Esta semana se cumplen 24 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, un evento que marcó un antes y un después en la historia contemporánea, con múltiples impactos en los ámbitos geopolítico, económico y social. A más de dos décadas del ataque, el 11 de septiembre siendo un punto de referencia para entender los desafíos del siglo XXI –desde el terrorismo global hasta el delicado equilibrio entre seguridad y libertades civiles–.
Los hechos son bien conocidos. En la mañana de ese día, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por miembros de la organización terrorista Al Qaeda, con el objetivo de atacar símbolos estratégicos de la sociedad estadounidense. Dos de ellos fueron estrellados contra el World Trade Center en la Ciudad de Nueva York; otro impactó el Pentágono, en las inmediaciones de la capital; y el cuarto cayó en un campo de Pensilvania. El saldo fue devastador, cerca de tres mil víctimas directas, en su mayoría trabajadores, bomberos, policías y personal de emergencia. Miles más resultaron heridas, muchas con secuelas físicas y psicológicas que persisten hasta hoy.
El impacto económico fue inmediato y profundo. Las bolsas de valores cerraron durante varios días, las aerolíneas estadounidenses sufrieron pérdidas millonarias con caídas de hasta el 40% en sus acciones, y el turismo en Nueva York —uno de los destinos más visitados del mundo— se desplomó a casi la mitad en las semanas y meses posteriores. A nivel global, se endurecieron los controles migratorios y de seguridad aérea, afectando la movilidad internacional y transformando la infraestructura viajera, los cuales perduran hasta nuestros días.
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Sin embargo, la mayor consecuencia fue la respuesta del gobierno de Estados Unidos de América, que lanzó una ofensiva militar en Afganistán con el argumento de combatir el terrorismo y derrocar al régimen Talibán, acusado de proteger a los líderes de Al Qaeda. Poco después, la administración estadounidense invadió Irak, aunque sin una probada relación directa entre ese país y los atentados del 11S. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, financiada principalmente por el gobierno estadounidense, activó por primera vez su cláusula de defensa colectiva, movilizando a sus miembros en respaldo de las acciones militares.
A largo plazo, el costo humano de la llamada “guerra contra el terrorismo” —que incluyó las invasiones de Afganistán e Irak— ha sido inmenso. Entre 2001 y 2025, estos conflictos causaron más de 900 mil muertes directas e indirectas, incluyendo cientos de miles de civiles, combatientes y personal militar. Millones fueron desplazados, y las consecuencias se extendieron a generaciones marcadas por la violencia, el colapso de servicios básicos y traumas duraderos. El costo económico, según la Universidad Brown, superó los 8 billones de dólares.
Pero quizás una de las repercusiones más profundas fue el cambio en la percepción de seguridad en Occidente. Aunque ya habían ocurrido atentados antes, desde 2001 se han registrado más de mil ataques terroristas en países como Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y otros miembros de la Unión Europea. Algunos fueron frustrados, pero otros dejaron cientos de víctimas, como en Madrid (2004), Londres (2005), París (2015) y Bruselas (2016). En años recientes, ha aumentado la frecuencia de ataques perpetrados por individuos radicalizados con motivaciones religiosas, ideológicas o extremistas. Hoy, la posibilidad de ser víctima de un atentado es una preocupación cotidiana en muchas sociedades occidentales, lo que continúa moldeando decisiones y narrativas de gobiernos, apelando a la memoria colectiva.
A casi un cuarto de siglo de estos ataques, persisten muchos mitos sobre cómo combatir el terrorismo y el extremismo violento. Las respuestas suelen privilegiar medidas draconianas, sin considerar que la solución requiere combinar dos elementos clave: por un lado, reforzar la seguridad preventiva mediante inteligencia, cooperación internacional y control de financiamiento a grupos violentos; por otro, abordar las causas profundas como la exclusión social, la desigualdad y la falta de oportunidades. Además, es urgente disminuir la polarización geopolítica y entender las realidades de distintos países y regiones, promoviendo el diálogo intercultural.
Vivimos en un mundo multipolar que exige coexistencia pacífica, respeto mutuo y sociedades integradas, felices y desarrolladas. Para acabar con el radicalismo violento necesitamos construir puentes que nos permitan convivir con respeto y en paz.