La búsqueda de la paz es el mayor anhelo de la humanidad y la tarea más importante en la agenda nacional e internacional.
La toma de posesión de los ministros, magistrados y jueces electos en la elección judicial, representa un cambio estructural de gran calado en la vida institucional del país; de su probidad y desempeño depende el futuro de la reforma a judicial, el derecho humano y constitucional a la justicia, y la construcción de una cultura de legalidad y de paz para los ciudadanos y sus familias.
El anhelo de paz y de justicia es, con mucho, la aspiración más sentida de los mexicanos. La violencia y la inseguridad que lastima a nuestra sociedad ha generado, en medio del dolor, distintas iniciativas para alcanzar una paz justa y duradera. El Episcopado Mexicano, las universidades y diversas organizaciones sociales, han propuesto una agenda de diálogo para mejorar la seguridad, combatir la impunidad, promover la participación ciudadana y fortalecer a las instituciones responsables de la impartición de justicia.
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Los nuevos integrantes del Poder Judicial han surgido de una elección muy cuestionada, una vez instalados, tienen la oportunidad de alcanzar la legitimidad de gestión en la medida en que asuman plenamente el estado de derecho y de justicia y respondan a las demandas legítimas de la sociedad. Los ministros jueces y magistrados están obligados, por mandato de ley, a acreditar con sus sentencias y con sus actos que se deben a la justicia y no al poder, que son verdaderos guardianes de la constitución, protectores de los derechos fundamentales y de las libertades de los ciudadanos, y garantes de la división de poderes.
Justicia y paz es un binomio inseparable, los nuevos funcionarios pueden contribuir a alcanzar la pacificación del país si cumplen cabalmente con su responsabilidad, si su gestión va más allá de un ejercicio retórico, de rituales o buenos deseos; a los integrantes del tribunal constitucional de nuestro país, les debería quedar muy claro que la agenda de la justicia es concurrente y corresponsable con la agenda de paz.
En cualquier caso, estamos lejos de cumplir el mandato de justicia pronta y expedita, dado el gran rezago -aún indeterminado- que enfrentarán los nuevos ministros y magistrados; adicionalmente, habrá que esperar la asignación de adscripciones, la integración de equipos, acortar la curva de aprendizaje y la adaptación a la nueva normatividad del Poder Judicial federal y locales.
Estando de por medio el derecho de los miles de justiciables que han visto dilatado y negado su acceso a la justicia, no hay espacio para la mezquindad política.
Las fuerzas políticas que estuvieron presentes en la sesión de toma de protesta de los integrantes del Poder Judicial, han expresado su posición y su compromiso de contribuir a alcanzar juntos el estado de justicia y de paz que México exige.
Una paz duradera sólo puede surgir del compromiso de todos con la justicia. En esta nueva etapa, el respeto a la legalidad y la disposición al diálogo franco y honesto entre autoridades y sociedad, será decisivo para alcanzar la anhelada reconciliación nacional.