Septiembre es el mes de los nuevos inicios políticos. Este mes marca en el calendario un nuevo ciclo para las tres grandes ramas del gobierno: la Presidenta rinde cuentas de su primer (casi) año; el Legislativo, en teoría, evalúa el desempeño gubernamental; y el nuevo Poder Judicial inicia funciones.
De acuerdo con la última encuesta publicada por El Financiero, Sheinbaum llega a esta etapa con un 74% de aprobación, 7 puntos arriba de lo que registraba Andrés Manuel López Obrador en el mismo punto de su gobierno y superior a la de Enrique Peña Nieto (49%), Felipe Calderón (64%) y Vicente Fox (60%). Si bien inició su gestión con un 80% de aprobación, mantiene todavía una evaluación ciudadana sólida, sostenida tanto por la identificación partidista ya que gran parte de la población se reconoce en Morena, como por los programas sociales, eje de los gobiernos morenistas.
La presidenta ha enfrentado retos importantes durante este primer periodo de gestión. Con un equipo integrado tanto por figuras heredadas del AMLOATO como por compromisos partidistas y personas de su propia elección, ha debido caminar sobre la cuerda floja mientras gobierna con su propia visión sin romper abiertamente con su antecesor en ámbitos como el de la seguridad, el medio ambiental, el de la energía o en la relación con el sector privado. Al mismo tiempo, ha tenido que enfrentar la crisis de violencia e inseguridad que continúa siendo el principal problema del país; una economía que no crece al ritmo que se requiere; al presidente Donald Trump, con sus constantes amagos; y a personajes de su propio partido que desde el regateo a su iniciativa para prohibir el nepotismo en cargos de elección, hasta su deslinde de los principios de austeridad establecidos por Morena, la han hecho ver débil políticamente.
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Lo que resta de 2025 y 2026 no será menos desafiante. A los problemas ya mencionados se suma una creciente presión financiera: sostener los programas sociales y, al mismo tiempo, financiar promesas en materia hídrica, de infraestructura, medioambiental, de salud y vivienda, entre otras. De ahí que se espere que la próxima miscelánea fiscal, que el Congreso recibirá el 8 de septiembre, incluya incrementos en los impuestos. De concretarse, la Presidenta estaría invirtiendo su capital político en medidas impositivas que podrían dar un respiro a las finanzas públicas.
Dos temas nada menores son el funcionamiento del nuevo Poder Judicial que genera incertidumbre y el desenlace de la reforma electoral que podría cambiar las reglas del juego político y limitar el derecho de las minorías a tener una voz en el Congreso.
Este nuevo ciclo representa una oportunidad para que la Presidenta se asuma más en su papel de Jefa de Estado y contribuya a disminuir la polarización, cuya más fiel expresión se da en las cámaras de Diputados y Senadores. Esta tensión llegó incluso a los golpes, como lamentablemente ocurrió la semana pasada al cierre de una sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República. Ese fue el colofón de un año marcado por desencuentros constantes entre el presidente de esa cámara, Gerardo Fernández Noroña —quien para muchos quedó a deber en institucionalidad— y los senadores, sobre todo los de oposición. Por su parte, la Cámara de Diputados cierra el año bajo fuertes cuestionamientos al matrimonio conformado por su presidente, Sergio Gutiérrez Luna, y su esposa, Dato Protegido, tanto por su estilo de vida como por la desproporcionada sentencia impuesta a una ciudadana que criticó a la servidora pública.
La gobernabilidad e institucionalidad de ambas cámaras es clave incluso para el propio gobierno, pues muchas de sus políticas —empezando por el presupuesto— dependen del Congreso. La inestabilidad y los conflictos solo complican los procesos. Este nuevo año legislativo ofrece la oportunidad de que quienes las presidan devuelvan la institucionalidad a la conducción de los trabajos y que, entre todos los partidos, se haga un esfuerzo por redignificar el oficio parlamentario.
Que septiembre y sus ritos nos traigan un mejor ejercicio del poder.
