Imagínate que en tu colonia se decide poner un nuevo impuesto a la propiedad para financiar un proyecto que no te convence. Se hace una votación entre los vecinos, el sí gana por el 51% pero el 49% que no estuvo de acuerdo, igualmente tendrá que pagar el nuevo impuesto para el proyecto. Puede que haya muchas personas que estén de acuerdo con este sistema: el que ganó, así haya sido por un voto, ganó y tiene el derecho de que sus ideas se impongan y sean respetadas por todos. Esta visión es la que hay detrás de la reforma electoral que Morena ha impulsado desde el sexenio anterior cuyo centro es la eliminación de los legisladores de representación proporcional también llamados plurinominales o pluris, la reducción del dinero público que se le otorga a los partidos políticos y del presupuesto al INE.
Hay otra visión: la de que el derecho de todos los ciudadanos a que su voz en el Congreso, al menos sea escuchada, es un principio básico en una democracia que reconoce que la sociedad no es monolítica sino que es un crisol de formas de vivir y de pensar, y de necesidades y demandas que deben vistas y tomadas en cuenta por las autoridades. Esa es la razón de la existencia de los pluris de quien mucho se dice que “nadie vota por ellos” lo cual es falso ya que la cantidad de estos en las cámaras es determinada por la cantidad ciudadanos que votaron por los candidatos que no ganaron. En otras palabras, si tu candidato no ganó, hay un pluri del mismo partido que te representa porque está comprometido con la misma agenda que tu candidato perdedor. Los pluris, entonces son la voz de los ciudadanos que son minoría frente a la mayoría que alguna vez votó por el PRI, por el PAN, y ahora, por Morena.
El impulso a la reforma electoral que ha retomado la presidenta Claudia Sheinbaum a través de la creación de una Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez, un viejo militante de la izquierda mexicana que bien conoce las razones de la creación de la representación proporcional por que él mismo fue parte de sus promotores al mismo tiempo que beneficiario directo de ésta, tiene el mandato de hacer consultas “ciudadanas” y elaborar una propuesta de reforma electoral. La narrativa del oficialismo es clara: el pueblo votó por una mayoría que tiene el derecho de imponerse, cuando las hoy minorías logren regresar al poder, podrán imponerse también, y por eso, la representación proporcional debe desaparecer.
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A estas alturas es clara la inutilidad de apelar a la congruencia histórica de personajes del movimiento que cambiaron de principios en cuanto los vientos el poder los despeinaron, lo que es importante es intentar centrar el debate en las implicaciones y alternativas a un cambio en las reglas de elección de nuestros representantes.
¿El Congreso es demasiado grande, costoso e inutil? Muy bien: hagámoslo más pequeño reduciendo tanto los legisladores de mayoría como los de representación proporcional, (honestamente, la actual Cámara de Diputados podría funcionar igual con la mitad de los legisladores actuales), evaluemos su trabajo, midamos su desempeño. Alternativas hay: miremos como otros países han encontrado formas de equilibrar eficiencia y pluralidad.
Las reglas para elegir legisladores importan porque definen qué tipo de sistema político queremos. Uno en el que quien gana puede avanzar sin contrapesos, o uno en el que todas las visiones tengan un lugar para ser escuchadas, aunque no sean mayoría. México ha ido construyendo en las últimas décadas un modelo de pluralidad, donde diferentes fuerzas pueden debatir y vigilarse mutuamente.
El debate sobre la reforma electoral no se trata solo de números de legisladores o del presupuesto que consumen. Es una discusión sobre el tipo de democracia que queremos: una en la que hasta un 49% (casi la mitad de los votantes) pueda quedarse sin voz, o una en la que, gane quien gane, siempre haya alguien que pueda decir “no todos pensamos igual”.