En semanas recientes, la Asamblea General de las Naciones Unidas —inaugurada esta semana en Nueva York— ha captado la atención internacional, marcada por las tensiones derivadas del conflicto en Medio Oriente. Este órgano, compuesto por los 193 Estados miembros, constituye el principal espacio deliberativo de la organización, donde se adoptan resoluciones mediante procedimientos reglados y votaciones transparentes. Cada período de sesiones inicia con la elección de una presidencia rotativa, que recae en distintas regiones del mundo y dirige los trabajos durante un año. En el marco de la llamada “semana de alto nivel”, jefes de Estado, de gobierno y ministros exponen las prioridades de sus países, emiten declaraciones sobre asuntos internacionales y, en ocasiones, utilizan la tribuna para enviar mensajes tanto a la comunidad internacional como a sus propias sociedades.
Este año, el debate ha estado fuertemente condicionado por la situación en Medio Oriente, que se ha convertido en el eje central de las discusiones. Las tensiones se han intensificado tras varios acontecimientos: la negativa del gobierno de Estados Unidos de América a otorgar visas a la delegación palestina; la aprobación en la Asamblea General de una resolución que, con una mayoría casi unánime, reafirmó la necesidad de un alto al fuego y de avanzar hacia la solución de dos Estados; el veto ejercido por Estados Unidos de América en el Consejo de Seguridad frente a una resolución que proponía un cese inmediato de hostilidades; y la autorización excepcional de la Asamblea general para que la delegación palestina participara en el debate general mediante videoconferencia, con el fin de garantizar su voz en un foro donde históricamente ha sido marginada. También, la reciente Declaración aprobada por amplia mayoría en la Asamblea General, donde se reafirma esta fórmula de dos Estados y la exigencia a favor de la Autoridad Nacional Palestina como representante legítimo. A estos hechos se suman las declaraciones de casi una docena de Estados que, tras años de reticencia, han manifestado su intención de reconocer oficialmente al Estado palestino, entre ellos Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Luxemburgo, Malta, Portugal, Reino Unido y San Marino.
La causa palestina sigue siendo un eje central de la diplomacia internacional, y su reconocimiento como Estado soberano trasciende lo meramente simbólico. Reconocer a un Estado implica afirmar que, en caso de agresión, se trata de un asunto internacional y no de un conflicto interno, elevando así el nivel de responsabilidad de la comunidad global. Este reconocimiento también respalda la solución de dos Estados, propuesta que desde hace décadas recorre los pasillos de Naciones Unidas y que plantea la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina, con fronteras basadas en las líneas de 1967 y bajo supervisión de la ONU. Además, supone validar que las autoridades palestinas deben ser civiles y elegidas democráticamente por su población, en lugar de aceptar como representantes a grupos armados que se autoproclaman voceros del pueblo.
Te podría interesar
Desde 2012, Palestina ostenta el estatus de Estado observador no miembro en la ONU, lo que le permite intervenir en la Asamblea General y adherirse a diversos organismos internacionales, aunque sin derecho a voto. Actualmente, cerca de tres cuartas partes de los Estados miembros reconocen a Palestina como Estado soberano. No obstante, su aspiración a convertirse en miembro pleno se ha visto frustrada en repetidas ocasiones. El procedimiento de admisión en la ONU exige la presentación de una solicitud al secretario general, la aprobación del Consejo de Seguridad —con al menos nueve votos afirmativos y sin veto de los cinco miembros permanentes— y, posteriormente, la ratificación por una mayoría de dos tercios en la Asamblea General. Palestina presentó solicitudes en 2011 y 2024, ambas bloqueadas por el veto de Estados Unidos de América en el Consejo de Seguridad, lo que ha impedido su ingreso formal a la organización.
Un caso paralelo es el de Kosovo, que declaró su independencia en 2008 y ha sido reconocido por más de un centenar de Estados. Sin embargo, su incorporación a la ONU permanece bloqueada debido a la oposición de Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad con poder de veto. Este ejemplo, al igual que el palestino, evidencia cómo la dinámica geopolítica y los intereses de las grandes potencias condicionan el acceso de nuevos Estados a la organización, incluso cuando cuentan con un reconocimiento internacional significativo.
Las tensiones en Medio Oriente están lejos de resolverse, pero las acciones emprendidas en el ámbito internacional, más allá de su dimensión simbólica, reflejan una relevancia sustantiva. Reconocer al Estado palestino y respaldar mecanismos multilaterales no constituye únicamente un gesto político, sino un compromiso con la legitimidad institucional, la estabilidad regional y el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Cada paso en esa dirección representa un avance necesario para sentar las bases de una paz duradera en la región, una paz que sólo podrá alcanzarse mediante el fortalecimiento de instituciones legítimas, el respeto al derecho internacional y la voluntad concertada de la comunidad internacional.