esta plaza, parecería que el Estado quiere quitarles todas las armas a las madres organizadas que buscan a sus familiares que fueron desaparecidas y desaparecidos. Armas que no son violentas, sino que nacen del amor y la esperanza de traer a quienes fueron despojados de sus vidas y de sus muertes.
¿Qué podemos esperar de que en un estado como Michoacán no haya una ley estatal de desaparición? ¿Qué podemos esperar de que en un estado como Michoacán no se permita recordar y visibilizar la desaparición de personas fuera de ciertos espacios y tiempos? ¿La búsqueda y la investigación de personas desaparecidas es solamente una simulación reflejada en la creación de instituciones para marcar un check-list?
La exposición de esta breve información pretende, más que iniciar, continuar una discusión que han venido construyendo las familias que buscan a sus desaparecidos y desaparecidas en esta entidad federativa. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
*Marco Sánchez Mendoza
Licenciado en Estudios Sociales y Gestión Local por la ENES Morelia, UNAM. Actualmente cursa la maestría en Sociología Política en el Instituto Mora. Forma parte del Grupo de Acompañamiento a Familiares de Personas Desaparecidas que pertenece al Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Sus líneas de investigación están enfocadas en violencias, desaparición de personas y burocracias.