El pasado 16 de septiembre, en la ceremonia del desfile militar, frente a la más alta clase política ocurrió una escena poco vista en México: una autoridad reconociendo una mala actuación. El almirante Secretario de Marina, Raymundo Pedro Ramírez Ángeles confesaba ante la Nación: “… pusimos ante la ley, ante la conciencia y escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podrían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable, callarlo”. Así, el propio responsable de la institución que ha contado con la mayor confianza por parte de la población, reconocía que no hay organización inmune al cáncer de la corrupción.
Y es que, nueve días antes, el mismo almirante Ramírez, junto con el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, daban a conocer los detalles de un entramado de funcionarios y empresarios que durante años contrabandearon combustible causando al erario pérdidas por miles de millones de pesos. La red delictiva involucraba a dos altos mandos de la Marina, familiares del exsecretario José Rafael Ojeda Durán, quien a decir de las propias autoridades, fue quien solicitó iniciar las investigaciones del caso desde hace dos años. Es imposible no cuestionar la lentitud de la investigación durante el sexenio anterior, pero también hay que reconocer el proceder de la actual: el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum manda una señal de firmeza contra la corrupción al haber actuado en contra de presuntos culpables.
La lucha contra la corrupción es uno de los principios fundamentales de la narrativa del lopezobradorismo-morenismo, una de las mayores preocupaciones de la población y una batalla históricamente pérdida del Estado mexicano, pero la fortaleza política de la presidenta es una oportunidad para empezar a revertir esta historia. El caso del contrabando de combustible y el desfalco de SEGALMEX, prueban que el primer gobierno morenista en México estuvo conformado por personas de carne y hueso igual de vulnerables a la corrupción que los funcionarios de los anteriores gobiernos, ahora, el segundo gobierno morenista puede diferenciarse si se mantiene en la ruta de la responsabilidad política y de la impartición de justicia sin discriminar por colores partidistas.
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Una próxima prueba será la resolución del caso Hernán Bermúdez Requena, acusado de liderar el grupo criminal La Barredora y de contrabando de combustible por el gobierno de Estados Unidos. Los vínculos de décadas de Bermúdez Requena con quien lo nombrara su Secretario de Seguridad en el gobierno de Tabasco, el exsecretario de Gobernación y actual líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández apuntan nuevamente a que el color guinda no es un “detente” contra la corrupción. En este y otros casos como el de la diputada de Morena Hilda Araceli Brown, a quien el gobierno estadounidense congeló sus cuentas junto con un grupo vinculado con el Cártel de Sinaloa, el gobierno actual será medido por no encubrir a figuras con poder político.
La admisión pública del almirante en el desfile y los dichos de la presidenta sobre el caso Bermudez de que “No vamos a esconder a nadie ni tampoco vamos a defender a nadie si resulta que hay pruebas de que es culpable…” son positivos, sin embargo el combate a la corrupción no puede depender de la voluntad política sino de instituciones independientes, técnicas y profesionales dedicadas exclusivamente a esa tarea. En México, el Sistema Nacional Anticorrupción nunca operó realmente y el INAI, pieza fundamental para la transparencia, fue eliminado. Si queremos un combate real y sostenido a la corrupción debemos reconstruir los mecanismos institucionales, de otra manera, volveremos a lo de siempre: escándalos espectaculares, responsables menores castigados y los grandes beneficiarios intactos.