En la entrada de San Juan Chamula y de Zinacantán, dos municipios indígenas de los Altos de Chiapas, destacan los espectaculares de Coca-Cola que dan la bienvenida e invitan a “destapar la felicidad”. En el interior de sus iglesias, los altares de ofrendas muestran que junto a las resinas aromáticas de copal, las flores y las ramas de ruda y albahaca, están el posh y las botellas de Coca-Cola, la gaseosa que, según algunos curanderos, tiene poderes curativos y es fuente de sanación.
En Chiapas se consumen en promedio 821 litros de Coca-Cola al año por persona, lo que representa más del quíntuple del promedio nacional de 160 litros per cápita, que de por sí, es uno de los más elevados del mundo. Y esta cifra se mantiene, a pesar de que en 2014 el gobierno federal estableció un impuesto especial de un peso a los refrescos embotellados con el objetivo de reducir su consumo y la incidencia de obesidad y diabetes.
San Juan Chamula es la población que más consume Coca-Cola en todo el mundo. Esto no es una novedad, aunque ha llamado la atención de los antropólogos y ahora Chiapas vuelve a estar en centro del debate en torno al paquete fiscal 2026 del gobierno federal que contempla elevar el impuesto especial a los refrescos embotellados para desalentar su consumo.
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La paradoja chiapaneca —máximo consumo de refrescos y mayor marginación en el país— debe servir como punto de partida para replantear la política pública hacia un enfoque integral que combine medidas fiscales con acciones estructurales de acceso al agua, a la salud y a la educación alimentaria.
Por ello, la federación y el gobierno estatal necesitan establecer un modelo proporcional en el gasto de salud, donde los recursos recaudados por este gravamen se destinen de manera prioritaria a las entidades y regiones con mayor consumo de refrescos y elevados índices de marginación en salud y educación.
El objetivo debería estar focalizado: si Chamula y otros municipios chiapanecos concentran el mayor problema de consumo de refrescos en el país y el mundo, entonces el gasto público en prevención y tratamiento de enfermedades asociadas debería ser proporcional a esa carga.
En el caso chiapaneco, las acciones deberían ir más allá del ámbito fiscal y revisar la forma en que opera Coca-Cola en Chiapas, donde ha logrado obtener concesiones federales para extraer agua del subsuelo y garantías de los gobiernos municipales para mantener el control monopólico de sus productos, siguiendo una vieja estrategia para disputar el mercado a Pepsi que ha sido su rival tradicional.
Desde 1995, la empresa Coca-Cola FEMSA opera en Chiapas con una planta embotelladora en San Cristóbal de Las Casas, nueve centros de distribución y 270 rutas de reparto que abastecen a más de 50 mil 800 puntos de venta en el estado. Además, la empresa genera aproximadamente mil 600 empleos directos y más de 16 mil indirectos en la región.
Sin embargo, la empresa ha sido objeto de una permanente denuncia, por grupos ambientalistas, de extraer 419.7 millones de metros cúbicos de agua al año, equivalente a 1.4 millones de litros diarios, destinados a su planta embotelladora de San Felipe Ecatepec, ubicada en las faldas del cerro Huitepec, en San Cristóbal.
En respuesta, Coca-Cola FEMSA ha mantenido una fuerte campaña publicitaria para informar de las acciones de reforestación y servicios comunitarios que realiza en la región de los Altos de Chiapas. Evidentemente, la zona es uno de los principales mercados para la empresa.
A pesar de los impuestos y los ataques de ambientalistas, el último reporte de la empresa Coca-Cola FEMSA, publicado en febrero de este año, destaca resultados positivos en 2024. Para darnos una idea, señaló Carlos Mota, analista financiero de El Heraldo de México, la compañía creció sus ingresos totales 14.4 por ciento, alcanzando ventas anuales por casi 280 mil millones de pesos. Y por si esto fuera poco, su utilidad bruta se incrementó a un ritmo mayor del 16.1 por ciento, llegando a 128 mil 736 millones.
El reporte apuntó: “Este aumento fue impulsado principalmente por crecimiento en volumen, iniciativas de gestión de ingreso y efecto favorable de mezcla. Excluyendo los efectos de conversión de moneda, los ingresos totales aumentaron 14.3 por ciento”.
De acuerdo a lo establecido en el Paquete Fiscal 2026, el gobierno morenista, que preside Claudia Sheinbaum, planea recaudar 41 mil millones de pesos adicionales con el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos y otras bebidas azucaradas, duplicando la tasa actual de 1.65 pesos por litro a 3.08 pesos.
La medida ha generado un debate entre la Secretaría de Hacienda y las empresas refresqueras, donde las autoridades aseguran que no es una medida recaudatoria, sino de prevención y atención de problemas sociales, con lo que se busca ampliar los recursos destinados a la salud. Y los empresarios advierten que el impuesto sólo repercutirá en aumentos de costos para los consumidores.
El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, afirmó que estos recursos se destinarán íntegramente al sector salud para financiar programas de prevención y atención médica, como parte de una estrategia integral para reducir el consumo de bebidas azucaradas y mejorar la salud pública.
La Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) expresó “sorpresa y profunda preocupación” ante la propuesta de aumentar 87 por ciento la cuota del IEPS a bebidas saborizadas, incluido el refresco, y cuestionó su eficacia como política de salud, pues recordó que, según evaluaciones de las Naciones Unidas (ONU), este tipo de impuestos no han demostrado reducir la obesidad ni modificar de manera significativa los patrones de consumo.